Ciudad del Este. Agencia Regional.
Diarias denuncias de hechos de violencia intrafamiliar se realizan en el este del país. Un hombre fue detenido anoche a las 20:00 en el km 7 Monday de Presidente Franco tras ser denunciado por un nuevo hecho de maltrato y amenaza a su expareja de nombre R.N.G. (24), ocurrido minutos antes en la vivienda de la mujer.
El aprehendido es Francisco A.V.A. (28), quien se acercó anoche a la casa de quien fuera su pareja y empezó a agredirla verbalmente en tono muy agresivo y amenazante, estando presente los dos niños, hijos de la pareja, según la denuncia realizada ante la Subcomisaría 12ª. El hombre también amenazó con quemar la casa.
El aprehendido ya cuenta con una Orden Judicial N° 713, de fecha 24 de octubre del 2022, del Juzgado de Paz de Presidente Franco, firmada por la jueza Rosa López, que dispone como medida de protección a la víctima la prohibición del denunciado de acercarse al hogar donde reside la víctima.
La misma ya lo había denunciado por violencia familiar y, en esta oportunidad, se ratificó en que estando con esa prohibición, el hombre siguió amenazándola y acercándose a su casa. Cuando el personal policial llegó a la casa donde se encontraba el hombre, intentó huir pasando al inmueble contiguo, pero fue capturado por los policías en ese lugar.
La fiscal Liliana Denice Duarte es quien tiene a su cargo la causa y ordenó que el denunciado sea derivado a la Dirección de Policía de Alto Paraná. La cantidad de casos de incumplimiento de medidas de restricción es muy alta, según datos proveídos por los propios fiscales de violencia contra la mujer y muchos de los hechos graves fueron cometidos en el marco de esas restricciones incumplidas.
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El Dr. Schrodel deja el Hospital Regional y asume como nuevo titular de la X Región Sanitaria de Alto Paraná
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El doctor Federico Schrodel, médico pediatra, dejó más de seis años en la dirección del Hospital Regional de Ciudad del Este, para asumir hoy como nuevo titular de la Décima Región Sanitaria de Alto Paraná, en reemplazo de la doctora Noelia Torres.
Es lo que dispuso el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por Resolución No. 1433, y queda en suspenso la designación del próximo director del hospital. En forma interina queda al frente la doctora Katia Ayala, directora médica del hospital.
El doctor Schrodel asumió el cargo en el Hospital Regional en octubre de 2018 y vivió todo el proceso de resistencia durante la pandemia del Covid con los pabellones de contingencia al tope en el año más crítico dentro de la larga cuarentena.
La medida viene como derivación de una muerte fetal ocurrida en el Hospital Distrital de Pdte. Franco, por la tardanza para la práctica de una intervención quirúrgica, a raíz de la ausencia sin justificación del médico anestesista, quien luego fue desvinculado del sitio.
Ocurrió hace un mes y como consecuencia, el Viceministerio de Salud había anunciado la destitución de la directora del hospital, doctora Marta Sosa, quien presentó renuncia al cargo, antes de ser notificada sobre la medida.
Días después, la ministra de Salud, María Teresa Barán, en reunión realizada en la Gobernación de Alto Paraná, recibió reclamos sobre la gestión de la región sanitaria y desde ese momento se venía hablando del posible cambio en la dirección de la región, que hoy se concretó.
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“Juana María de Lara”: indican que bautizo de MPL muestra recuperación de mujeres
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Mujeres privadas de libertad (MPL) del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres “Juana María de Lara”, de Ciudad del Este (CDE), recibieron el sacramento del bautismo dentro de la Iglesia Católica, en el marco del proceso de recuperación y reinserción de las mismas.
Son nueve las mujeres que se bautizaron ayer miércoles 24 de abril, cuarto día de la pascua de resurrección, que celebra la Iglesia Católica, durante el oficio religioso dentro de la penitenciaría, a cargo de los sacerdotes Ekar (Capellán) y Fermín Carvallo, junto a los catequistas de la Pastoral Penitenciaria.
“Con suma emoción, las MPL vivieron esta preparación con la imaginación puesta en el momento de vestir la túnica blanca, y que se vio reflejada en el rostro de cada una de ellas”, dijo la directora del penal, licenciada Nelcy Centurión.
Informó a La Nación/Nación Media que el acompañamiento espiritual es parte del trabajo integral de atención a las MPL para su recuperación y reinserción social. Indicó que una muestra de ello es que las bautizadas son también trabajadoras en las dos fábricas que funcionan dentro del penal.
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La directora explicó que el proceso no es fácil, es gradual, teniendo en cuenta que muchas son personas rotas desde la niñez, por la violencia a la que fueron sometidas desde la infancia.
“Que vuelvan a creer en algo, es parte de su recuperación y, tanto la fe como la asistencia espiritual las ayuda en ese proceso”, refirió Centurión.
“Tenemos casos, por ejemplo, de personas que ya se sintieron vendiendo drogas en las esquinas, siendo niños, sin saber quiénes son sus padres; personas violentadas por el padre, la pareja, o algún proxeneta. Acompañarlas en su proceso de recuperación dentro del penal implica mucho y la fe ayuda”, refirió la directora.
Asimismo dijo que “las madrinas de las bautizadas son también personas que fueron bautizadas dentro del sistema penal y que tuvieron un proceso similar, pero cada una de ellas experimentó un cambio en su conducta y en su compromiso espiritual que son merecedoras para cumplir con ese rol dentro de la fe”.
La directora informó que cuentan con sacerdotes y pastores evangélicos asistiendo a las MPL en “Juana María de Lara” y son las internas quienes van eligiendo hacia qué orientación se inclinan.
Contó que las filas para el acto de confesión muestran que las mujeres que se amparan en la fe para su recuperación, también convencen a sus demás compañeras a ir acercándose a Dios. En setiembre se prevé el acto de confirmación de 11 mujeres en el Penal “Juana María de Lara”.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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