El influencer mexicano Eduardo Garduño Gutiérrez, alias “El Arte del Nómada”, ingresó al peligroso barrio San Rafael de Ciudad del Este (CDE), con la intención de realizar un acto de solidaridad, pero terminó siendo asaltado y herido. El extranjero fue víctima de una emboscada por parte de un poblador de dicha zona roja y denunció el caso en su perfil de Instagram.

Un joven de nombre David, era el responsable de dar un tour guiado a Garduño por el barrio conocido como el epicentro del contrabando, incluso considerado el “mayor mercado negro” de Latinoamérica. El mexicano publicó una historia de Instagram el domingo por la noche, anunciando que ingresaría al barrio, pero horas más tarde actualizó que fue víctima de una brutal agresión.

Según el relato, David lo atacó con su pandilla, le robaron el celular y lo dejaron con lesiones en la cara y el brazo. En estas condiciones, Garduño acudió al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde le pidieron que haga fila, pero decidió ir a un sanatorio y desde allí hizo reflexiones sobre el perdón y la responsabilidad.

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“Yo no guardo rencor porque Dios me enseña a perdonar, mis lesiones sanarán y al mismo tiempo espero todos aprendamos a perdonar al prójimo”, escribió el extranjero en una historia de Instagram. “Lo material va y viene, pero doy gracias de que estoy bien y nunca, pero nunca cambiará mi percepción de Paraguay”, indicó.

Garduño Gutiérrez, que es propietario de una taquería en Ciudad del Este, señaló que se hace responsable de haber ingreso al peligroso barrio. “Asumo la responsabilidad de mis actos por confiar de más y meterme en esos lugares, espero puedan perdonarme”, manifestó.

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La deserción escolar es una problemática que intenta ser revertida mediante acciones que se desarrollan en seis departamentos del país. La falta de cedulación de los menores sigue siendo un escollo central. Además, la pobreza y la violencia intrafamiliar aparecen entre las barreras a ser derribadas para que los chicos vuelvan a la escuela y puedan tener un futuro mejor.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos Archivo / Gentileza

“Tenemos como meta llegar a unos 30.000 niños este año”, cuenta Sidney Vasconcelos, especialista en educación del Fondo de las Naciones Uni­das para la Infancia (Unicef).

Lo hace precisando los obje­tivos de ¡Vamos a la Escuela!, un programa al que define como “una iniciativa pionera contra la exclusión educa­tiva”, que se puso en marcha en febrero de 2023 tratando de revertir el cuadro de deser­ción escolar que se verifica en el país.

“La idea es regresar a las aulas a los niños que están fuera de la escuela y atender especialmente a los que están con riesgo de abandono”, pre­cisa comentando que desde 2021 “se trabaja en la iden­tificación de los perfiles y las barreras de la exclusión” con el apoyo de Unicef y la fun­dación Educación por Sobre Todo (Education Above All), de Catar.

“Queremos hacer llegar el mensaje de que la educación es un derecho, no se puede normalizar que los niños estén fuera de la educación y la gente tiene que saber que la escuela tiene las puertas abiertas para recibir a los niños. En cualquier momento del año se pueden ir y solicitar la matriculación de sus hijos, tengan o no cédula, esto es fundamental”, asevera.

Para ello apunta que es prio­ritario que las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) de cada localidad y el sistema de justicia colaboren en afirmar este derecho.

Si bien se esperan cifras pre­cisas para determinar cuán­tos niños están fuera de la escuela, se entiende, por el volumen, que el problema debe ser prioritario en la agenda estatal.

“No podría dar un estimativo porque estamos esperando los datos del censo de 2022″, dice cauteloso Vasconcelos. “Hacemos uso de un dato del Instituto Nacional de Esta­dística (INE). Tenemos que hay 10,6 % de los hogares del país con necesidades básicas insatisfechas, que nos ayuda a tener un panorama”, des­cribe.

Sin embargo, un informe con datos anteriores publicado por el Ministerio de Edu­cación y Ciencias (MEC) y el Unicef apuntaba en 2023 que uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años está fuera de la escuela, lo que constituye un uni­verso de aproximadamente 450.000 niñas, niños y ado­lescentes.

Atribuible a razones múlti­ples, la pobreza aparece como el motivo central de la situa­ción. A renglón seguido está la ausencia de programas de asistencia económica e inte­gral que ayuden a la perma­nencia y una baja valoración de la importancia de la edu­cación en los sectores menos favorecidos de la población.

Para revertir la situación, Vas­concelos apunta que ¡Vamos a la Escuela! vino haciendo “acciones sociocomunita­rias y de fortalecimiento en seis departamentos y 28 dis­tritos del país, con lo que asis­timos a más de 23.000 niños, esperando llegar a mediados de este año a 30.000″.

“Lo hacemos apoyando a las comunidades para que pue­dan priorizar el acceso de los niños mediante un proceso de sensibilización y de llegada de información a familias, comunidad, líderes comu­nitarios buscando derribar barreras”, describe recor­dando que la tarea se da en Alto Paraná, Caaguazú, Cen­tral, Concepción, Itapúa y San Pedro.

Si bien el programa no tiene un apoyo económico directo, se trabaja para derivar las familias vulnerables a “pro­yectos sociales existentes por medio de la vinculación entre escuela y el programa Tekoporã para facilitar que familias que no habían acce­dido puedan tener las trans­ferencias porque la pobreza es la principal barrera que identificamos”.

Describe entonces los altos costos complementarios que se dan con la necesidad de “compra de uniformes, el transporte, la alimentación, que hacen que no puedan priorizar la educación de los hijos, principalmente en la primera infancia y la adoles­cencia a partir de los 15 años”, comenta.

Las distancias son otro punto clave en el interior, así como la violencia intrafamiliar, que según expone “requiere de un apoyo a la prevención de violencia, con otros pro­gramas sociales de actuar interinstitucional para que los niños que estamos iden­tificando puedan ser atendi­dos”, señala.

Los niños, niñas y adoles­centes con discapacidad requieren una atención especial, ya que al menos el 10 % del total de la franja etaria está en esa situación. La falta de acceso a servicios y de diagnóstico profesio­nal, limitados entornos de aprendizaje y pedagogías no centradas en el estudiante son algunas de las barreras que contribuyen a la exclu­sión.

Como parte de las activida­des de apoyo, el programa entregó mil computadoras en 175 escuelas “porque si bien sabemos que cada niño aprende a su manera, a su tiempo, el acceso a los recur­sos digitales de aprendizaje es fundamental en este tiempo histórico”, describe Vascon­celos. Lo hace comentando que la tarea fue complemen­tar las instalaciones que ya había hecho el MEC sumando equipos para que los niños puedan acceder a lo digital.

“Una urgencia que tenemos es que los niños aprendan y para ello tenemos que tener a los niños en la escuela”, razona. Los déficits de la enseñanza son otro tema preocupante. “En tercer grado, la mitad de los chicos no podían leer un simple texto antes de la pandemia del coronavirus, así que tenemos que tra­bajar el fortalecimiento de las competencias básicas en lectoescritura y matemá­ticas porque caso contra­rio vamos a estar alimen­tando la reproducción de la pobreza”, señala.

En este sentido, a través del proyecto fueron evaluados más de 50.000 estudiantes del primer, segundo y tercer ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) e identificaron que más de la mitad requiere de un apoyo pedagógico.

Para ayudar en esta tarea, apunta que llegarán a unas 300 escuelas este año. “Bus­cando que los niños se man­tengan en la escuela tenemos 800 nuevos docentes forma­dos, 125 equipos de gestión y deseamos encarar una cam­paña masiva de matricula­ción escolar para que desde cada distrito se pueda vigilar la permanencia de los chicos en las escuelas”, concluye.

La cedulación de los niños sigue siendo un problema importante. “Desafortunada­mente, el sistema tiene barreras adminis­trativas porque no disponer de una cédula de identidad no puede ser un impedimento para que un niño se matricule”, recuerda Vasconcelos.

Reportes de la agencia internacional de 2016 daban cuenta de que “por lo menos un 12 % de los niños no tenían acceso a la cedulación. Esperamos que la situación haya cambiado, en breve tendremos datos actualizados del censo de 2022, pero sabemos que el problema está allí”, dice. “Lo vimos en zonas rurales y en el casco urbano que hay familias ente­ras sin acceso a la cedulación y una persona sin acceso a documentos tiene las puertas cerradas a los derechos”, apunta.

A pesar de ello, insiste en que “la ley dice que sin documento se puede formalizar la matrícula. Así que estamos entrenando a docentes y al entorno educativo para apoyar a la familia para que se pueda inscribir a los niños. Con buen asesoramiento podremos lograr que muchas familias puedan garan­tizar la matrícula de su hijo”, señala.

Representantes del proyecto ¡Vamos a la Escuela! visitaron más de 6.000 hogares durante la campaña con el obje­tivo de identificar a niños y niñas que no asistían a clases y lograr su vuelta a las aulas.

Además, de acuerdo al currículo nacional, el proyecto evaluó a más de 50.000 estudiantes en las competencias funda­mentales de comunica­ción y matemáticas, capa­citó a 1.200 docentes en prácticas innovadoras e inclusivas de enseñanza y aprendizaje, así como logró que 175 institucio­nes educativas imple­menten estrategias para hacer frente a la exclusión educativa.

Asimismo, más de 500 voluntarios apoyaron el proyecto participando de actividades pedagógicas y comunitarias, dedi­cando su tiempo, conoci­mientos y esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de miles de niños y niñas.

Para junio de 2025, el objetivo del proyecto es que 30.000 niños y niñas sean beneficiados de manera directa, por medio de las acciones de ámbito sociopedagó­gico, en los departamen­tos seleccionados.

A nivel local, el proyecto ¡Vamos a la Escuela! cuenta con el apoyo de la Fundación Alda y Global Infancia, que implemen­tan acciones para apoyar la identificación, matri­culación, permanencia y el aprendizaje de niños y niñas en el Paraguay.

Dos hombres quedaron detenidos tras el allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio 23 de octubre de Ciudad del Este realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). En el lugar fueron halladas varias dosis de diversos tipos de estupefacientes.

La vivienda funcionaría como punto de venta y distribución de diversas drogas en la zona. En el sitio se incautaron de un total de 48 dosis de cocaína, varias porciones de crack que equivaldrían a 154 dosis en el mercado y 17 gramos de marihuana distribuidos en 3 dosis, además de dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos.

Durante el procedimiento fueron detenidos Sergio Ramón Torres Espínola, de 30 años, quien cuenta con antecedentes por robo agravado y quien sería el propietario de la vivienda. En compañía del mismo se encontraba Pedro Fernando Ularte Villalba, de 26 años, ambos sindicados por la venta de droga.

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Según las informaciones recabadas por los intervinientes, en este punto el flujo de droga era constante debido a que toda la droga que llegaba hasta el lugar era rápidamente revendida a terceros, por lo que se resaltó la eliminación de un importante foco de venta de drogas en la zona. Tanto los detenidos como las evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público.

Desde la Senad se encuentran reforzando los trabajos de inteligencia en diversas zonas del país, en especial dentro de ciudades fronterizas, donde el control del paso de drogas es uno de los puntos claves para así cortar las rutas de abastecimiento de los diferentes puntos de redistribución del microtráfico a nivel local.

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El ministro de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat, Juan Car­los Baruja, verificó el avance de las obras de 160 viviendas construidas en el barrio Aca­ray, de Ciudad del Este, Alto Paraná, que fueron finan­ciadas por la Itaipú Binacio­nal. Las construcciones se encuentran con un avance del 45 %, y el ministro destacó el trabajo interinstitucional para este proyecto. “Desde el gobierno del presidente San­tiago Peña, seguimos traba­jando para que más fami­lias estén mejor”, expresó el secretario de Estado a través de su cuenta de X.

El ministro recorrió las obras con el acompañamiento de autoridades locales, el direc­tor de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún; la dipu­tada Rocío Abed; y el conce­jal Ernesto Guerín. Desde la institución, se afirma que “además de mejorar la calidad de vida de las familias, estas obras generan empleo directo e indirecto, dinamizando la economía local y brindando oportunidades a los poblado­res de la zona”.

Para el departamento de Alto Paraná, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábi­tat (MUVH) y la Itaipú Bina­cional firmaron un convenio con la proyección de cons­truir 300 viviendas sociales para familias en situación de vulnerabilidad.