La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con la cooperación de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), asestó un duro golpe al narcotráfico, tras la culminación del operativo denominado “Jejui”, con la incautación y destrucción de 137 mil kilos de marihuana, equivalentes a unos USD 10 millones. Los procedimientos se desarrollaron durante cinco días en la localidad de Maracaná, del departamento de Canindeyú, según el Canal GEN/Nación Media.

El titular de la Senad, Jalil Rachid, explicó que el operativo se realizó en una zona de alta productividad mecanizada, en donde se siembran grandes cultivos de maíz y tabaco, mezclados con marihuana. Refirió que en el lugar se observó una alta inversión millonaria de los financistas.

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El periodista Juan Alcaraz reportó que la droga, una vez ingresada al Brasil, su valor asciende a unos USD 50 millones, lo que se consideraría como una mega incautación.

La estrategia de los narcos ahora es mimetizar la producción de la marihuana a través de otro tipo de productos como el maíz. “Así es que fueron descubiertas las 109 hectáreas de la producción mecanizada de marihuana mezclada con producción de maíz”, informó.

El ministro Rachid explicó que el operativo fue denominado como Jejuí, porque la zona es colindante con el río Jejuí, por donde la droga es transportada hacia el vecino país.

Es de recordar que en la semana pasada, en el lugar conocido como Yvy Pytã, fueron asesinadas tres personas, quienes realizaban labores en el procesamiento de la hierba maldita, para su posterior empaquetado y su envío a distintos puntos fronterizos con el río Paraná, lo que conecta con ciudades del estado de Paraná (Brasil) y otros estados.

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El presidente de la República, Santiago Peña, participó del acto de graduación de 150 nuevos efectivos de la Policía Nacional, sumando así a sus filas en el marco del fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. El mandatario reafirmó su compromiso con la seguridad, desde la preparación al servicio que debe ser brindado a la ciudadanía.

“Venimos a reafirmar nuestro compromiso, reafirmar nuestro trabajo, de fortalecer a la Policía Nacional en todos sus niveles, tanto en capital humano, como en formación, en equipamiento y tecnología, para que los paraguayos cada vez más nos sintamos más seguros”, expresó el presidente de la República en su alocución.

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Mientras tanto, aseguró que aún queda mucho trabajo por delante a fin de dar todas las herramientas y la formación de las filas policiales, para que esta pueda brindar la seguridad a toda la ciudadanía.

“Tenemos todavía un camino largo que nos permita decir que estamos satisfechos, yo tengo un sentimiento de gratitud, de compromiso, de entusiasmo, pero todavía el saber que tenemos un largo camino por delante, todavía tenemos grandes deudas que cumplir con nuestro pueblo y estoy convencido de que trabajando todos juntos vamos a cumplir con todos y cada uno de esos desafíos”, manifestó.

Por otra parte, el mandatario destacó el exitoso trabajo realizado por la Policía Nacional y las instituciones involucradas en el desarrollo de lo que fue el evento deportivo, la final de la Copa Sudamericana, en Asunción.

“He hablado en reiteradas oportunidades del valor que tiene la seguridad, y creo que lo que hemos vivido el último fin de semana con un evento deportivo de una magnitud continental, haber recibido a 50 mil visitantes, que llegaron hasta la ciudad de Asunción en un lapso de 48 horas, creo que es el reflejo de ese compromiso que tiene Paraguay con la seguridad y lo que esto representa para el desarrollo de la Nación”, resaltó.

Indicó que además que, Paraguay tiene la capacidad de recibir a turistas de manera masiva, y que el evento del pasado fin de semana es una demostración de la importancia de la seguridad para el desarrollo.

“El fin de semana hemos sido testigos de un evento deportivo que va mucho más allá que simplemente un partido de fútbol. Desde la recepción, la organización, pero principalmente la seguridad que se le dio a los visitantes, pero también a los paraguayos. Nuestro compromiso desde el Gobierno de Paraguay con el fortalecimiento de la Policía Nacional, no solamente en presencia, nuestro compromiso va mucho más allá que las palabras”, sentenció.

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El jefe de antimotines de la Policía Nacional, Enrique Martínez, confirmó que ya se identificó al agente del Grupo Lince que habría agredido a un hincha del club Olimpia. Lamentó lo ocurrido y señaló que la propia Comandancia aplicó una sanción de 48 horas de arresto disciplinario al acusado, que deberá cumplirlo en la unidad de servicio. El suboficial segundo Christian Cabral es el escopetero que le dio la golpiza al aficionado franjeado.

“En primer lugar realmente siento vergüenza ajena porque nosotros desde el comando institucional pregonamos que trabajemos con profesionalismo. Y esto embarró el buen trabajo y la buena imagen que estábamos teniendo a nivel nacional e internacional”, dijo a la 780 AM.

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El comisario principal Martínez destacó la buena imagen que arrojó la cobertura durante dos grandes eventos deportivos celebrados recientemente: el partido entre Paraguay y Argentina y la final de la Copa Sudamericana.

“De hecho que nosotros ya tomamos medidas, ya le individualizamos a este personal y está ya a disposición de Asuntos Internos. Y de mi parte como jefe de Agrupación ya le aplicamos la sanción disciplinaria de 48 horas de arresto a priori”, manifestó.

Aseveró que con la medida se busca emitir un mensaje ejemplificador a quienes cometan abusos de este tipo. “Esto va a servir de ejemplo también para todo el personal que no se ajuste a ciertas normativas. Porque nosotros tenemos que desechar ya este tema de la Policía de épocas anteriores en donde se pasaba dando golpes”, mencionó.

Dijo que la Policía tiene que evolucionar como institución y actuar acorde a las normativas y a lo que la sociedad quiere y necesita. “Entonces, nosotros ya tomamos cartas en el asunto y este personal va a ser sancionado drásticamente y que también sirva de ejemplo para los demás”, remarcó.

Los antecedentes del caso serán remitidos al departamento de Asuntos Internos que someterá a consideración de su equipo jurídico para disponer otras medidas administrativas para el personal policial denunciado.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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