Los supuestos autores del hecho fueron identificados como Marcelo Fretes Laterra y Héctor Grau Arroyo, quienes están con prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú. Foto: Archivo.
Abogado sostiene que Fretes participó en la agresión a Benjamín Zapag
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El abogado Ricardo Preda, defensa de Benjamín Zapag, señaló este jueves que el joven Marcelo Fretes participó en la agresión y cuestionó a sus familiares por alegar que solamente “le gritó” a su defendido. El hecho ocurrió en una discoteca de Asunción.
“Yo he visto en muchos lugares que la familia de Fretes pretende minimizar la cuestión diciendo que él solamente gritó, pero la cuestión está en si ese grito formaba parte de un acuerdo para terminar en lo que terminó, es decir, que Benjamín se quede y que el otro le golpee, y eso se llama coautoría”, dijo el profesional del derecho en comunicación con radio 1000 AM.
Sostuvo que como abogado defensor se opuso a la apelación de los abogados del joven Marcelo Fretes y ahora se está esperando la resolución del Tribunal. El sindicado como uno de los presuntos autores de la brutal agresión actualmente se encuentra con prisión preventiva.
Mencionó que Fretes se interpuso a Zapag cuando salía del baño del local gritándole en la cara, y cuando reaccionó para pedir explicación, el otro supuesto agresor, Héctor Grau, procedió directamente a golpearlo, causando importantes lesiones a su defendido y tuvo que ser sometido a cirugía.
“Estaban a jugando el popular hakembo a golpes en la cara y eso creemos nosotros que generó un estado de violencia en los jóvenes. El Juzgado considera que hay una hipótesis de posible coautoría entre Fretes y Grau. Hay que determinar si la conducta de Fretes derivó o no en la agresión a Benjamín”, agregó.
Los supuestos autores del hecho fueron identificados como Marcelo Fretes Laterra y Héctor Grau Arroyo, quienes ya fueron imputados y están con prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú. La brutal golpiza ocurrió en la discoteca Morgan de Asunción.
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
El abogado Ricardo Preda explicó sobre el proceso de las intervenciones municipales. Foto: Archivo
La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
Itapúa: cortan dedo a joven con trastorno mental que agredió a una mujer
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En la localidad de San Pedro del Paraná (Itapúa), un joven con trastorno mental fue encontrado totalmente ensangrentado y sin un dedo de la mano, horas después de que haya huido tras arrojar una piedra a una mujer. El caso es investigado por la Fiscalía quien asume que este hecho fue por venganza.
Según el reporte policial, el hecho se registró ayer viernes, cuando una mujer identificada como Zoraida Cubilla, de 43 años, fue a de compras a una verdulería en el barrio San Francisco y fue herida con una pedrada que la dejó inconsciente. Se constató que presentaba un traumatismo de cráneo en la región parietal occipital izquierdo.
Este proyectil fue arrojado por Dante Ramón González, de 26 años, quien tiene problemas mentales. El joven fue identificado por testigos, quienes lo conocen en la zona y, cuando la mujer fue auxiliada, los pobladores brindaron los datos del supuesto autor, pero no sospechaban lo que pasaría después: se reportó que el joven fue brutalmente agredido y mutilado.
Según la madre de la víctima, éste fue interceptado por dos hombres que bajaron de una camioneta de la marca Toyota y que portaban armas blancas. Una de estas personas le realizó cortes en la cabeza y manos, amputándole el dedo meñique de la mano derecha.
Tanto la víctima de la pedrada como el joven agredido fueron asistidos por los bomberos voluntarios y permanecen internados en la urgencia del Hospital Regional de Encarnación. El caso pasó a manos del fiscal Rolando Ortega, quien está investigando en que circunstancias ocurrió el hecho y buscará dar con el paradero de los agresores del joven.
No hay margen de dudas sobre la facultad de la Contraloría para pedir intervenciones, sostiene Preda
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El abogado penalista, Ricardo Preda, dejó en claro que la Contraloría General de la República (CGR), tiene facultades constitucionales para pedir la intervención al Poder Ejecutivo, a las municipalidades, cuando existen indicios de hechos punibles, sostenidos en dictámenes elaborados por esta institución.
“El artículo n.° 2 de la ley n.° 317/1994 por lo menos deja sin lugar a dudas de que la Contraloría tiene la facultad de solicitar al Poder Ejecutivo que inicie ese trámite, lo que no quiere decir que esta institución defina que se va a hacer esa intervención o no, ahí va a intervenir el Ministerio del Interior y luego va a necesitar el acuerdo de la Cámara de Diputados", explicó.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el abogado recordó que las intervenciones tienen un componente político, dado que la Cámara Baja debe aprobar dicha solicitud, no obstante eso no cambia el hecho de que el ente contralor pueda hacer esa solicitud, independientemente de lo que se resuelva en los otros estamentos.
El artículo n.° 165 de la Constitución Nacional establece que los gobiernos municipales y departamentales pueden ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Diputados, también en casos de solicitud de la Junta Municipal o de desintegración de la misma, la tercera opción es por graves irregularidades con previo dictamen de la Contraloría General de la República.
“La reglamentación de ese artículo, es la ley n.° 317 de 1994 y en su artículo n.° 2 aborda los casos de intervención, que incluyen los hechos señalados directamente por la Contraloría con dictamen y a solicitud de esta, es decir, le da la facultad a la Contraloría de solicitar la intervención, obviamente luego hay otros trámites que se deben seguir, pero de que la Contraloría puede solicitar, sí lo puede", recalcó.
Las aclaraciones de Preda se dan en medio del reciente pedido de la Contraloría, anunciado por el propio contralor Camilo Benítez, a intervenir las municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este ante indicios de hechos punibles. Todo esto luego de una investigación llevada a cabo por la mencionada institución y la emisión de dictámenes al respecto.
Acusan a Chris Brown de arrojar botella y golpear a productor en una discoteca
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Londres, Reino Unido. AFP.
El cantante estadounidense Chris Brown fue detenido el jueves pasado en Mánchester y acusado de “lesiones graves” por presunta agresión a un productor musical en una discoteca de Londres en 2023, informó la policía de la capital británica. La estrella de R&B y expareja de Rihanna, con un importante historial de acusaciones por violencia, fue arrestado el jueves de madrugada en un hotel de la ciudad del noroeste de Inglaterra y se encuentra bajo custodia.
El viernes tendrá que comparecer a las 10:00 locales (9:00 GMT) ante un tribunal de Mánchester, explicó la Policía Metropolitana en un comunicado. Está inculpado de “lesiones graves intencionadas” vinculadas a “una agresión, que habría tenido lugar en un local de Hanover Square de Londres el 19 de febrero de 2023”, agregó.
Según el tabloide The Sun, Chris Brown fue acusado por el productor musical Abe Diaw de haberlo atacado esa noche en la discoteca Tape, en esa plaza situada en el exclusivo barrio de Mayfair del centro de Londres. El artista habría supuestamente lanzado una botella a la cabeza del productor y lo habría golpeado mientras estaba en el suelo.
El cantante, que inició su carrera en los años 2000 y ha vendido decenas de millones de discos en todo el mundo, se encontraba entonces de gira en Reino Unido. Chris Brown tiene previsto comenzar el mes que viene una nueva gira mundial, con cerca de diez conciertos programados en junio y julio en Reino Unido.
El cantante ha sido objeto de numerosas acusaciones por actos violentos en el pasado. Por ejemplo, fue declarado culpable de haber golpeado a Rihanna, quien entonces era su novia, antes de los premios Grammy de 2009. Aquel incidente obligó a la cantante, superestrella del pop, a ausentarse de la gala anual de la industria musical.
En 2012 participó en un altercado en una discoteca con el cantante canadiense Drake en el que resultó herido la estrella del baloncesto francés Tony Parker. Unos años más tarde se declaró culpable de agredir a un seguidor en Washington en 2014. A principios de 2025, el cantante presentó una demanda de 500 millones de dólares contra Warner Bros. Discovery y otras compañías por considerar que realizaron un “documental difamatorio” sobre su persona.
El documental “Chris Brown: A History of Violence”, transmitido el 27 de octubre de 2024, en el canal Investigation Discovery de ese conglomerado mediático, rastrea las denuncias presentadas contra el cantante de R&B estadounidense a lo largo de los años. Los abogados de Brown alegaron en la demanda que en el documental se acusa a su cliente de “actos atroces, incluida la agresión sexual” y se hizo una manipulación de pruebas que fueron desacreditadas en los tribunales y descartadas por carácter infundado.