Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una mujer es investigada por la agente fiscal Julia González y la imputó por abuso sexual, proxenetismo y violación del deber del cuidado de su hija menor de edad. El abuso sexual habría sido cometido de manera sistemática y la madre también la habría inducido a la prostitución.

La imputada, de 32 años, se encuentra recluida en la Comisaría de Mujeres, con asiento en el predio de la Dirección de Policía de Alto Paraná. La adolescente tiene hoy 15 años, pero los abusos sexuales ya las venía sufriendo, según la denuncia investigada por la fiscal Julia González.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, los hechos, habrían ocurrido de manera reiterada en la vivienda familiar de uno de los barrios de Ciudad del Este. La mujer habría manoseado a su hija desde que tenía 12 años.

También se la menciona a la mujer como responsable de haber ofrecido a la ahora adolescente, de 15 años, para mantener relaciones sexuales con un hombre, a cambio de dinero. En una ocasión, la adolescente fue trasladada a una vivienda de Presidente Franco para consumar el sometimiento sexual.

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La Fiscalía Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes n.º 2 de Alto Paraná sostiene que, “la mujer no solo cometió los hechos de abuso sexual y proxenetismo, sino que también incumplió gravemente su deber de proteger y cuidar a su hija biológica”.

De acuerdo con los datos recabados por la agente fiscal, la menor era dejada sola en la vivienda, sin alimentos, lo que la obligaba a pedir comida a los vecinos. Fue una vecina quien la llevó a un dispensario médico porque la adolescente sentía molestias en su parte íntima.

En el citado dispensario, la víctima contó a una médica sobre los abusos sufridos. El personal de salud dio a conocer el caso a la Consejería de la Niñez y Adolescencia (Codeni), que luego comunicó a la Fiscalía.

Considerando la gravedad de los hechos imputados y la alta expectativa de pena carcelaria, la fiscal Julia González, solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva de la mujer.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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Cuatro casas ubicadas en el barrio San Jorge de la ciudad de San Antonio fueron completamente consumidas por las llamas en cuestión de minutos, luego de que un incendio se iniciara en una de ellas. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales que lamentar.

Según el informe de los bomberos voluntarios que llegaron al lugar rápidamente tras ser llamados por los vecinos temerosos de que el fuego se extienda a más viviendas, la causa del incendio habría sido las conexiones clandestinas que provenían de electricidad a las casas y que habrían generado un cortocircuito.

Los mismos destacaron que tras el inicio de las llamas en la primera vivienda, las mismas se extendieron rápidamente hacia las demás debido a los fuertes vientos que se daban en ese horario de la mañana y por los acelerantes de madera y plástico que había en el sitio, ya que se trataría de una zona de recicladores.

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Una vez apagado el incendio, los voluntarios comenzaron con el enfriamiento de los restos que quedaron en el lugar y luego levantaron las chapas y maderas sobrantes, esto para evitar cualquier tipo de accidentes, teniendo en cuenta que es un barrio con una alta cantidad de niños.

Por su parte, el capitán de bomberos, César Giménez, quien lideró la intervención, dio algunas recomendaciones estando en conversación con el canal de noticias NPY, destacando la importancia de que la ciudadanía tenga cuidado con las instalaciones eléctricas y las mantenga en buen estado, debido a que las altas temperaturas también propician que estas fallen y generen cortocircuitos y finalmente principios de incendios o hasta incendios.

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Luego de 24 años, llegó al Paraguay este jueves una compatriota que quedó en el Líbano con su padre y que durante todo ese tiempo nunca volvió a ver a su madre de nacionalidad paraguaya. Ante los conflictos que se reportan en Medio Oriente, se realizó el pedido de repatriación y hoy llegó junto con su hija.

Se trata del caso Aziza hija de Marta Andino, una mujer que hace 24 años vio por última vez a su pequeña hija, luego de una disputa con el padre. Este último las había secuestrado mientras estaban en el Líbano y desde aquella vez perdió contacto con su familia. Hoy, miércoles, se dio un emotivo reencuentro entre las dos mujeres.

“Ella acaba de llegar del Líbano, es Aziza una joven de 27 años, que había sido secuestrada por su padre y se dio el encuentro luego de 24 años. Esta joven llegó con su hija pequeña y pudo reencontrarse con su madre”, dijo la doctora Adela Margarita Paiva, gestora para la repatriación, en entrevista con La Nación/Nación Media.

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Explicó que las gestiones para la llegada de la mujer se iniciaron hace dos meses y que en la fecha se pudo concretar. Hace dos meses la señora Marta recibió un mensaje de su hija y le comentó que su padre las abandonó, que quería poder reencontrarse con su madre como su familia.

“Hoy, después de más de 20 años, una madre puede ver a su hija. Estuve tocando puertas de varias instituciones y así llegué al objetivo”, apuntó. Sin embargo, desde el 2003, cuando Aziza junto con su hermana quedaron en el Líbano y su madre fue deportada, iniciaron estos trámites y durante todo ese tiempo no tuvieron respuesta.

Atendiendo al conflicto que se registra en el Líbano y luego de que una bomba cayera en el edificio donde vivía la joven junto con su hija, decidió que era hora de volver al Paraguay y contactó con su madre. “Hay más compatriotas que deben venir. La guerra en medio oriente es devastadora y el Líbano es el más afectado”, puntualizó.

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