Tres hombres con cara cubierta y armados asaltaron un comercio y una farmacia en la ciudad de Capiatá. Tras el hecho, efectivos policiales iniciaron una persecución con balacera, la cual culminó en la ciudad de Itauguá.

En imágenes de circuito cerrado se puede observar cómo los sujetos ingresan y con suma violencia se dirigen hasta donde se encontraba la cajera del lugar, quien fue amenazada para abrir la caja registradora.

Luego del asalto, los funcionarios alertaron a policías, quienes llegaron hasta el sitio y comenzaron una persecución. Los malvivientes abrieron fuego contra los agentes y estos respondieron.

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Llegando a la ciudad de Itauguá, los intervinientes lograron detener el automóvil y solo encontraron al conductor, mientras que se presume que los otros dos asaltantes habrían huido a pie. Según las víctimas, los desconocidos se habrían alzado con más de 1.500.000 guaraníes, además de teléfonos celulares de los trabajadores.

“El conductor del automóvil fue detenido con numerosas evidencias. Se incautó un arma de fuego, uniformes policiales y el automóvil”, mencionó el comisario Juan Pereira, jefe del Departamento de Automotores en conversación con canal Trece.

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El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.

Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.

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La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Los hechos imputados a los involucrados incluyen :

• alteración de datos
• acceso indebido a sistemas informáticos
• alteración de datos relevantes para la prueba
• lavado de activos

La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.

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Luego de un trabajo de inteligencia y seguimiento, agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ejecutaron un operativo en el barrio Itá Pytã Punta de la ciudad de Asunción, donde lograron detener a un hombre que sería líder de una barra brava organizada y encargado de la distribución de drogas en la mencionada ciudad y zonas aledañas.

El detenido fue identificado como Cristian Morínigo Ojeda, alias “La Gorda”, referente principal de la barra brava “La Plaza”. El mismo habría sido identificado como jefe de una organización criminal dedicada al microtráfico de drogas en al menos 40 barrios de la capital y zonas aledañas.

El lugar que fue allanado por los intervinientes sería utilizado como punto central para el acopio de las drogas previo a la distribución. Del mismo fueron incautadas dos armas de fuego y proyectiles, dinero en efectivo en diferentes denominaciones, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

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Según las informaciones brindadas por los intervinientes, el ahora detenido lideraba una estructura jerárquica compuesta por aproximadamente 2.000 integrantes, con jefes zonales que respondían directamente a su mando. Se estima que hasta el 50 % de las drogas que circulaban en Asunción provenían de esta red.

La investigación arrojó que los barrios con mayor presencia de esta organización son Santa Ana, Roberto L. Pettit, Tacumbú, San Pablo, San Vicente, Loma Pytã, Republicano, Barrio Jara, Ita Pytã Punta y Fernando de la Mora zona Sur, sectores donde el microtráfico avanza junto con dinámicas violentas que afectan la convivencia y la salud pública.

Así también se pudo constatar que este hombre tendría vínculos con otras barras bravas, inclusive de clubes rivales, donde lograba comercializar y generar tráfico de las drogas a través de una red de distribuidores.

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El abogado José Fernández Zacur, experto en derecho penal económico y lavado de dinero, opinó sobre la investigación del perio­dista argentino Luis Gasu­lla, publicada en el por­tal PeriodismoyPunto, que expuso las presuntas cuen­tas bancarias ocultas del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).

“Seychelles ya no tiene el nivel de opacidad bancaria que tenía. Ya tienen sancio­nada una ley de asistencia jurídica mutua en materia penal que les obliga a contes­tar pedidos de asistencia de cooperación penal interna­cional, particularmente en materia de cuentas banca­rias, contenidos, saldos movi­mientos. Esta es una legisla­ción interna de Seychelles”, indicó Fernández Zacur en una entrevista con el pro­grama “La caja negra”, emi­tido por Unicanal.

El informe publicado en el portal de PeriodismoyPunto, por el periodista Luis Gasulla, mediante datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a documenta­ción bancaria internacional, refiere que Abdo Benítez y López Moreira habrían ocul­taron la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión.

CONVENCIÓN DE PALERMO

“Seychelles también está adherido desde hace un buen tiempo a la Conven­ción de Palermo contra el crimen organizado interna­cional de Naciones Unidas contra la corrupción. Ya no es aquel paraíso opaco de otros tiempos. Tienen por adopción de normas inter­nacionales y vigencias de normas internas la obliga­ción de contestar solicitu­des de asistencia interna­cional”, reiteró el experto en leyes.

El abogado detalló que, de generarse una investiga­ción por parte del Ministe­rio Público, la institución podrá requerir informacio­nes vía exhorto. “Esta sería una buena opción, por la ley propia de Seychelles que mencioné, se puede hacer directamente por Cancille­ría. Si no contestan por esta vía se recurre a otra, uno va acomodando su investiga­ción en base a las contingen­cias que va teniendo”, dijo.

“Esto no solamente puede ser interés del Paraguay, también puede ser de otras jurisdiccio­nes. Los ciudadanos estamos interesados en saber si existe ese dinero y en caso de que exista, saber si vienen de valo­res que son de todos”, refirió Fernández Zacur.