El presidente de Chile, Gabriel Boric, enfrenta una denuncia por el presunto acoso sexual a una mujer hace 10 años, lo que él niega “categóricamente”, según reveló su defensa la noche de ayer lunes.

"El presidente (...) rechaza y desmiente categóricamente la denuncia" de un supuesto hecho ocurrido en 2013, cuando tenía 27 años y había recién terminado sus estudios de Derecho, señaló el abogado Jonatan Valenzuela en un comunicado.

La denuncia fue presentada el pasado 6 de septiembre en la Fiscalía regional de Magallanes, en el extremo sur de Chile, de donde es oriundo Boric. El jefe del Ministerio Público de la zona, Cristián Crisosto, confirmó que "existe una causa penal relativa a los hechos que se indican".

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Un equipo especial del Ministerio Público está a cargo de la investigación, sostuvo el fiscal Crisosto, quien se abstuvo de dar más detalles del caso bajo reserva. Según la defensa del presidente chileno, de 38 años, la denuncia fue presentada por una mujer que en la época le hizo llegar a Boric 25 correos electrónicos, uno de ellos con imágenes explícitas, un envío "no solicitado ni consentido".

Diez años después, la mujer "presentó una denuncia sin fundamento alguno, contra el ya presidente Gabriel Boric". "Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde julio de 2014", añadió Valenzuela.

Boric, quien en 2026 completará su mandato de cuatro años sin derecho a reelección, cuenta con un fuero especial y, para ser investigado, la justicia antes debe aprobar un juicio de desafuero.

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El caso en contra de Boric se conoce en momentos en que su gobierno enfrenta un escándalo por las acusaciones de abuso sexual y violación que pesan en contra del ex hombre fuerte del gobierno en materia de seguridad, Manuel Monsalve, en prisión preventiva desde hace una semana.

En la campaña para su elección en 2021, Boric fue señalado por otro supuesto acoso sexual que también negó en su momento. La denuncia jamás llegó a ser investigada penalmente.

Fuente: AFP

Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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Por Sara Valenzuela (sara.valenzuela@nacionmedia.com)

La violencia contra la mujer en las últimas décadas se ha convertido en una de las problemáticas protagonistas en el escenario social a nivel internacional. Ningún país queda exento de esta situación, que a su vez, afecta a toda clase social y raza, volviéndose así una situación de la cual muy pocas mujeres en el mundo han podido escapar.

Hoy, 25 de noviembre, se conmemora a nivel internacional el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como desde hace 25 años cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró esta fecha. De esta manera se unió así a la conmemoración que ya se daba en Latinoamérica desde 1981 en honor a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960.

Según los datos actuales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se calcula que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Solo en el 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron en manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos.

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En Paraguay la situación no es menos alarmante, ya que según los datos oficiales del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, en el capítulo de Violencia contra la Mujer, hasta la fecha se registran 27 víctimas de feminicidio en Paraguay. Hay 26 causas abiertas, además de registrarse otras 40 víctimas de tentativas de feminicidio.

“Hoy, a octubre del 2024, estamos cerrando los reportes con 30.000 casos de violencia familiar; eso implica a 100 mujeres por día, pero ocurre que también existen otros hechos punibles contra la mujer que son reportados como el de coacción, trata, exhibicionismos, proxenetismo, que son como 20 a 30 denuncias al día. Entonces estamos hablando de aproximadamente 130 mujeres por día que realizan denuncias de violencia”, indicó Élida Favole, encargada de la oficina técnica de género del Ministerio Público en conversación con La Nación/Nación Media.

Explicó que el número de denuncias se ha incrementado exponencialmente desde el 2006, tras la instauración de campañas de comunicación en busca de la prevención de los hechos de violencia contra las mujeres. En aquel entonces solo se reportaron 10 casos al mes de violencia contra la mujer, era en gran parte porque no se realizaban las denuncias y los hechos pasaban por alto en la sociedad.

“Los hechos de violencia son minimizados por la ciudadanía en general y, sin embargo, son hechos complejos y que tienen que ver con la conducta de las personas y deben ser analizados, por lo que, es clave contar con más unidades especializadas para actuar en consecuencia a la envergadura de estas causas, ya que se necesita un protocolo especial de actuación”, remarcó Favole.

Explicó que cuando se da la actuación fiscal, no solo se necesita del trabajo del agente del Ministerio Público sino que también de los psicólogos y médicos forenses que ayuden a determinar la magnitud de la situación y saber con certeza la afectación real de la víctima. No solo se necesitan más unidades fiscales especializadas, sino que también profesionales de blanco que acompañen esta tarea interdisciplinaria.

Remarcó que el hecho de que el sistema se vea saturado por momentos, no implica que se deba de dar un retroceso en el esquema de trabajo, sino que, por el contrario, la estructura debe de adecuarse a las nuevas necesidades, cosa que actualmente no se da más que nada por la falta de presupuestos y no por una falta de voluntad del ente.

“Nosotros siempre recomendamos lo siguiente, si bien hay múltiples canales de denuncias que son opciones que el sistema le brinda a la víctima, siempre se recomienda que si la mujer está en situación de emergencia por violencia, donde está siendo atacada o peligra su integridad, acuda directo a la comisaría. Porque la mayor cobertura de la policía y más rápido podrán auxiliarla antes que llegar hasta una unidad fiscal que de por ahí le queda lejos de donde está”, indicó Elida Favole.

“Estamos hablando de vidas y familias enteras detrás de hechos de violencia y eso es lo primero que hay que entender cuando hablamos de la violencia hacia una mujer”, comentó la ministra de la mujer Cynthia Figueredo, en conversación con La Nación / Nación Media. Se refirió que la cartera a su cargo y los trabajos que han abordado en el marco de la violencia contra la mujer en el país.

Remarcó que uno de los principales puntos sobre los que se encuentran trabajando desde el ministerio es el de la prevención de los hechos, ya que el objetivo es que los actos de violencia contra la mujer sean erradicados y lograr ese cambio solo es posible a partir de un fuerte trabajo a nivel sociocultural.

Figueredo explicó que desde la cartera son conscientes de esto y en lo que va del año ya han logrado llegar a aproximadamente 10.000 personas gracias a talleres organizados a través de las gobernaciones, municipios, escuelas, colegios y otros entornos donde se enfocan en identificar los tipos de violencia y concienciar respecto al relacionamiento respetuoso desde el inicio de las relaciones.

“Pusimos mucho énfasis en el programa noviazgo sin violencia que va dirigido a jóvenes para que de manera temprana ellos puedan darse cuenta de las señales de violencia que se puedan ir dando. También nos dimos cuenta de que como la violencia y los hechos de violencia en esta década aumentaron y es generacional, teníamos que hablar con los adultos a quienes dirigimos charlas más maduras y enfocadas a relaciones de mucho tiempo de manera a poder identificar los signos de violencia”, especificó la ministra de la Mujer.

Destacó que este tipo de espacios son fundamentales para que las personas se den cuenta de cómo se ve o experimenta la violencia, ya que en muchas ocasiones las personas que la sufren no la saben identificar y sin percatarse ya se encuentran en un ciclo de violencia, pero como en la mayoría de los casos los hechos son romanizados.

Respecto al trabajo que realizan desde la cartera de la Muje,r sobre herramientas para agilizar las actuaciones interinstitucionales en casos de violencia contra la mujer, la ministra Cynthia Figueredo comentó que durante este año han preparado un software que trabajará a partir de una página web de acceso ciudadano, donde se podrá no solo realizar las denuncias, sino monitorear el progreso de las mismas.

“Esta va a ser una herramienta para las instituciones públicas que están en la ruta directa de las denuncias ¿por qué?, porque la denuncia va a estar en tiempo real, nosotros como ente rector vamos a poder observar si es que ingresa una denuncia y si luego de seis horas aún no va a la fiscalía, o la denuncia que está en la fiscalía tiene un plazo de investigación, en qué estado está esa investigación e inclusive eso nos dará a nosotros la mirada con datos estadísticos de los casos”, comentó Figueredo.

Con esta herramienta, que pretende ser lanzada a finales de este año, se espera poder contar con mayor control sobre las denuncias y brindar una red de apoyo mucho más amplia y segura para las mujeres que sufren de violencia en nuestro país y toman la decisión de abandonar este estado de violación constante de sus derechos.

Las formas de violencia contra la mujer pueden ser diversas, tanto físicas, sexuales o psicológicas e incluyen este tipo de escenarios:

• Violencia por parte de una pareja (maltrato físico y psicológico, violación conyugal, femicidio).
• Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y cibernético).
• Trata de personas (esclavitud, explotación sexual)
• Mutilación genital.
• Matrimonio infantil.

“A todas las mujeres que están en ese ciclo de violencia, en primer lugar tenderles la mano y que sepan que desde el ministerio de la mujer van a encontrar esa contención, esa ayuda, que esas mujeres que están en esa situación sepan que no están solas y que utilicen los canales correspondientes y por sobre todo que se animen a pedir ayuda, y para la ciudadanía en general tanto hombre como mujeres que no normalicemos la violencia”, ministra de la mujer Cynthia Figueredo.

“Creo que lo más importante es instar a las personas del entorno de la víctima a realizar las denuncias, porque no siempre la víctima se reconoce como tal, y aún más si proviene de un entorno violento, porque ya lo tiene normalizado y el entorno muchas veces si se percata de la situación y es fundamental que esté apoye a la víctima y no emita juicios sobre la misma, sino que le pueda dar contención”, Elida Favole encargada de la oficina técnica de género del Ministerio Público.

• Hoy 25 de noviembre se conmemora a nivel internacional el día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como desde hace 25 años.
• Se calcula que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual al menos una vez en su vida.
• Hasta la fecha se registran 27 víctimas de feminicidio en Paraguay y un total de 26 causas abiertas, además de registrarse otras 40 víctimas de tentativas de feminicidio.
• Las formas de violencia contra la mujer pueden ser diversas, como físicas, sexuales o psicológicas.

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El agente fiscal, Osmar Segovia, presentó imputación contra 5 personas por hechos punibles relacionados al narcotráfico en el marco de los allanamientos del operativo Sudamericana, que logró desbaratar a una red de narcotraficantes que querían comercializar droga durante la final de la Copa Sudamericana.

Los hechos punibles imputados a los detenidos son tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes. Los imputados son Nelson Marcial Espínola Pérez, quien fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la calle Santiago casi Dr. Pedro Ciancio, barrio Jara, Asunción, habría estado en posesión, sin autorización, de un total de 4,209 kilogramos de supuesto clorhidrato de cocaína. Así también dinero en efectivo, balanzas, teléfonos celulares, bolsas de polietileno, utensilios con restos, armas de fuego y municiones, agendas con anotaciones varias, entre otras evidencias.

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También fue imputado Víctor Manuel Ortigoza Pérez, Brahian Sebastián Ferreira Marín y Maikol Yeferson Ferreira Marín, quienes estaban en una vivienda ubicada en el barrio Jara, Asunción, donde fueron hallados en posesión de tres porciones de supuesta cocaína con un peso total de 2,3 gramos, una porción de supuesta pasta base de cocaína con un peso total de 1,3 gramos. Así también, dinero en efectivo de baja denominación, teléfonos celulares y un arma de fuego, entre otras evidencias.

La lista de imputados sigue con Yilda Elizabeth Ferreira Marín, en cuyo poder se habría hallado 6,9 gramos de supuesta cocaína, y 35,6 gramos de supuesta cocaína. Además de dinero en efectivo de baja denominación, aparatos celulares, varias joyas de plata, entre otros elementos, lo cual permite presumir que la misma se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas.

Todas las sustancias halladas estaban acondicionadas en moñito de bolsa de hule, preparadas de esta forma para su venta y distribución en las inmediaciones del lugar. El hecho fue detectado a raíz de un allanamiento llevado a cabo por el citado agente fiscal, funcionarios del Ministerio Público y agentes especiales de la Senad.

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