Se mensajeaban de manera diaria y el exdiputado que puso más de USD 1 millón a la campaña abdista se sentía libre de hacer propuestas al Gobierno: desde impedir el cambio de un jefe de la FTC hasta “sugerir” a un candidato para ministro de Educación.

Chats reveladores del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, falle­cido en agosto de 2024, seña­lan conversaciones direc­tas con el expresidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, durante su mandato entre 2018 y 2023. Las charlas fue­ron develadas este miércoles en el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que expo­nen de una gran confianza y afinidad entre el líder de Fuerza Republicana y el diri­gente político de Amambay, vinculado al narcotráfico.

En la constante comunica­ción, el legislador recordaba a su contacto registrado como “Marito presidente” que era “un aliado del Gobierno” y que fue “jefe de campaña” de su movimiento en Amam­bay. De hecho, en otro men­saje filtrado del 30 de marzo de 2021, Gomes escribió al exti­tular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar “Beto” Melgarejo: “Vos le conocés a ese Carlos Arre­gui?.. él está pidiendo infor­mes sobre nosotros por el tema que pusimos más de 1 millones de USS en la cam­paña”, refiriéndose al enton­ces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), lo que indica que el anterior gobierno tenía informes sobre su aliado norteño.

“Sí, puedo hablar con él!”, le respondió Melgarejo. A lo que Gomes agregó: “Viste que yo fui jefe de campaña y perjudi­caría al gobierno si este sale a la luz. Es que él es de la línea de Giuzzio y una vez yo me peleé con él en Bella Vista en una elección. Para parar este tema”. En marzo de 2021, Arnaldo Giuzzio era ministro del Inte­rior, cargo que asumió en enero de ese año, tras desempeñarse como titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desde el año 2018. Tanto Giuzzio como Arregui se vin­culaban con el Partido Demo­crático Progresista (PDP); y el propio Giuzzio aparece en otros chats pidiendo a Lalo el prés­tamo de vehículo blindados, en noviembre de 2019.

El gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con informes de inteligencia que vincula­ban a Lalo con Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. El 8 de noviembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Finan­ciera de Seprelad envió infor­mes a varias instituciones, según se indica en el informe de la Comisión Bicameral de Investigación, que señalaba que “el señor Eulalio Gomes está vinculado en la causa investigada por el Ministe­rio Público ‘Luis Carlos da Rocha y otros s/ ley 1340/88; asociación criminal, lavado de dinero y otros’, según lo repor­tado por un sujeto obligado del sector seguros en fecha 03/12/2019″.

En marzo de 2022, Gomes había sido reelecto como pre­sidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Regio­nal Amambay, y se lanzó a la arena política de la mano del movimiento de Abdo, con miras a la Cámara de Diputa­dos, en las elecciones internas del 18 de diciembre de 2022. Previamente, respaldó la lista del abdismo en las elec­ciones municipales del 10 de octubre de 2021, atendiendo a que, debido a la pandemia por el covid-19, en abril de 2020 se había resuelto postergar dichos comicios para el año siguiente.

Esta proximidad política como “financista” habría permi­tido que el extinto legislador se tomase atribuciones para requerir a Mario Abdo nom­bramientos y gestionar pedi­dos relacionados al área de la seguridad interna. A la vez, en los mensajes, Lalo Gomes expresaba su apoyo total al exjefe de Estado en el marco de la puja electoral por la Presi­dencia de la Asociación Nacio­nal Republicana (ANR), las internas municipales y ante las críticas contra su gestión en el marco de la pandemia.

A finales de 2019, la divulga­ción de conversaciones del teléfono del empresario y ganadero brasileño Antonio Joaquim da Mota, conocido como Tonho, tras el peritaje de uno de sus teléfonos por la Justicia brasileña, aparecía también Lalo Gomes mani­festando: “Yo pedí el cambio del jefe de investigaciones”, en respuesta al allanamiento que la policía realizó el 22 de mayo de 2019 a una de las fin­cas de Tonho en Pedro Juan Caballero, en el marco de una investigación por nar­cotráfico y lavado de activos. Dos semanas después, el jefe policial fue removido por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.

En 2019 se inició el operativo Pavo Real para rastrear las operaciones de la organiza­ción criminal liderada por el narco brasileño Jarvis Chime­nes Pavão (capturado en 2009 y extraditado en 2017). Dicha investigación detectó también operaciones dudosas de Eula­lio Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes con Pavão, Tonho y, en agosto de 2017, una empresa vinculada a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. El informe derivó en Pavo Real II, con la imputa­ción del diputado con fecha 19 de agosto de 2024, cuando se produjo su deceso por un tiro­teo con fuerzas de seguridad durante un allanamiento en su vivienda. Del peritaje de su teléfono se filtraron supuestos chats selectivos, hasta que el juez Osmar Legal entregó la copia total a las partes, ayer martes 18 de febrero.

Mediante un opera­tivo desarrollado entre el Comando de Operaciones de Defensa Interna, la Fuerza de Tarea Conjunta, la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, se logró una intervención en la zona de Cerro Guasu que permitió la identificación de campamen­tos dedicados al acopio y pro­cesamiento de marihuana, los cuales fueron destruidos en este procedimiento.

Se estima que el impacto eco­nómico para las organizacio­nes criminales llegaría a USD 60.000 con un total de 2.000 kilos de marihuana sacados de circulación. “Con esta ope­ración, se logró debilitar una infraestructura clave del nar­cotráfico en la zona de Pedro Juan Caballero”, informaron desde la FTC.

Entre las evidencias incauta­das se destacan siete campa­mentos clandestinos, 1.500 kilos de marihuana pren­sada, 500 kilos de marihuana picada, siete prensas rústi­cas, 13 gatos hidráulicos, un generador, 50 zarandas, entre otros elementos. El agente Celso Morales acompañó este operativo en representación del Ministerio Público.

“Este tipo de acciones se man­tendrán con el objetivo prin­cipal de desarticular la cadena logística y de producción de estupefacientes, reafirmando así el compromiso en la lucha contra el crimen organizado transnacional, enfrentando de manera decidida las amenazas que representan estas organi­zaciones”, añadieron desde la mencionada institución.

En entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro de Defensa Óscar González pre­cisó días atrás que el crimen organizado es transnacional y las fuerzas de seguridad de los países deben operar coor­dinadamente desde las nacio­nes para poder hacer frente a los criminales que no res­petan fronteras. En este sen­tido, ya había anunciado que se desarrollarían trabajos de inteligencia que puedan ser­vir a la parte operativa para realizar las intervenciones.

El abogado Óscar Tuma, quien ejerce la defensa legal de la familia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista anunció que impulsará una denuncia contra el Ministerio Público por inacción en torno a la causa que investiga la muerte del dirigente político de Amambay. La acusación será presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

“Hasta la fecha, ni siquiera se ha convocado a la viuda del legislador para prestar declaración, lo que evidencia la falta de diligencia en el proceso”, recriminó. “Esta causa, nos guste o no nos guste el diputado, se tiene que investigar bajo qué circunstancias lo asesinaron y esa investigación no está avanzando. A pesar de que transcurrieron siete meses, no hay un solo imputado”, dijo a la 650 AM.

Los fiscales a cargo de la causa son Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. “Evidentemente, no existe la intención de investigar qué es lo que ocurrió ese día. Entonces, ya no nos queda otra que poner a conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y de esa manera ir agotando todas las instancias”, manifestó.

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Asimismo Tuma acotó: “Acá los únicos testigos son los que asesinaron al diputado, después los otros que estuvieron ese día no dicen absolutamente nada. ¿Dónde estuvieron ese día? Existen demasiadas interrogantes. La investigación que tiene que llevarse a cabo para que esas dudas se disipen, no avanza”.

Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El legislador, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão mediante una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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Mediante un operativo desarrollado entre el Comando de Operaciones de Defensa Interna, la Fuerza de Tarea Conjunta, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, se logró una intervención en la zona de Cerro Guasú que permitió la identificación de campamentos dedicados al acopio y procesamiento de marihuana, los cuales fueron destruidos en este procedimiento.

Se estima que el impacto económico para las organizaciones criminales llegaría a USD 60.000 con un total de 2.000 kilos de marihuana sacados de circulación. “Con esta operación, se logró debilitar una infraestructura clave del narcotráfico en la zona de Pedro Juan Caballero”, informaron desde la FTC.

Entre las evidencias incautadas se destacan siete campamentos clandestinos, 1.500 kilos de marihuana prensada, 500 kilos de marihuana picada, siete prensas rústicas, 13 gatos hidráulicos, un generador, 50 zarandas, entre otros elementos. El agente Celso Morales acompañó este operativo en representación del Ministerio Público.

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“Este tipo de acciones se mantendrán con el objetivo principal de desarticular la cadena logística y de producción de estupefacientes, reafirmando así el compromiso en la lucha contra el crimen organizado transnacional, enfrentando de manera decidida las amenazas que representan estas organizaciones”, añadieron desde la mencionada institución.

En entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro de Defensa Óscar González precisó días atrás que el crimen organizado es transnacional y las fuerzas de seguridad de los países deben operar coordinadamente desde las naciones para poder hacer frente a los criminales que no respetan fronteras. En este sentido, ya había anunciado que se desarrollarían trabajos de inteligencia que puedan servir a la parte operativa para realizar las intervenciones.

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