Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.

Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.

Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.

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Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.

Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.

Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.

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El pasado 6 de noviembre se llevó a cabo la palada inicial de lo que pretende ser el moderno complejo residencial Menabi; el edificio estará ubicado estratégicamente en la ciudad de Luque, a pasos del parque Ñu Guasú, entrada ideal para acceder a Asunción.

En contacto con La Nación/Nación Media, Alejandro Kladniew explicó que es un proyecto que busca ser rentable para las personas que quieran estar cerca de la zona corporativa de la capital, al igual que los comercios principales. Precisó que cuentan con 41 departamentos, ya vendieron 34 y les resta 7. Las unidades son de 1, 2 y 3 dormitorios.

El complejo poseerá amenities, piscina, salón de uso múltiple, parrilla, gimnasio y lavadero, ubicados en el séptimo piso, con una vista luminosa y panorámica. Además, le darán un enfoque ecológico en el manejo sostenible de residuos.

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Sobre la financiación, indicó que es una de las ofertas más relevantes del mercado, ya que una unidad de dos ambientes se puede pagar en 120 cuotas de USD 399 mensuales, prácticamente un precio de alquiler. “De acuerdo a nuestro nivel de estudio de mercado esto es prácticamente una propuesta única”, expresó a LN.

Alejandro Kladniew precisó que la finalización del proyecto inmobiliario será en 2026. Recordó que están trabajando desde hace años en Paraguay y ya han construido 9 edificios (más de 100.000 m²). “Todo el mundo sabe de nuestra seriedad en el mercado. Ya vendimos la mayoría de los departamentos, con lo cual, el comprador tiene que estar más que tranquilo que va a recibir lo que compró”, aseguró.

La calidad de la obra, el precio y la financiación muy convenientes, acercan realmente a muchos quienes desean tener su vivienda propia y no encuentran respuestas en las propuestas actuales del mercado, reiteró el empresario, recordando que el lugar tendrá un doble acceso vehicular, a 2 km del Aeropuerto Silvio Pettirossi y a 4 km del centro de Luque.

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El jefe policial de la localidad de San Pedro del Paraná (Itapúa) se vio involucrado en un accidente con derivación fatal ocurrido el domingo por la madrugada. El vehículo que conducía el policía arrolló y mató a un hombre que se encontraba sentado en la vereda, frente a un local donde se desarrollaba una fiesta de 15 años en la compañía Taruma del citado distrito.

Aparentemente el efectivo policial no visualizó a la persona que estaba sentada al costado de la calle y terminó arrollándola cuando procedió a maniobrar su camioneta para regresar a la comisaría donde trabaja tras dar cobertura al evento social.

“Sucedió el accidente porque no le vio al señor y puso en reversa su vehículo y se produjo el accidente fatal en el que la víctima murió en el mismo lugar”, declaró el nuevo director de Policía de Itapúa, el comisario general inspector Elvio Florenciáñez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El protagonista del siniestro vial fue el jefe de la Comisaría 49 de Guazú Ygua, el suboficial superior Feliciano Ayala que ya está recluido en la Comisaría Primera por disposición del Ministerio Público. La víctima fatal fue identificada como Elvio Luis Flor, de 54 años. En principio el agente se negó a someterse a la prueba del alcotest, pero luego por orden de la Fiscalía se tomó la muestra laboratorial que finalmente dio resultado negativo.

“El estaba conduciendo su vehículo particular porque tenía un servicio y se iba a quedar en un lugar. Mientras su patrullero iba a hacer otro trabajo para evitar hechos delictuosos dentro de su jurisdicción”, indicó el comisario Florenciáñez.

Mencionó que en San Pedro del Paraná solamente hay una patrullera para dar cobertura a la población. El subjefe de la Comisaría 49 se hizo cargo del despacho, debido a que su superior deberá ser sometido a proceso judicial.

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Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, resolvió absolver de culpa y pena a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes fueron juzgados por los delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas, en el marco de la investigación por la quema de Colorado Róga.

Los magistrados de sentencia mencionaron que no se pudo comprobar que los acusados participaron de la quema del local de Colorado Róga. Igualmente, mencionaron que no se observaron que las conductas realizadas por los procesados, se hayan adecuado a la descripción de los tipos penales acusados, en consecuencia corresponde la absolución como también el levantamiento de todas las medidas cautelares sobre los mismos y las costas en el orden causado, expresa la determinación adoptada por el tribunal juzgador.

El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si ratifica la absolución de culpa y pena o anula la misma y ordena que se realice un nuevo juicio oral y público.