Docentes del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol) se quejan de injusticias y bajos salarios en la institución. Manifiestan que hace 24 años cobran el mismo sueldo y que incluso un cadete gana más que los profesores.

La profesora Inés Bertuletti dijo que “la situación ya está insostenible” en el citado centro de formación policial. “Hace 24 años que los docentes trabajan por este mismo sueldo. Este año logramos entrar con una modificación cuando se reformó la Ley Orgánica de la Policía para que se ajuste el salario de los profesores un porcentaje del sueldo mínimo”, señaló a la 1020 AM.

Sin embargo, finalmente los educadores quedaron fuera del presupuesto, por lo que ahora reclaman que se tomen las previsiones en las asignaciones previstas para el ejercicio 2025. Mencionó que en el rubro L1 el estipendio es apenas de G. 509.000 y con los descuentos perciben G. 480.000.

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“Todos los profesores tienen el mismo salario, y un cadete de segundo año ya tiene 800.000 como salario por estudiar. Y el docente que tiene que tener toda su preparación, ser licenciado, magíster, su didáctica universitaria, su doctorado, recibe 480.000 como salario”, se quejó.

El Instituto Superior de Educación Policial es el órgano de la Policía Nacional responsable de la definición de políticas y el desarrollo de estrategias. Su función principal es coordinar, supervisar planes, programas para la formación, especialización y perfeccionamiento profesional, técnico, científico, ético y cultural del policía como institución de Educación Superior, según refiere en su página oficial.

La sede de Isepol está asentada sobre la avenida del Cadete y Leongino Santacruz, en la ciudad de Luque. Esta semana se realizó la práctica general de egreso como parte de la ceremonia de cierre de actividades académicas de la 72.ª promoción de oficiales ayudantes, que llevará el nombre de «Subcomisario MGAP (+) Eduardo Machado Cano».

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• Por César Palacios
• Comunicador y docente, director general de comunicación estratégica del Mitic.
• @cespala

La voluntad del Gobierno de reconocer y pedir perdón por las injusticias del pasado es, sin duda, un hito significativo en la historia de nuestro país. Este acto de reconocimiento y disculpa pública, programado para el 24 de junio en el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), representa no solo un paso hacia la sanación de las heridas abiertas por décadas, sino también un firme compromiso con la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.

En una reciente entrevista en el programa “Tribuna” de Paraguay TV, Ernesto Benítez Gamarra, educador popular y líder campesino, compartió su dolorosa experiencia de represión y tortura. Sus palabras resonaron profundamente, recordándonos los oscuros capítulos de nuestra historia. Ernesto relató episodios de su vida marcados por la represión, incluyendo su brutal tortura en la comisaría de Santa Rosa del Aguaray hace 21 años. Estos eventos no solo afectaron su vida personal, sino que también simbolizan las injusticias sufridas por muchos paraguayos durante las dictaduras y los años posteriores.

El acto de reconocimiento que tendrá lugar honra tanto a Ernesto como también a otros luchadores por la justicia y los derechos humanos, como Eulalio Blanco. Estas disculpas no son meros gestos simbólicos; son pasos concretos hacia la reconciliación y la justicia, esenciales para cerrar el dolor de las familias de las víctimas y para sanar como nación.

Ernesto Benítez Gamarra, en su entrevista, subrayó la importancia de este reconocimiento y el impacto simbólico de realizarlo en el Isepol, una institución educativa que forma a los futuros policías del país. Esta decisión es un claro mensaje de que el pasado no debe repetirse y que la educación en derechos humanos es fundamental para prevenir futuras injusticias. Ernesto expresó con claridad: “Es importante porque simbólicamente se decidió utilizar un local donde estudian hoy día los jóvenes que se van a convertir en el futuro en policías. Que vean el daño que le causa históricamente a un país la represión.”

Este acto de reconocimiento es un testimonio del coraje y la resiliencia de personas como Ernesto Benítez Gamarra y Eulalio Blanco, quienes han luchado incansablemente por la justicia en Paraguay. Pero más allá de honrar a estos valientes individuos, el gobierno actual demuestra una firme intención de construir un futuro basado en el respeto, la justicia y la dignidad para todos los ciudadanos.

La historia de Ernesto y su familia, marcada por la persecución y la tortura, es un poderoso recordatorio de la importancia de este hito en nuestra nación. Reconocer las atrocidades del pasado y pedir perdón es un aprendizaje crucial para todos nosotros. Nos enseña que los conflictos y reclamos deben resolverse de manera pacífica y legal, sin recurrir a la violencia, la tortura ni el asesinato.

Este acto de disculpa pública es, en última instancia, un paso hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Es un reconocimiento del sufrimiento pasado y una promesa de no repetir los mismos errores. En esta nueva era, el Gobierno paraguayo está mostrando su voluntad de sanar las heridas del pasado y de caminar hacia un futuro donde la justicia y los derechos humanos sean la base de nuestra convivencia.

Hoy, como paraguayos, debemos celebrar este paso histórico. Debemos honrar a quienes, como Ernesto y Eulalio, han sido víctimas de injusticias y han luchado por un Paraguay mejor. Y debemos comprometernos, como sociedad, a seguir construyendo un país donde todos puedan vivir con dignidad, respeto y justicia.

El presidente de la República, Santiago Peña, designó este lunes a Juan Ramón Benegas como nuevo titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). El general de división en situación de retiro reemplaza a Marlene Ocampos, quien presentó renuncia al cargo. El anuncio fue oficializado este lunes por la vocera presidencial, Paula Carro, en Mburuvicha Róga, durante una conferencia de prensa.

La jefa de comunicación destacó que el jefe de Estado conoce el trabajo del militar retirado, que hasta este lunes tenía un vínculo con una entidad binacional ejerciendo labores estratégicas. Basado en ese conocimiento y la amplia experiencia, decidió encomendarle encabezar el principal ente rector de las políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

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A su turno, el nuevo titular del Indi agradeció al jefe de Estado por la confianza y admitió que se trata de un gran desafío que requiere mucho empeño y dedicación. “El pedido del presidente de la República es el de brindar la mayor atención a nuestros compatriotas. Desde hoy el Indi se trasladará a las comunidades indígenas para tratar de solucionar sus necesidades, ya no será necesario que ellos lleguen hasta la institución”, expresó Benegas.

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Comentó que realizará rápidamente un diagnóstico de la situación, pero adelantó que entre sus planes pretende establecer 2 o 3 filiales del Indi en el interior del país; a fin de que las comunidades nativas puedan acercarse a hacer conocer sus necesidades. “La idea es que todo el aparato estatal trabaje en forma horizontal en beneficio de esa gente, porque solo es muy difícil. El Estado debe trabajar en una mancomunión de esfuerzos para llegar a los objetivos institucionales”, precisó Benegas.

Agregó que lo ideal es que el Indi mantenga una comunicación directa con todos los líderes, a fin de conocer de primera mano sus reales necesidades y a partir de ahí buscar mitigar esas necesidades. El general en situación de retiro aseguró que esa será la política que buscará implementar para satisfacer las necesidades.

El nuevo presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco), Óscar Stark, habló acerca de las acciones que encarará tras asumir la entidad estatal que viene arrastrando una complicada situación financiera. Dijo que tiene 15 días para presentar las alternativas válidas ante el Consejo de Empresas Públicas y al presidente de la República, Santiago Peña, para salvar la empresa.

“Lo primero que Copaco tiene que hacer es bajar drástica y rápidamente sus gastos, porque cada día que pasa sin hacerlo pierde G. 500 millones, empeora su situación y se encamina a convertirse en una empresa con un patrimonio neto negativo.”, advirtió Stark, este jueves, en contacto con el programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para ello habrá que realizar una reforma que implica mirar la cantidad de empleados con que cuenta Copaco y cuál es la situación de cada uno de ellos, de modo a contar con un número más razonable de funcionarios en términos de deudas. Actualmente, la estatal tiene 2.830 empleados y Vox, que es la operadora móvil privada, otros 250, siendo un problema adicional que también se debe resolver, dijo el nuevo titular.

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Stark mencionó que están previendo una reunión, pero aseguró que existen muchas alternativas u opciones que se pueden poner sobre la mesa, y hasta alguna inyección de capital cuando esté en mejores condiciones. Reiteró que la instrucción del presidente de la República es presentar esas propuestas en dos semanas para definir la situación real y el mecanismo de reversión.

Ante la consulta de si privatizar sería una de las alternativas que se presenten, el nuevo presidente de Copaco aseveró: “No, privatizar no es una opción”, ya que la idea es que pueda generar alguna utilidad para el Estado, aprovechando su infraestructura o la de otras instituciones públicas.

Estas utilidades se podrían dar propiciando servicios a través de redes de fibra óptica en las escuelas, centros de salud, comisaría, instituciones públicas en general e inclusive en actividad para la ciudadanía. En conclusión, la idea primaria es que se pueda reducir al máximo la institución y aprovechar las utilidades, remarcó Stark.

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