La justicia argentina abre este martes un juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en 2017 sin que se haya logrado dilucidar cómo ocurrió esa tragedia, la mayor de la Armada en tiempos de paz. Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.

El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires). El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje. Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).

No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.

“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó. Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.

“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983). Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.

Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa. En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.

La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.

Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025. “Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.

El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”. De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.

Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda. La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.

“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra. “Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.

Fuente: AFP.

• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

Ejerciendo por primera vez la presidencia pro tempore de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), el Paraguay apunta a adquirir estrategias y conocimientos militares de países de la región para el combate al crimen organizado transnacional y el terrorismo. La instancia militar no es un organismo deliberativo ni político, sino un foro de análisis y cooperación profesional.

“Esto es un foro para el análisis, intercambio de experiencias y lecciones aprendidas. Mediante la integración el Paraguay podrá hacer frente al crimen organizado transnacional y al terrorismo, como país ganaremos seguridad y defensa, entonces estamos asumiendo la presidencia en coincidencia con las políticas que impulsa el gobierno“, mencionó al diario La Nación/Nación Media, el comandante del Ejército Manuel Rodríguez Sosa.

La CEA es una organización militar internacional creada en agosto del año 1960 en el Fuerte Amador, República de Panamá. Desde su creación, ha tenido como objetivo fortalecer la cooperación, la integración y la confianza mutua entre los ejércitos del continente, promoviendo sinergias que permitan enfrentar de forma combinada e integral las amenazas que puedan afectar a la región, contribuyendo así a la estabilidad, la defensa colectiva y el desarrollo democrático de los países integrantes.

“Estar al frente de la presidencia de la confederación es un gran honor, desafío y responsabilidad. Un país necesita de la seguridad y defensa para su desarrollo, debido a que el crimen organizado y el terrorismo no conocen de las fronteras o límites“, manifestó.

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Rodríguez Sosa, detalló que la organización militar se encuentra conformada por 23 Ejércitos de los países: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Señaló que como Ejércitos Observadores figuran: Belice y Surinam mientras que en el rol de Observadores Especiales se encuentran: los Ejércitos de España, Portugal y el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá.

Añadió también que conforman la CEA como Organizaciones Militares Observadoras: la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas y la Junta Interamericana de Defensa (JID).

“Se irá generando una sinergia positiva para el intercambio de estrategias, ideas y conocimientos bajo los diferentes programas de adiestramiento e instrucción operacional”, dijo el general quien fue la principal autoridad militar que impulsó la postulación de Paraguay a la presidencia del CEA para el periodo 2026/2027.

Desde el Ejército Paraguayo indicaron que este intercambio se constituye en el núcleo de la diplomacia militar y la utilidad trasciende lo protocolar para convertirse en una mejora de la capacidad operativa de la Fuerza Terrestre. El intercambio de conocimientos permite que el Ejército adopte estándares internacionales, facilitando la participación en misiones de paz o ejercicios multinacionales.

Es así que, el acceso a programas de instrucción en áreas críticas como ciberseguridad, inteligencia estratégica, fuerzas especiales, combate al crimen organizado trasnacional, entre otros, permite al país contar con personal altamente calificado y garantiza una interoperabilidad efectiva. Al alinear doctrinas y procedimientos, nuestros ejércitos logran una unidad de esfuerzo capaz de responder con precisión para afrontar los desafíos en caso de crisis regionales o desastres naturales de forma conjunta y coordinada bajo una misma doctrina operativa.

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En un mercado con más competencia, más estándares, el desafío ya no es crecer, sino operar al nivel global e infraestructura de clase mundial.

El grado de inversión no solo mejora la imagen país: también obliga a las instituciones financieras a elevar sus estándares. En ese contexto, la Dirección de Finanzas de CADIEM está ajustando su infraestructura tecnológica, operativa y regulatoria para operar bajo parámetros internacionales y captar nuevas oportunidades.

Fátima Flecha, directora de Finanzas de la firma, explica que el foco está en fortalecer la confianza del inversor en un mercado que se vuelve más global y exigente. “Hoy necesitamos procesos más robustos, mayor precisión en la información financiera y plataformas alineadas a estándares internacionales”, señala.

Uno de los cambios más relevantes fue la adecuación a los nuevos sistemas tecnológicos del mercado, incluyendo la conexión con Montran y Nasdaq, en el marco de la operativa de la Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY) y la Bolsa de Valores de Asunción.

Esto implicó una transformación interna integral, con incorporación de talento especializado y modernización de procesos.

El impacto es concreto: más de 140.000 operaciones fueron gestionadas en el último año bajo este nuevo esquema.

Para Fátima, el desafío no es solo adaptarse, sino anticiparse. “Los cambios van a llegar cada vez más rápido. La clave es estar preparados antes de que se conviertan en una exigencia”, afirma.

Para 2026, la hoja de ruta incluye la implementación de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) electrónicos, la conexión al sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real del Banco Central y la consolidación de los nuevos procesos de custodia y liquidación.

El objetivo es claro: facilitar la entrada de capital internacional y permitir que los inversores locales operen bajo estándares globales.

En un escenario de mayor apertura financiera, la infraestructura ya no es un detalle técnico. Es un factor de competitividad.

Paraguay cuenta con alrededor de 25.000 recicladores de base y 2.500 centros de acopio que recupera papel, cartón, plásticos, metales y vidrio para reinsertarlos como materia prima en procesos industriales.

Cada 1 de marzo Paraguay conmemora el Día del Reciclador, una fecha que pone en foco a un actor clave, aunque muchas veces invisible, dentro del engranaje productivo nacional. Lejos de ser solo una tarea ambiental, el reciclaje es hoy una actividad económica que genera ingresos, moviliza industria y fortalece la economía circular.

En el país, alrededor de 25.000 recicladores de base y 2.500 centros de acopio forman parte de una cadena que recupera papel, cartón, plásticos, metales y vidrio para reinsertarlos como materia prima en procesos industriales.

En los últimos años, el ecosistema creció: nuevas inversiones ampliaron la capacidad para reciclar materiales más complejos como envases larga vida, residuos electrónicos, neumáticos fuera de uso y envases agroquímicos bajo sistemas controlados.

Para Carlos Mangabeira, presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPY), el reciclador es el primer eslabón de la cadena de valorización: convierte residuos en recursos y los reintegra al sistema productivo.

Esa dinámica no solo reduce presión sobre vertederos y recursos naturales, sino que impulsa empleo, logística, innovación y formalización.

El reciclaje también tiene un fuerte componente social. Miles de familias dependen de esta actividad y, con el tiempo, muchos centros de acopio evolucionaron hacia pymes formalizadas, con mejores estándares laborales y ambientales.

La valorización de materiales como PET transparente, aluminio, cartón limpio y plásticos técnicos demuestra que el sector es dinámico y responde a una demanda industrial concreta.

El desafío sigue estando en la separación en origen. Un residuo limpio y seco aumenta su valor comercial, mejora la eficiencia del sistema y reduce riesgos sanitarios. En otras palabras, la economía circular empieza en casa.

Más que una fecha simbólica, el Día del Reciclador es un recordatorio de que reciclar no es solo una acción ecológica: es una decisión económica que genera empleo, fortalece industrias nacionales y construye un modelo de desarrollo más sostenible.