“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.

“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.

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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.

El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.

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Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon ayer jueves al crimen organizado en una megaoperación policial. El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.

Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos. La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024. El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.

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En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro. La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.

Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles. Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.

Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo. El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.

Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.

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El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de en bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda. Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.

Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023. Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.

El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares). Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.

Fuente: AFP.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, entregó el informe elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, así se informó desde Cancillería en la tarde de este jueves.

“Se entregaron dos ejemplares del informe elaborado por la Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio del Congreso Nacional. Este informe aborda hechos punibles relacionados con lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”, informaron desde la cartera diplomática.

Asimismo, indicaron que la entrega de estos documentos se realizó a solicitud de la propia comisión, la cual requirió la colaboración de la embajada norteamericana para que este informe llegue al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia de dicho país.

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El informe de la Comisión fue presentado el pasado 14 de julio ante el Congreso, días más tarde, el contenido fue remitido al Ministerio Público, al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Contraloría. El presidente de dicha comisión, el senador Dionisio Amarilla ya había adelantado que el objetivo es que dicho informe llegue a Estados Unidos.

El trabajo de la comisión concluyó en un informe compuesto por nueve tomos y cuenta con el respaldo de 231 biblioratos de documentación, fruto de más de seis meses de trabajo parlamentario. Entre las líneas investigativas principales, la CBI identificó tres núcleos de presuntas irregularidades:

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1. Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
2. Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
3. Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

Este miércoles, la Fiscalía imputó a una mujer por violencia luego de que fuera acusada por presuntamente agredir a su expareja con una varilla de hierro en Alto Paraná. Esta también fue acusada de destruir la motocicleta de la víctima y habría actuado junto a su nueva pareja.

La agente fiscal Susan Vega Bordón, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar de Ciudad del Este, decidió imputar por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar, a una mujer de 36 años. Esta habría agredido a su expareja con un elemento contundente.

“El Ministerio Público concluyó que existen suficientes elementos de sospecha sobre la responsabilidad de la mujer en la comisión del hecho punible en calidad de autora. La misma quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías”, confirmaron.

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El hecho se reportó el 11 de enero de este año, cuando la encausada mantuvo una acalorada discusión con el padre de su hijo. El hombre le reclamó sobre una presunta agresión contra el menor que no le gustó y esto enojó a la madre, que decidió tomar venganza.

Según el reporte médico el exconcubino recibió un golpe en la cara y fue arrastrado por el actual novio de la imputada. En ese proceso la mujer lo golpeaba con una varilla provocándole heridas cortantes y escoriaciones que requirieron sutura.

Además, los investigadores pudieron constatar la destrucción de la motocicleta de la víctima y que posterior al hecho recibió amenazas. Las lesiones no pusieron en riesgo la vida de la víctima, pero requirió atención médica y afectó temporalmente su integridad.

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