El interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, comentó que se vio obligado a recurrir ante el Ministerio Público, con la finalidad de acceder a documentaciones sobre la administración del intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo. El economista había denunciado que su labor de fiscalización se ve obstaculizada por la falta de cooperación de los directivos de la municipalidad.

“Estamos iniciando el día 25 de los 60 que disponemos para el proceso de intervención. Estamos trabajando con las documentaciones a la que pudimos acceder, mientras que algunas estamos gestionando con el Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado formalmente el apoyo de la Fiscalía y nos dicen que se puede disponibilizar las documentaciones remitidas por la municipalidad de Ciudad del Este", dijo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que las documentaciones que accederán no guardan relación con aquellas vinculadas a causa judiciales en curso contra Miguel Prieto. “Aquí nos encontramos con la particularidad de que muchas de las documentaciones fue remitida al Ministerio Público de manera original y extrañamente no obran copias en los archivos de la institución. Vamos a acceder a las documentaciones que no están vinculadas a los procesos abiertos”, comentó.

Las afirmaciones de Ramírez surgen tras darse a conocer que Miguel Prieto incurrió en malversación y daño patrimonial por G. 42.000 millones. La administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinadapara gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo,un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.

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La administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones que debía ser destinada para gastos de capital, es decir, en obras e infraestructura. Sin embargo, un total de G. 42.000 millones fueron a parar a gastos corrientes.

Al respecto el economista Ramón Ramírez, encargado de la intervención de la comuna esteña, afirmó que esta situación expone la existencia de malversación y daño patrimonial.

“Esos G. 83.000 millones destinados a gastos de capital ya son cifras reconocidas por la municipalidad en su informe de descargo ante la Contraloría General de la República. La municipalidad en su respuesta ya segrega que G. 41.000 millones gastó en gastos de capital y G. 42.000 millones en gastos corrientes. Esto ya es un reconocimiento de que la municipalidad malversó G. 42.000 millones”, dijo a la 800 AM.

Manifestó que: “La utilización malversada de fondos que están destinados también ya configura un daño patrimonial. Estamos ahondando y viendo si efectivamente existen documentos para ver cómo se gastaron estos recursos".

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Por otra parte, Ramírez ratificó que su labor como fiscalizador está siendo obstaculizada mediante el ocultamiento de documentos. “El proceso de auditoría tiene un lapso de maduración, estamos trabajando de acuerdo a un cronograma que establecimos para revisar los 12 puntos que están en el requerimiento de intervención, pero que refieren a 114 observaciones formuladas por la Contraloría”, indicó.

“Estamos avanzando en ese frente dentro de las limitaciones, restricciones y maniobras de ocultamiento de documentos y acceso. La no existencia de documentos también es un hallazgo porque significa que no está respaldado un gasto”, sostuvo el interventor.

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La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

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A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

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El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.

El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, reveló nuevas y escandalosas irregularidades en la gestión del intendente Miguel Prieto, en una conferencia de prensa realizada este martes. “Esto no es desidia, es apenas la punta de un iceberg”, afirmó.

El interventor advirtió que cada guaraní desviado será rastreado, documentado y denunciado ante el Ministerio Público. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró, reiterando el compromiso de transparentar la administración municipal y recuperar los recursos que nunca llegaron a su verdadero destino.

“No vine con ningún libreto preparado, vine para analizar, verificar, comprobar. Cumplidos los plazos vamos a ir informando los hallazgos, estamos haciendo un trabajo serio”, expresó Ramírez. El economista denunció obstáculos por parte de los funcionarios y adherentes prietistas. Consultado sobre presiones a su labor, respondió: “No claramente, no estoy recibiendo ninguna amenaza”.

“Estamos avanzando en varios frentes, es una dinámica que gana velocidad, avanzando rápidamente, identificando muchas cuestiones que nos permitirán llegar a buen término dentro del plazo establecido por ley. Se están empezando a elaborar los informes a medida de que identificamos los hallazgos (irregularidades), en materia de gasto. No encontrar documentos, también es un dato”, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que cada director de área de la municipalidad se encuentra siendo evaluado permanentemente y no descarta realizar cambios si la situación amerita. En materia de recaudaciones, detalló que desde el 23 de junio, fecha en que empezó la intervención hasta ayer lunes, se tiene una “diferencia positiva” equivalente a G. 200 millones, con relación al mismo periodo del 2024.

Señaló que ya se está iniciando el proceso de pago de salarios para los funcionarios de la institución. Agregó que entre los siguientes pasos de su intervención será la realización de peritajes a las obras ejecutadas bajo la conducción de Prieto.

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1. Documentos que aparecen y desaparecen

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

2. Dudosa asignación de G. 83.000 millones

La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42 mil millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.

3. Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

4. Combustible con cifras imposibles

La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.

- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.

- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.

5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.

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