Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

Lea más: 25N: un día que recuerda la lucha férrea y constante contra la violencia hacia las mujeres

Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

Le puede interesar: ¡A preparar el tereré! Anuncian días sumamente calurosos

Una persona que fue beneficiada con arresto domiciliario en el marco de un proceso penal por supuesto hecho punible de abuso sexual en niños estaba tomando cerveza en un conocido Shopping, ubicado en la ciudad de San Lorenzo.

De acuerdo al video que circuló por redes sociales, se observa un hombre sentado en el patio de comidas del centro comercial cuando viene una mujer y comienza a denunciar el caso de abuso sexual y por ende el sujeto que estaba con una gorra de inmediato se retiró del sitio.

Te puede interesar: Funcionarias denuncian injustificados despidos en empresa de servicios exequiales

La persona que denunció este hecho irregular sería la hermana de la víctima del abuso por lo que las autoridades judiciales deben intervenir en el caso. La familia exige que el hombre sea enviado a prisión, y que la Fiscalía tome las medidas contra el mismo.

En este tipo de casos, la Justicia debe revocar la prisión domiciliaria del denunciado y se debe decretar la prisión preventiva, atendiendo que el mismo habría violado una de las disposiciones que el juzgado de Garantía le impuso para ser beneficiado con el arresto domiciliario.

En caso de que se haga lugar a este pedido, el imputado tendrá que volver a la cárcel de Tacumbú a la resulta del presente proceso penal.

Podes leer: Pasillo de San Agustín: balearon a un hombre tras tirar piedras a asaltantes

Durante el fin de semana un poblador de la ciudad de Concepción fue brutalmente golpeado y macheteado luego de defender a su hija de un asalto. El hombre presentó varias heridas, pero una que recibió a la altura de la cabeza hizo que sea derivado al Hospital de Trauma, su familiares piden justicia.

El hecho se registró cerca de la 1:00 del domingo cuando la joven Daniela Duarte, de 18 años, salió para recibir al delivery con la cena, pero fue interceptada por un hombre que estaba armado. Este intentó asaltar a la mujer y su padre, Pedro Duarte, se dio cuenta e intervino.

El hombre logró que el asaltante, que sería un vecino y que recientemente había salido de la cárcel, huyera del sitio sin concretar el asalto. Ya al amanecer, Duarte fue hasta la casa de su vecino y le reclamó porqué intentó asaltar a su hija, pero fue emboscado y brutalmente agredido.

Puede interesarle: Itapúa: jefe policial atropelló y mató a un hombre

“Mientras estaba hablando con él (presunto asaltante) llegaron otras personas y ahí nos atropellaron. Mi esposa se desmayó, en ese momento la abracé para protegerla de la turba. Sentí como golpeaban y machetearon en la cabeza”, dijo Duarte, en entrevista con canal Trece.

Tras la brutal golpiza, el hombre fue llevado por su familiares hasta el Hospital de Concepción, pero hoy lunes, fue derivado a Asunción para su mejor atención. Sus familiares intentaron realizar la denuncia en la comisaría del barrio San Luis, Fracción Arroyito, pero no recibieron ayuda, por lo que exigen que estas personas sean detenidas porque están causando zozobra en el barrio.

Puede interesarle: Policía rastrea a banda criminal que roba vehículos de alta gama en todo el país

Este lunes, desde el departamento de Guairá denunciaron que el jefe de la Operaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villarrica, que fue acusado de estar involucrado con tortoleros, fue liberado y volvió a cumplir funciones en la comuna. La persona que lo denunció pide que lo aparten del cargo.

Se trata de Alexis Augusto Portillo, quien la semana pasada fue detenido en San Juan Nepomuceno junto con un grupo de tortoleros. Estos serían acusados de vaciar un vehículo y aparentemente habría más denuncias en su contra. El grupo criminal operaría en otros departamentos alejados de Guairá.

Según consta en la denuncia, el hombre actuó junto a otras personas y rompieron el vidrio de una camioneta que estaba estacionada en una frutería en Paraguarí. En pocos minutos lograron llevarse varios objetos del interior del rodado y lo detuvieron mientras estaba en compañía de los delincuentes.

Puede interesarle: Policía rastrea a banda criminal que roba vehículos de alta gama en todo el país

“Estamos esperando cómo va la investigación del caso y si realmente está involucrado en este caso del cual lo acusan. Ahora mismo todo está en manos del Ministerio Público y seguro ellos van a ir dando informaciones oficiales sobre el hecho”, explicó Emilio Duarte, director de Tránsito, en Unicanal.

Apuntó que en el área de recursos humanos tienen conocimiento de lo que ocurrió, pero que requieren de pruebas para apartarlo del cargo o alguna resolución de los investigadores. El robo quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad, sin embargo en la misma no se observa al acusado.

Puede interesarle: Itapúa: jefe policial atropelló y mató a un hombre