El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo en la tripartita ya cuentan con un plan de contingencia para garantizar el servicio del transporte público durante los tres días.

Dijo que cuentan con los buses que pondrá el gobierno, más el ofrecimiento del sector privado, con lo que esperan llegar a cubrir el 70 % de la demanda, lo que significará que el paro anunciado por Cetrapam podría tener un impacto del 30 %.

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El alto funcionario fue convocado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde abordaron tema del paro y destacaron la prioridad de garantizar que la ciudadanía no se vea muy afectada por la medida de fuerza.

“Estamos trabajando con la presidencia de la República el plan de contingencia, y estamos afinando con las distintas instituciones del Estado, para disponer de la flota del sector público para sacar ese día. También tenemos el ofrecimiento de varios gremios del sector privado que nos han confirmado que dispondremos de su flota, uno de ellos cuenta con 320 buses que no se sumará al paro”, precisó.

Fernández resaltó que un elemento importante, que ahora por primera vez se va a dar, es que se declarará el transporte público como servicio imprescindible, así como el servicio de salud pública. Entonces, indicó que se deberá garantizar una movilidad mínima por parte de las empresas que se sumen a la medida de fuerza.

“Nosotros vamos a trabajar en la declaración de imprescindibilidad, y por más que las empresas se sumen al paro, van a tener que sacar buses. Porque si no lo hacen estarán violando un derecho del ciudadano", dijo.

Remarcó que se hará un control estricto con estas empresas de que cumplan con el servicio mínimo de la flota de buses y de constatarse que no se cumple, se llevará adelante el sumario con las sanciones correspondientes.

Afirmó que la mesa de contingencia ya está trabajando también en el plan de acción e itinerarios que serán cubiertos. No obstante, el viceministro señaló que existe un tiempo aun de diálogo, y que apelarán a esa mesa tripartita para llegar a un acuerdo y evitar a llegar a la medida de fuerza.

Por otra parte, el viceministro Fernández aseguró que desde el Gobierno siempre hubo predisposición a pagar los subsidios, hubo inconvenientes, pero se terminaron pagando. Igualmente indicó que hay mesas técnicas que analizan el tema de la discrepancia sobre la tarifa técnica con el gremio.

“Por eso, decimos que la medida es desproporcional. Hemos informado a los diputados todos estos pormenores, y vamos a seguir trabajando. El lunes inicia la tripartita en el ámbito del viceministerio del Trabajo, y ahí tendremos espacio de diálogo donde vamos a exhortar todo lo que acabo de mencionar”, indicó.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte", dijo.

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De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.

Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del −18 %.

“Nosotros, y menos la ciudadanía, puede seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .

El legislador recriminó de este modo las últimas declaraciones del titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, quien bajo tono amenazantes hizo el anuncio del paro de tres días. Indicó que esa no es la base para iniciar una mesa de negociación seria.

“Las bases de negociación deben ser sobre realidades, y éstas son que el combustible bajó entre 4 o 5 veces en este gobierno. En enero del 2023, estaba G. 8.900, que fue el punto más alto registrado el diésel común. De ahí fue bajando, hasta G. 6.920. Recién ayer, 10 de julio, subió de vuela el costo del combustible, subió a G. 7.300; y aún así sigue siendo 1.600 guaraníes más bajo, de cuando inició este gobierno”, explicó.

Por otra parte, indicó que el aumento salarial que se dio en este mes, es aún muy poco, en comparación a lo que los empresarios están exigiendo para ajustar la tarifa.

“No existen argumentos válidos para decir que van a paralizar el país. Estoy de acuerdo, que cualquier sector puede exigir reivindicaciones, que pueda pedir revisiones y pueda asentar criterios o conceptos por los cuales cree que merece un mejor trato, y no generar de la nada una crisis cuando no los hay”, acotó.

Por otra parte, el legislador colorado señaló que considera que ha llegado el momento de analizar alguna legislación, para que cualquier ciudadano, usuario del transporte público, pueda demandar civilmente a los dueños de líneas transporte; cuando éstos suspendan el servicio sin razón válida.

Sostuvo que los empresarios deberían asumir las responsabilidades cuando perjudican económica, o en su salud al usuario de transporte.

“El usuario también necesita contar con garantías cuando utiliza el servicio, porque también está solventando el servicio con el pago de su pasaje. Por que la persona el día del paro, no podrá llegar a su lugar de trabajo, a riesgo que se lo descuenten la jornada, no podrá llegar a su consulta médica. Entonces, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad civil o penal que ellos generan”, señaló.

Mencionó que también es necesario que se analice alguna legislación que establezca cancelar los itinerarios y volver a licitar los mismos, de aquellos que no cumplen con el servicio.

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Integrantes de la Junta Municipal de Asunción, encabezados por su presidente Luis Bello, recibieron este viernes al interventor de la comuna, Carlos Pereira. Abordaron temas prioritarios relacionados a la coordinación institucional, el funcionamiento de los servicios municipales y la necesidad de sostener una comunicación fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el marco del proceso de intervención en curso.

A través de sus redes sociales, el titular del cuerpo legislativo municipal, expresó la voluntad de sus colegas de colaborar en la tarea de gestionar el buen funcionamiento de la Capital. “Estamos comprometidos, en trabajar en conjunto para mejorar los servicios a favor de la ciudadanía”, expresó.

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En tanto, el interventor Carlos Pereira destacó que fue un encuentro institucional de alto valor político y administrativo, que se desarrolló de manera amena y armónica. Expresó su agradecimiento al titular del Legislativo Comunal por recibirlo.

“Tuve la oportunidad de escuchar sus planteamientos sobre la forma en que trabajan. Acordamos establecer un canal de comunicación permanente, con reuniones semanales, posiblemente los viernes, para compartir avances, planes y garantizar que ningún servicio municipal se vea resentido por falta de coordinación”, expresó.

En tanto, el concejal Luis Bello valoró positivamente la visita del interventor y remarcó la importancia de este tipo de reuniones para el fortalecimiento institucional y el buen funcionamiento de la administración comunal.

“El interventor es una persona con sólida formación y muchas herramientas de gestión. Esta reunión sirvió para darle una recepción institucional y, a la vez, pactar un mecanismo de conexión semanal para trabajar en conjunto. Es importante destacar que el Legislativo debe trabajar en coordinación con el Ejecutivo, y hoy esa función recae en el doctor Pereira”, manifestó.

Añadió que el compromiso de la Junta Municipal es asegurar que los servicios esenciales para la ciudadanía, como la recolección de residuos, el mantenimiento de calles y demás prestaciones comunales, se mantengan operativos y no se interrumpan durante la intervención. “Tenemos un compromiso firme de que este proceso sirva para avanzar en la gestión y no retroceder”, enfatizó.

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Este miércoles, la organización PRO Desarrollo y la Consultora Mentu presentaron el informe anual sobre economía subterránea en Paraguay. Los datos revelan que, en 2024, la economía paralela en el país representó el 35,1 % del producto interno bruto (PIB), un equivalente a USD 15.000 millones.

El economista y director de Mentu, Hugo Royg, fue quien desglosó el informe. Expuso que pese a algunos avances en formalización y esfuerzos institucionales, la economía subterránea en Paraguay se mantiene elevada y continúa impactando negativamente en el desarrollo, la igualdad y la competitividad del país.

Precisó que este segmento incluye, tanto actividades informales como ilícitas, desde emprendimientos sin registros tributarios hasta redes de contrabando o lavado de dinero. Se trata de un conjunto de dinámicas que escapan al control del Estado, distorsionan los mercados, afectan la calidad del empleo y debilitan la institucionalidad democrática.

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El estudio utiliza el modelo econométrico MIMIC, que vincula la informalidad con factores como la pobreza, el desempleo, el autoempleo, la corrupción y el uso intensivo de efectivo. Los datos muestran que Paraguay cuenta con altos niveles en todos estos indicadores. Uno de ellos refiere que la informalidad laboral se mantiene por encima del 66 %, y el autoempleo alcanza el 42,5 %, “señal de precariedad en el acceso a trabajos formales”.

Así también, la desigualdad de ingresos es abrumadora: el 10 % más pobre de la población accede a un ingreso mensual promedio de apenas G. 392.000, mientras que el decil más alto supera los G. 2.800.000. Se estima que 6 de cada 10 trabajadores paraguayos son informales, y casi dos tercios de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no están registradas formalmente.

La presentación revela que, en comparación con otros países de la región, Paraguay se ubica entre los que tienen mayor proporción de economía subterránea. Está por encima de Argentina, Brasil, Chile, México o Uruguay, tanto en porcentaje del PIB como en impacto sobre el desarrollo humano; también advierte que existe una correlación directa entre economía subterránea y crimen organizado, lo que refuerza la necesidad de acciones coordinadas a nivel regional.

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“Aunque el porcentaje de informalidad disminuye levemente, en términos absolutos el volumen de la economía informal sigue creciendo, porque la economía en su conjunto también lo hace. Es decir, hay más actividad, y dentro de ella, también más informalidad. Esa es una preocupación clave”, dijo al respecto Hugo Royg.

Para finalizar, Hugo Royg expresó que reducir la economía subterránea no es solo una cuestión fiscal, sino que se trata de construir un país más justo, competitivo y resiliente. “El desafío es compartido por el sector público, privado y la sociedad civil”, aseveró.