Tras audiencia de imposición de medidas, la jueza Cynthia Lovera decretó la prisión preventiva del cantautor Pablo Benegas. En la audiencia, el fiscal Luis Fernando Chamorro imputó a Benegas por abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas.
Aunque la defensa solicitó medidas menos gravosas y alternativas a la prisión, ofreciendo una caución con un inmueble, alegando adicción a las drogas y amenazas recibidas vía redes sociales, el Juzgado Penal de Garantías, liderado por la jueza Lovera, analizó el caso y no dio lugar a la solicitud, decretando la prisión preventiva del acusado.
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Esto, atendiendo a que se presume la existencia del riesgo de fuga del acusado, para evitar enfrentar estos graves cargos. También se tuvo en cuenta la falta de elementos sobre la tasación del inmueble y condiciones de dominio que invalidaron la caución propuesta y el cantautor deberá cumplir la medida cautelar en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Antecedentes
Pablo Benegas es acusado de supuesto abuso sexual infantil y abuso sexual en personas indefensas. Las víctimas serían dos niñas de 11 y 15 años de edad que desde el viernes 10 se encuentran internadas en un Hospital de Barrio Obrero de Asunción.
El comisario Miguel Domínguez, jefe la Comisaría Primera Metropolitana, quien intervino en la detención, había referido que el aprehendido en sus primeras declaraciones dijo que solo mantiene vínculo de amistad con las menores. Sin embargo, tras un allanamiento encabezado por el fiscal Chamorro se hallaron elementos suficientes para su imputación y ahora prisión preventiva.
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Otro allanamiento a secta de “Pai de Santo” ante sospecha de pornografía infantil
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una comitiva fiscal y policial encabezada por la agente Vivian Coronel volvió a allanar anoche la casa donde funcionaba una secta, cuyo supuesto “guía espiritual”, que se hace llamar “Pai de Santo”, está detenido e imputado por abuso sexual en niños y adolescentes. Esta vez, la Fiscalía fue en busca de evidencias sobre pornografía infantil.
Otra intervención fue realizada en el Km 4, en el marco de la investigación del mismo caso. Entre ambos procedimientos fueron incautados 11 aparatos celulares, que serán revisados en busca de los vídeos de pornografía infantil que también habrían sido cometidos en la secta y de su “guía espiritual” imputado.
Los procedimientos se realizaron para incautar evidencias de nuevos hechos que surgieron en la causa, como la pornografía infantil, mediante videos de niños que estarían siendo vendidos a terceros, dijo a La Nación/Nación Media, el comisario principal Fredy Caballero, jefe de Delitos Económicos de la Policía de Alto Paraná.
El primer allanamiento fue a las 20:40, en la casa ubicada en el barrio Paseo Acaray, del Km 14 Acaray, de Minga Guazú, ya intervenida la semana pasada. Incautaron cuatro aparatos celulares, documentos varios y fotografías de personas, un cuchillo de metal, un arreador de cuero y una bandeja artesanal con piedras y una fotografía dentro de la misma.
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También incautaron prendas de vestir, palo de madera, guacha de cuero, patas de cabra, un santo y amuletos, además de cinco chips de celulares. Cabe recordar que esta casa está inmersa en rituales macabros, hallados la primera vez. El segundo allanamiento fue en una casa del barrio Pablo Rojas, sobre la calle Enrique Giménez y del lugar incautaron siete aparatos celulares más documentos varios.
La fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, Vivian Coronel realizó las intervenciones con personal policial de la División Inteligencia a cargo del subcomisario José Rolón, también del oficial inspector David Roldán, del Departamento de Delitos Económicos, unidad de Ciber Crimen, además del personal de las comisarías jurisdiccionales y del Departamento de la Trata de Personas, de la Policía Nacional.
La causa investigada es “sobre un supuesto hecho de Trata de Personas, Actos Homosexuales en Personas Menores, Tentativa de Abuso Sexual y otros”, y las órdenes fueron de la juez Cinthia Garcete. Ahora hay sospecha de pornografía infantil.
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Caso María Fernanda: ratifican prisión para el dueño de la farmacia
En el marco de la causa por el homicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, el juez José Armando Mendoza confirmó la medida de prisión preventiva para Franco Antonio Acosta Céspedes, dueño de la farmacia de donde el supuesto autor del homicidio habría comprado las píldoras abortivas.
La defensa de Acosta Céspedes había solicitado la libertad ambulatoria, pero el juzgado determinó que no se dan los presupuestos legales. Anteriormente ya habían solicitado también el cambio de calificación de la causa, pero el juez Gustavo Ovelar no dio lugar a la solicitud.
La causa figura como frustración de la persecución penal, atendiendo a que Acosta Céspedes no habría proporcionado toda la información solicitada por las autoridades al inicio de las investigaciones, lo que posteriormente llevó a varios allanamientos y más indagaciones.
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En el marco de las investigaciones, no solo se había corroborado la compra de las pastillas, sino que se encontraron otros medicamentos que también habrían sido comercializados en el mismo lugar. Se cuenta además con imágenes de circuito cerrado que ubican al supuesto autor del crimen en la farmacia en varias ocasiones.
Los encargados de la causa destacaron que este tipo de solicitudes aún no pueden ser aprobadas, ya que el caso se encuentra en pleno análisis de pruebas, remarcando que todas las aristas de este crimen, al igual que las evidencias que surgieron, están siendo analizadas.
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Estadísticas de abuso sexual en niños siguen siendo escalofriantes
El número de casos de abuso sexual infantil registrados en el Observatorio del Ministerio Público sigue siendo espantoso, pese a que ha producido una leve disminución en los últimos dos años. Esta es una situación que, pese a la gravedad, no despierta la conciencia colectiva con la fuerza necesaria que amerita y que sea capaz de reforzar las estrategias desde el Estado.
Los abusos sexuales en niños y niñas son –lamentablemente– parte de una realidad que se arrastran de antaño. Si bien en las últimas estadísticas compartidas por el Misterio Público disminuyeron algunos números, el flagelo continúa siendo una gran preocupación.
El caso de Felicita Estigarribia –“la niña de las mandarinas”– que en 2004, a sus 11 años, fue abusada sexualmente por un hombre quien no conforme con la vejación la estranguló hasta acabar con su vida. Este horrendo caso reflotó la indignación con el arresto del presunto autor, después de 21 años de aquel estremecedor suceso. Sin embargo, hechos sangrientos como este continúan ocurriendo en la actualidad, algunos más sonados, o más mediatizados que otros.
Otra triste realidad es que los casos de abusos a niños ocurren en el seno familiar o en el entorno más inmediato, por lo que es importante prevenir desde el hogar. Los profesionales enseñan que hay que apelar en la mayor medida posible al diálogo y enseñar a los chicos que nadie les puede tocar en las zonas privadas de su cuerpo.
Aunque parezcan mensajes repetitivos y gastados la insistencia –por qué no decir incluso la obstinación– en los cuidados son fundamentales para instaurar conciencia sobre el flagelo social que implican los abusos y que cualquier menor puede correr con esa suerte. Todos los ciudadanos de bien de este país tenemos la obligación de asumir el compromiso de una lucha que es válida: se trata del futuro de nuestras generaciones, el futuro del país y el mundo.
Pero señalemos algunas cifras lacerantes y duras. De 2021 hasta abril de 2025, el Ministerio Público, a través de las oficinas de denuncias, recibió un total de 15.023 causas por abuso sexual en niños a nivel país. Según este reporte, el promedio de víctimas es de 9 años y esto resulta escalofriante considerando que es una edad sensible, vulnerable, una etapa de la vida que requiere mucha contención para la formación, el discernimiento que se va adquiriendo con el desarrollo personal.
El detalle de los registros refiere que en el año 2021, año de pandemia precisamente, fueron investigadas 2.966 causas, mientras que, en 2022 ingresaron 3.812 hechos. En 2023, hubo 3.563 causas, mientras que el año pasado se cerró con 3.546 causas. En lo que va de este año 2025, hasta el mes de abril fueron reportadas 1.136 causas en la Fiscalía.
El 53 % de las víctimas tiene entre 10 y 13 años, el 34 % de los menores afectados tiene entre 5 a 9 años y el 14 % niños de hasta 4 años. Según el reporte del Observatorio del Ministerio Público, el 30 % de los presuntos agresores tiene entre 18 a 29 años, mientras que el 23 % corresponde a menores de 18 años; un porcentaje preocupante, ya que también se trata de menores de edad.
Otros datos igual de hirientes que proporciona el Ministerio Público señalan que el 26 % de los investigados por el hecho punible de abuso sexual tiene entre 30 a 44 años de edad. El 13 % corresponde a personas de 45 a 59 años de edad y el 7 %, a 60 años y más.
Resulta igual de increíble como personas que van entrando a la tercera edad caen en estos casos y se constituye también en una llamada de atención sobre el cuidado de la salud mental que debe abordarse para quienes afrontan esta etapa de la vida en la que generalmente se encuentran hastiados de renunciamientos.
Central, Asunción, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro acaparan estos números lamentables, y se han convertido en son zonas de mucha preocupación por los índices de denuncias.
La tarea no es fácil, desde luego; se torna compleja por los vínculos existentes en los casos denunciados. La pelea no es solamente hacer justicia, sino confrontar a seres queridos, divisiones familiares, reclamar al entorno. Son procesos que requieren tratamientos con cuidado extremo y tacto especial para llegar a la verdad detrás de los sucesos.
El Estado a través de sus instituciones se encuentra ante un desafío altamente sensible tanto para la implementación de proyectos de prevención como de contención y recuperación de las víctimas. El esquema tiene que encarar políticas más rigurosas, más visibles y empáticas, ya que todo dependerá de la receptividad de la ciudadanía y las familias en sumarse a la meta que persigue uno de los flagelos sociales más angustiantes: el abuso de los niños y niñas.
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Imputan a “Pai do Santo” por abuso sexual en niños en medio de rituales macabros
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Un hombre que se presenta como “Pai de Santo”, figura conocida como guía espiritual dentro de algunas sectas religiosas brasileñas, fue imputado por la fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, por los hechos de abuso sexual en niños, actos sexuales de menores de edad y violación del deber de cuidado.
De acuerdo al escrito de imputación, los indicios apuntan a que, entre enero y junio de 2025, en un inmueble ubicado en el km 14 de Minga Guazú, una especie de templo, el ahora imputado habría violado gravemente su deber de padre al exponer a su hija de dos años a ritos en medio del consumo de alcohol y cigarrillos, poniendo en riesgo su desarrollo.
Asimismo, atribuye al presunto guía espiritual haber realizado actos sexuales en diversas ocasiones, entre los años 2020 y 2021, con un niño de 9 años. Otra sospecha data de 2021, cuando el encausado habría realizado actos sexuales con un adolescente que tenía entonces 15 años.
Las agresiones, que se produjeron en Minga Guazú y Hernandarias, habrían comenzado con el agresor tocando a los menores de edad hasta llegar a actos sexuales más violentos.
La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos mediante una denuncia radicada por una persona, quien relató su participación en un culto con el supuesto “Pai de santo” y rituales con consumo de sustancias, agresiones y la exposición de menores. Los relatos realizados por la madre de una de las víctimas son terribles.
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En el marco de la investigación, las víctimas fueron asistidas por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ocasión en que relataron crudamente los abusos sexuales sufridos. Asimismo, el diagnóstico del médico forense determinó que los menores fueron violentados sexualmente.
La fiscal Vivian Coronel solicitó la prisión preventiva del imputado debido al peligro de fuga y a la posible obstrucción de la investigación, considerando la gravedad de los hechos y la familiaridad del imputado con las víctimas.
El nombre del imputado se mantiene en reserva para preservar la identidad de las víctimas menores de edad, una de ellas incluso es su hija pequeña de dos años, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.