Esta semana, desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) informaron que siguen las auditorías en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), tras detectar una serie de aspectos a ser mejorados en la atención a los pacientes oncológicos.

Desde la asociación confirmaron que se trata de un proceso integral y sostenido que busca fortalecer la atención oncológica pública en el país. La primera auditoría se realizó en la farmacia.

“Estas acciones buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la mejora continua en la gestión de los medicamentos y servicios. Uno de los desafíos fundamentales detectados es la ausencia de un Registro Nacional de pacientes que ha dificultado durante años una planificación adecuada”, detallaron en un comunicado.

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Actualmente, el registro se encuentra en etapa final de implementación, lo que permitirá una mejor toma de decisiones basada en datos reales y actualizados. “La cantidad de pacientes oncológicos aumenta día a día, y cada tratamiento varía según el estadio de diagnóstico y evolución individual del paciente”, indicaron.

Manifestaron que cada usuario requieren diferentes fármacos y muchos van utilizando combinaciones distintas. “No es competencia del Incan la compra de los medicamentos mediante amparos judiciales, ya que estas adquisiciones son gestionadas a través del nivel central (MSPBS). Son necesario procesos claramente definidos, para evitar superposiciones o malentendidos administrativos”, detallaron.

Agradecieron el esfuerzo de la doctora Jabbi Noguera y su equipo, quienes desde el inicio de este proceso están impulsando las correcciones necesarias para que muchas de las situaciones detectadas puedan resolverse.

“Instamos a las autoridades competentes a realizar un análisis riguroso y técnico sobre los casos de compras de medicamentos con fecha de vencimiento próxima”, concluyeron.

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El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna indicó que desde la bancada de Honor Colorado aguardarán primero el pedido formal del eventual de pérdida de investidura de la senadora liberal Noelia Cabrera, en el caso de los sobrinos acusados de planilleros. Refirió que primero se debe presentar el pedido para analizar en bancada.

“Si llegamos a la conclusión de que la senadora Noelia es la responsable, veremos qué postura tomamos. Vamos a ver el resultado del sumario, vamos a esperar, vamos a analizar en bancada y vamos a actuar de acuerdo a la decisión de la mayoría de los colegas de la bancada”, adelantó en conversación con los medios en el Senado.

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El senador señaló que hasta el momento solo se trata de una hipótesis por parte de la senadora Celeste Amarilla y la bancada Democrática, ya que aún no existe una presentación formal del pedido para aplicar el retiro de la investidura de la parlamentaria.

“Vamos a estar atentos a lo que expresó la senadora Celeste Amarilla, que dijo en diferentes medios de prensa que estarían presentando un pedido de pérdida de investidura, hasta el momento es una hipótesis, pero si eso se llega a concretar vamos a estudiar y vamos a analizar con la seriedad que corresponde y luego sacar una definición”, fueron las expresiones del legislador.

Cuestionó este tipo de prácticas en el Congreso, que termina por exponer a toda la institución y al presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez. “Creo que es una situación que expone a toda la Cámara y en especial al presidente del Congreso, que siempre está atendiendo a todos los colegas de la mejor manera, entonces yo desprecio esta situación”, sentenció.

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En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.

El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.

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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.

“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.

Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.

Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.

“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.

Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.

“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.

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El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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