El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“El banco (del grupo Zuccolillo) no debió hacer los desembolsos, tenía que resguardar que la operación o el objetivo de la fiducia se cumpla”, mencionó la jefa de Dictámenes y Contratos del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorgelina Gómez, al referirse al contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y la entidad bancaria por valor de G. 828.000 millones.

“A través del banco se buscaba resguardar los fondos para un objetivo específico que era la construcción de 4 hospitales. Existió una clausula establecida en el contrato de fideicomiso, para que el banco pueda hacer el desembolso se tenía que haber emitido los certificados de obras, que debían estar firmados por el fiscal de obras, por el director de infraestructura, por el gerente administrativo financiero y por el presidente del instituto”, indicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

“Resulta ser que el Instituto de Previsión Social es una entidad muy verticalista y su máxima autoridad institucional es el Consejo de Administración. Tuvo que haber sido el Consejo de Administración a través de una resolución, esa es la máxima autoridad institucional del IPS. Ningún funcionario por debajo del Consejo de Administración puede decidir este tipo de situaciones (desembolso) o modificaciones al contrato”, sostuvo.

Acotó: “La información que se tiene (sobre el avance de las investigaciones fiscales) es muy escasa, entiendo que están en una etapa investigativa, que están haciendo las averiguaciones porque esto también pasa mucho por el área de infraestructura, de la gerencia administrativa y financiera para hacer el cruce entre los certificados de obras que existían y los pagos que se realizaron”.

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El presidente del Congreso, Basilio Núñez, calificó como “desacertada” las expresiones del consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), Aníbal de los Ríos, al desmeritar el desabastecimiento de los hospitales del interior del país. El senador puntualizó que para su cargo gerencial, de los Ríos debe contar con la “cintura suficiente”.

“Le digo que hasta el último puesto de salud, ubicado en Toro Pampa, es importante si hablamos de salud. No podemos decir que solo se invierta en capital, como médico y senador me importa el puesto de salud distrital, el hospital regional, porque son los primeros lugares donde accede el ciudadano”, sentenció.

Núñez manifestó que la remoción del consejero de IPS consiste en una competencia de la ministra de Salud, María Teresa Barán. Afirmó que la secretaria de Estado seguramente evaluará el desempeño de su representante; “estoy seguro que la ministra tomará cartas en el asunto”, puntualizó.

El presidente del Congreso manifestó ante los medios de prensa del Senado que los centros sanitarios fuera de capital no solo brindan una primera atención a las urgencias ciudadanas, sino que también ayudan a descomprimir hospitales de referencia como IPS.

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El parlamentario se refirió también sobre las expresiones de algunos congresistas, entre ellos del sector opositor, quienes han manifestado su repudio ante el caso. “Me sumo a los senadores de la oposición”, indicó Núñez, enfatizando en la necesidad de no ser indiferentes ante este tipo de circunstancias.

Durante una reunión del Consejo de Administración del IPS, emitida el miércoles por la plataforma YouTube, de los Ríos expresó: “Estamos perdiendo plata a montones, no tenemos para comprar medicamentos porque no nos sobra, porque gastamos en estupideces”.

Agregó además: “Vos tenés que gastar tu plata en los hospitales grandes que son tu espejo. Son los que van a redituar tu imagen final. No te va a salvar el hospital de Ayolas de todos los quilombos”. Estas expresiones generaron críticas no solo de la ciudadanía, sino de diferentes autoridades, entre ellos los gobernadores del país.

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El presidente Santiago Peña visitó este viernes el Hospital Militar, para realizar un recorrido e inaugurar las mejoras realizadas en áreas importantes del nosocomio. El mandatario destacó el trabajo que se viene realizando para implementar mejoras en la atención médica.

Asimismo, este nosocomio recibió del Ministerio de Salud el certificado de registro y habilitación, en un proceso de renovación del certificado. Durante la visita el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el viceministro de Atención Integral a la Salud, Santiago Adolfo García Destéfano.

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“Mucho tiempo me tocó venir a habilitar también parte de un convenio entre las Fuerzas Militares y el Ministerio de Salud, mi compromiso ha sido siempre que las instituciones públicas estén al servicio de todos los paraguayos” expresó el mandatario.

De manera oficial, se realizó la habilitación de obras y mejoras del servicio de imágenes y del quirófano, habilitación del nuevo albergue, la habilitación de una nueva planta de oxígeno y la presentación de 29 vehículos adquiridos por las Fuerzas Militares.

Todo esto representa un esfuerzo continuo por parte del gobierno para mejorar los servicios de salud y garantizar que todos los paraguayos tengan acceso a la atención que necesitan.

Cabe resaltar que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa cuentan con un convenio en donde la cartera sanitaria utiliza la infraestructura del Hospital Militar con sus recursos, insumos y medicamentos para realizar cirugías programadas y reducir las listas de espera dentro del sistema público.

El convenio está vigente desde octubre de 2023 y ya permitió la realización de más de 1.000 cirugías menores o a pacientes de bajo riesgo.

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