Las salidas transitorias en las penitenciarías de todo el país constituyen un problema debido a la falta de un control efectivo. A fin de tener un registro de quienes salen y por cuánto tiempo, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dispusieron la implementación de relojes biométricos.
Este reloj será utilizado a los efectos de mantener un control más estricto en los centros penitenciarios semiabiertos y de semilibertad, según informaron en la página del Ministerio de Justicia. Con esto, se busca realizar un control cruzado de los registros de salidas transitorias, así como los registros de control de asistencia y control de horarios laborales.
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Según informaron, ese seguimiento se hará a través de los juzgados penales de ejecución, que tendrá a su cargo llevar el registro de las personas privadas de libertad. Según la disposición, el control se realizará a los efectos de reforzar el mejoramiento de la política criminal y penitenciaria.
La donación de los relojes biométricos fue gracias a la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, en coordinación con la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, que gestionaron el equipo que servirá para realizar el correspondiente control.
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Municipalidad de San Lorenzo plantea acción de inconstitucionalidad contra Ley del Servicio Civil
La Municipalidad de San Lorenzo presentó ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Función Pública y la carrera del Servicio Civil.
La solicitud es dejar sin efecto la determinación adoptada por el presidente de la República, Santiago Peña, quien días atrás promulgó la mencionada normativa que busca una administración pública más eficiente y justa al servicio de todos los paraguayos.
Los abogados Héctor Parodi y José David Macedo, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, firmaron el escrito de la acción de inconstitucionalidad promovida contra los artículos 1, 3, 4, 5, 8, 33, 35, 91, 118, 123, 125, 126 y 130 de la Ley N° 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil.
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A criterio de los letrados, son inaplicables porque violan la autonomía política, administrativa y normativa municipal garantizada en la Constitución Nacional, por lo que debe prosperar la acción. “La ley modificó la autonomía municipal, que pretende recuperarse por vía de la acción”, argumentan.
Ahora, la acción deberá ser estudiada por los integrantes de la sala constitucional de la Corte, César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos. Los altos magistrados deberán analizar la medida cautelar y decidir si corresponde o no suspender los efectos de la normativa.
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Corte estadounidense limita poder de jueces para vetar decisiones presidenciales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado ayer domingo su satisfacción por la última decisión del Tribunal Supremo, que limita las competencias de los tribunales para vetar decisiones presidenciales. “Un juez federal local de izquierda radical podía decidir la política de toda la nación y ahora ya no puede hacerlo”, ha afirmado Trump durante una entrevista con Fox News. Es “una decisión enorme”.
“Ha sido una de las decisiones más grandes”, ha insistido. “Ahora pueden actuar a nivel local, pero no tienen todo el poder. Un juez de Massachusetts no puede influir en Oklahoma ni en otros lugares de la nación”, ha apuntado. El Supremo anunció el pasado viernes una decisión que afecta a las denominadas “medidas cautelares a nivel nacional” que varios tribunales federales han emitido contra órdenes de Trump en cuestiones como la inmigración, financiación federal, diversidad, aunque ha dejado en el aire la cuestión de la ciudadanía por nacimiento, cuya suspensión es una de las ambiciones de la Administración.
“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo”, explicó la jueza Amy Conney Barret en representación de la mayoría conservadora del tribunal. “Resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, añade en un dictamen que ha contado con la opinión discordante de la bancada liberal (progresista) del tribunal, encabezada por la jueza Sonia Sotomayor.
Autoridad equitativa
La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al presidente Donald Trump una importante victoria el viernes pasado al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales. Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.
El máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no. “Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.
“Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”, añadió en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal. Las tres juezas liberales discreparon. El fallo tendrá consecuencias en la capacidad del poder judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses.
El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.
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El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.
Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.
El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideraron inconstitucional. Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias. Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.
Fuente: Europa Press/AFP.
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Paraguay avanza hacia un sistema carcelario con estándares internacionales
El Ministerio de Justicia avanza en la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que busca dejar atrás el hacinamiento, el desorden y la violencia que históricamente caracterizaron al sistema carcelario. Así lo afirmó el ministro Rodrigo Nicora, quien destacó la transformación estructural y operativa que ya se aplica en los centros penitenciarios de Emboscada y Minga Guazú, considerados los más modernos del país.
“Tenemos un modelo nuevo, el modelo paraguayo, con una gestión mucho más ordenada, planificada y enfocada en la reinserción social”, expresó Nicora, al tiempo de precisar que los nuevos recintos están divididos en ocho módulos independientes, con capacidad para 1.237 personas cada uno. “El que está en el módulo uno no sabe quién está en el otro, porque están completamente separados y clasificados por nivel de peligrosidad”, explicó.
Nicora sostuvo que Paraguay está migrando gradualmente hacia un modelo que toma como referencia experiencias exitosas de países como Brasil y Argentina, adaptadas a las necesidades locales, además de guiarse por los estándares establecidos en los acuerdos de los que nuestro país forma parte. Como parte de este proceso, también destacó la creación de un Instituto Técnico Superior para la formación profesional de agentes penitenciarios, avalado por el Ministerio de Educación.
El ministro subrayó que estos centros de alta seguridad albergan únicamente a personas ya condenadas, como medida para evitar el hacinamiento. Además, los internos participan en programas de reinserción social dentro de un entorno controlado y tecnológicamente vigilado. “Las penitenciarías están equipadas con más de 400 cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial, lo que permite un monitoreo constante y preciso del flujo de personas. Se activan alarmas ante movimientos irregulares”, detalló a la 650 AM.
Otro cambio clave es la implementación obligatoria de uniformes, regida por la resolución n.° 479. Esta medida, lejos de ser simbólica, responde a criterios de seguridad y control interno. “Cada color de uniforme identifica a qué módulo pertenece cada persona privada de libertad, y las cámaras están configuradas para reconocer tanto los colores como los rostros”, indicó.
A esto añadió, “lo que estamos haciendo es subir la vara. Nuestro objetivo es que este modelo quede instalado como legado, con estándares más altos, más orden y más humanidad en el sistema penitenciario”, concluyó el ministro.
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Reclusos de nuevas penitenciarías deberán usar uniformes
Este jueves, desde el Ministerio de Justicia informaron que en los nuevos centros penitenciarios las Personas Privadas de su Libertad (PPL), deberán llevar uniformes obligatorios para que pueden ser distinguidas dentro de la población. Los colores de los trajes serán amarillo y rojo.
Según informó el ministro Rodrigo Nicora, se trata de una medida que busca dar mayor seguridad, equidad y orden dentro de estos penales como avanzar a la modernización del sistema penitenciario. Además, aclaró que el uso de estos uniformes será de carácter obligatorio.
“Seguimos construyendo un sistema penitenciario más justo, humano y eficiente con la implementación del uso obligatorio de uniformes en los nuevos centros penitenciarios de Minga Guazú y “Martín Mendoza” de Emboscada“, expresaron desde la institución.
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Explicaron que mediante la resolución ministerial n.º 479. que dispone que cada PPL recibe un kit completo con uniformes diferenciados según régimen, estos son: amarillo para los de régimen convencional y rojo para los de régimen cerrado especial.
“La entrega de planificación escalonada continuará hasta superar más de 1.200 reclusos en ambos penales. Esta medida fortalece la seguridad, promueve la equidad y dignifica la vida intramuros”, aclararon.
La actividad de entrega de uniformes estuvo acompañada por autoridades de la institución esta tuvo el apoyo de UNOPS Paraguay, en el marco de un plan que busca cubrir a toda la población penitenciaria de los nuevos centros.
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