El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, remitió este miércoles al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la denuncia sobre un supuesto esquema de corrupción pública que salpica al diputado y vicepresidente primero de dicho órgano, Orlando Arévalo, a las fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, y a la jueza Sadi López.

La acusación fue impulsada por el juez penal especializado contra el crimen organizado, Osmar David Legal Troche, y surge tras el peritaje realizado al teléfono del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez Batista.

Rolón indicó que el Ministerio Público no posee potestad para desafectar a las agentes fiscales mencionadas, ni a miembros de otros poderes del Estado. “En virtud de esta limitación y en cumplimiento de sus funciones, dispuso la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a fin de que dicho organismo evalúe las medidas pertinentes y adopte las decisiones que correspondan conforme a derecho”, refieren desde la Fiscalía.

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Por otra parte, también se comunicó que el agente fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, reemplazará a Néstor Coronel en la causa. Este último había sido designado inicialmente por Emiliano Rolón.

El equipo esta conformado además por los fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdéz bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal. En el caso podría configurarse hechos punibles de tráfico de influencias, lavado de dinero y coima.

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La diputada Rocío Abed comentó que están analizando algunas modificaciones en el proyecto de ley “que crea juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer”, que obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores, el pasado 9 de octubre. La titular de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer adelantó que cuando reinicie el periodo legislativo, en marzo, se tiene previsto llamar a audiencias públicas sobre esta propuesta.

En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que la vida tanto de hombres como mujeres tienen el mismo valor, desde la concepción misma como lo establece nuestra Constitución Nacional, sin embargo es innegable que hay mayor cantidad de muertes de mujeres por parte de sus parejas o exparejas en el país. Al igual que existen, penosamente, muchísima violencia hacia niños, niñas y adolescentes. “Es un problema central, sistémico y endémico”, remarcó.

“En el ámbito penal celebro que se hayan endurecido y aumentado las penas para los abusadores de niños y niñas. Es muy importante sin embargo señalar que en la Cámara de Diputados hay un proyecto de Ley que viene con media sanción del Senado, que crea los Juzgados y Tribunales Especializados en Materia de Violencia contra la Mujer. Particularmente creo que la solución no pasa por la creación de esos juzgados especializados, sino amerita crear en la República del Paraguay el fuero en materia de Familia”, puntualizó.

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Abed manifestó que este proyecto de ley con media sanción había sido presentado por la senadora Lilian Samaniego y contó con el apoyo de sus colegas para su aprobación. No obstante, señaló que en la comisión que preside, junto con sus colegas están considerando la modificación, porque creen más oportuno contar con el fuero en materia de Familia.

Incluso, la comisión de Equidad Social, ya está trabajando con el ministro de la Corte Alberto Martínez Simón y todo su equipo, sobre todas las modificaciones que se estarán planteando al reinicio de las actividades parlamentarias.

“No obstante, vamos a seguir manteniendo reuniones con otra gente para plantear estas modificaciones. Este tema no se va tratar ahora en el receso parlamentario. Vamos a esperar que reinicien las actividades, porque me están pidiendo incluso que haya una audiencia pública, así como otras reuniones con especialistas del Poder Judicial, para ir mejorando la propuesta”, concluyó.

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Este jueves, la Policía Nacional logró detener a una veintena de personas que trabajan como cuidacoches en la ciudad de Asunción tras una serie de denuncias por supuesta extorsión con la que piden dinero a cambio de no dañar los vehículos de los propietarios. Entre los aprehendidos hay dos hombres con órdenes de captura y 16 con frondosos antecedentes penales.

Estos espacios son ofrecidos por los cuidacoches, sin embargo, exigen una cierta suma de dinero para que estacionen por un periodo y amenazan con dañar los rodados en caso de no pagar lo exigido. “De las 28 personas que logramos detener, dos contaban con orden de captura”, explicó el comisario José Velázquez, jefe de Seguridad Ciudadana de Asunción, en “Tarde de Perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Resaltó que 16 de las personas contaban con frondosos antecedentes penales y que 10 no tenían ningún tipo de antecedente. “Estas personas fueron llevadas hasta la comisaría para lograr identificarlas mediante sistema Afis. Siempre antes de los procedimientos comunicamos al Ministerio Público”, aclaró.

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Indicó que el operativo es denominado Registro de Personas y que abordan a los cuidacoches, muchos de ellos incluso cuentan con antecedentes por robo de vehículos. “Se trata de un procedimiento totalmente legal. Tenemos varias denuncias de que estas personas extorsionan para recibir una paga de dinero considerable por el servicio”, apuntó.

Agregó que ningún ciudadano debe estar obligado a pagar por un servicio por el que no solicitó o no corresponde. “Son personas del microcentro de Asunción. Este tipo de operativos lo hacemos hace casi tres meses y también lo hacemos en eventos importantes como las canchas, conciertos y otros sitios”, puntualizó. Todos los hombres siguen detenidos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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Hugo Tomás Ramírez Sosa, de profesión economista y catedrático universitario, tenía un lado oscuro que quedó al descubierto en la noche del sábado 26 de enero de 2002, cuando tomó un cuchillo y mató a su alumna, quien también era su amante… pero no quedó ahí, luego la descuartizó y arrojó sus restos en varios vecindarios de Asunción y Lambaré.

El docente, entonces de 44 años de edad, no había aceptado la ruptura de la relación de parte de la joven misionera Martha Raquel Orué Hirakawa, de 24 años, y cometió uno de los crímenes más macabros de la historia criminal del país. El hombre fue condenado a 21 años de cárcel en Tacumbú, donde se recibió de abogado, al cumplir casi 14 años de pena obtuvo libertad condicional en diciembre de 2016. Hoy vive aislado en una localidad del interior del país y poco se sabe de él.

En la mañana del domingo 27 de enero del 2002, una persona se comunicó vía telefónica con la comisaría de Lambaré para denunciar que había una bolsa negra tirada al costado de un motel, en zona de Colón y Humaitá, de la cual salía sangre. Los uniformados que acudieron a verificar el lugar se encontraron con el torso de una mujer.

Al filo del mediodía, sobre las calles Félix Bogado y 24 Proyectadas, en Asunción, se encontró otra bolsa que tenía la cabeza de una mujer. Sobre las calles Montevideo y Manduvirá encontraron en una similar bolsa dos brazos. Luego, sobre Las Palmas y 11 de setiembre arrojó las dos piernas de la víctima.

La joven le dijo a Ramírez que la relación llegó a su fin, luego de casi un año y medio, debido a sus celos desmedidos que volvieron tormentoso su romance, que seguían manteniendo a escondidas, pese a que cada cual ya tenían parejas formales. Ante esta determinación, el sujeto no estuvo de acuerdo y la amenazaba que, si no estaba con él, “no sería de nadie”.

Aquel fatídico 26 de enero de 2002, Marta, quien vivía en un inquilinato del centro de Asunción, recibió la sorpresiva visita de Hugo, que le dijo que respetaba su decisión y la invitó a cenar a su casa, ya en plan de amigos, en su casa en el barrio Kennedy de Lambaré.

La joven accedió ante la insistencia, sin saber que lo que le esperaba y que el plan para matarla estaba en marcha. En la vivienda de Ramírez todo fue más tranquilo, el docente estaba respetuoso, amable, le ofreció una cena, tomaron algo y, en un momento dado, le dijo a Marta que iba a corregir algunos exámenes y que quería que lo acompañe. La mujer estuvo un buen rato, sentada, mirando a su profesor revisar las pruebas y luego decidió tomar un baño.

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El docente ya tenía planeado asesinar a la joven, solo estaba aguardando tener una oportunidad y la encontró justamente cuando Marta estaba en la ducha. Hugo tomó un cuchillo de cortar carne de la cocina y entró al baño, vio a su víctima de espaldas y, sin dudar, la atacó tres veces, luego le dio cinco estocadas más en el pecho.

Con la misma arma con que le había quitado la vida, comenzó a descuartizarle las extremidades, luego le cortó la cabeza. Seguido, distribuyó el cuerpo desmembrado en bolsas de basura, cuerpo para luego comenzar a dejarlas en varios sitios de la ciudad de Asunción.

A continuación, llamó a su sobrino, que vivía cerca de su casa, y le pidió prestado su automóvil. Tras el macabro recorrido para deshacerse de las bolsas, Hugo volvió a su casa, limpió como pudo la escena del crimen, lavó el baño, el cuchillo y pensó en una buena coartada por si la policía llegaba a él. Entonces, llamó a su novia, con la que pasó el resto de la noche en su departamento, pero ese domingo volvió al sitio del crimen.

Ramírez fue detenido esa misma mañana en que se encontraron los restos de Martha, a partir del testimonio de una amiga de la víctima, a la que contó la pesadilla que implicaba esta relación. El olfato de la policía sospechaba que la coartada de Ramírez no se ajustaba a los hechos, por lo que volvieron a su casa con una orden judicial. Convencido de que borró toda evidencia, el docente dejó que ingresaran los expertos de Criminalística. La primera evidencia que encontraron fueron las bolsas negras muy similares a las que contenían los restos de la estudiante, pero eso no era contundente.

En el baño con luminol (un compuesto químico que resalta la sangre bajo una luz violeta), los investigadores encontraron gran cantidad de pequeñas partículas de sangre que fueron tomadas y analizadas. Luego se revisó el automóvil que estaba estacionado en la propiedad del profesor y en la cajuela encontraron manchas que parecían sangre, también había cabellos y un anillo, que más tarde la familia Orué reconocería como propiedad de Martha. Con todos estos elementos se detuvo a Hugo Ramírez como principal sospechoso del crimen.

Los resultados de las pruebas de ADN confirmaron que toda la sangre encontrada en el baño y el vehículo eran de la joven estudiante. Hugo Ramírez fue imputado por el horrendo homicidio. El proceso judicial fue breve, ya que todas las pruebas demostraban que el docente era el único autor del hecho: el 10 de diciembre de 2002 fue condenado a 21 años de cárcel.

El martes 27 de diciembre de 2016, Hugo Ramírez quedó en libertad, tras cumplir las dos terceras partes de su condena y por buen comportamiento. El profesor Ramírez, abandonó la cárcel con el rostro serio sin querer hablar con los medios de prensa que lo esperaban en la calle. Finalmente, accedió a responder un par de preguntas: “Ya pedí disculpas por mi error, fueron 14 años de encierro y en mi foja de servicio está todo lo que hice. Nunca tuvo incidentes dentro del penal…”.

Coincidentemente, ese mismo día, el 27 de diciembre de 2016, era promulgada la Ley n.º 5777 “de protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, cuyo borrador se redactó en el 2008, y que incorporó el feminicidio como una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres, donde, por lo general, el victimario tenía o había tenido una relación o vínculo (esposo, pareja, novio, expareja, etcétera) con la víctima.

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