El tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de San Pedro, otorgó 5 meses más de tiempo al Ministerio Público para seguir investigando al exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano y otras tres personas procesadas penalmente por estafa, cuya víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.

Con esta resolución, la Fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo el 18 de noviembre de este año, donde tendrá que presentar la acusación y el pedido de juicio oral para los procesados.

De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.

Te puede interesar: Concepción: alarma por circulación de billetes falsos de G.100.000

Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.

Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.

Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro.

Podes leer: Dimabel destruyó más de 9.000 armas de fuego vinculadas a procesos judiciales

El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

Le puede interesar: Políticas migratorias de Argentina se aplicará cuando salga la reglamentación, aclara Kronawetter

La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.

Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.

Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.

Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.

Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.

Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.

Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.

Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).

Siga informado con: Viajes del presidente tienen como objetivo posicionar a Paraguay como destino atractivo de inversión

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

Le puede interesar: Supuesta renuncia de Prieto es un “show”, cuestiona concejal

Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

Siga informado con: Paraguay celebra su Independencia en Jerusalén con presencia del canciller de Israel

El presidente de la República, Santiago Peña, resaltó que no existe antecedente en la historia del Paraguay sobre una política pública con un enorme contenido social para ayudarle a la gente más humilde como la que están llevando hoy adelante con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El Ejecutivo entregó en la fecha más de 400 títulos de propiedad en el departamento de Itapúa, durante un acto en la colonia Naranjito, distrito de San Rafael del Paraná.

Esta entrega de documentos de propiedad se suma a los más de 5.000 titulaciones que se tienen previstas solo en esta zona sur del país.

Le puede interesar: Subestación de Valenzuela será un pulmón energético, afirman diputados

El mandatario destacó la gestión que viene impulsando el ente agrario en favor de las familias campesinas. Precisó que en 20 meses entregaron más de 9.000 títulos a nivel país, de los cuales, el 60 % de las beneficiarias son mujeres jefas de hogar.

“No hay antecedente en la historia del Paraguay de una política pública con un enorme contenido social para ayudarle a la gente más humilde como la que estamos haciendo hoy con el Indert”, remarcó Peña.

Agregó que además de los resultados positivos, también hay muchas “barbaridades” que se deben corregir y que fueron perpetradas durante administraciones pasadas.

“En nombre de la reforma agraria mucha gente se benefició indebidamente a costa de la gente que debía ser beneficiada; hoy estamos trabajando para cambiar eso. Esta es la política que más satisfacción me genera, la entrega de títulos, porque es lo que finalmente le da valor a la tierra en el Paraguay”, expresó el mandatario.

En ese orden, aseguró que el Paraguay está cambiando de la mano de mujeres jefas de hogar, que día a día trabajan por un futuro mejor, haciendo alusión a Deisy, una de las beneficiadas con la regularización de su propiedad, tras años de lucha.

En la localidad de Naranjito, familias campesinas de las colonias 8 de Diciembre, del distrito de Tomás Romero Pereira; Ñemityrâ, distrito de San Pedro del Paraná, y Amistad, del distrito de Alto Verá, departamento de Itapúa, recibieron sus títulos de propiedad, de manos del jefe de Estado, el vicepresidente Pedro Alliana, y el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

Al respecto, Ruiz Díaz explicó que se puso en marcha en la fecha el revolucionario sistema de descentralización en titulación masiva de tierras, con la creación de una División Sur que unirá a los departamentos de Itapúa, Ñeembucú y Misiones.

Siga informado con: “El Gobierno está haciendo patria”, afirma diputada