Tras las manifestaciones realizadas por vecinos de la zona del Bañado Sur de Asunción a favor de la permanencia del oficial José Jiménez en la comisaría 24, el efectivo policial, quien se hizo conocido por grabar y posteriormente publicar sus procedimientos con el objetivo de transparentar el proceso, aprovechó este pedido para remarcar la necesidad de cooperación interinstitucional para hacer frente a las dificultades de la zona.

En conversación con La Nación/Nación Media, el oficial José Jiménez explicó que solicitó su traslado a otra dependencia no vinculada con el Sector 1 del Ministerio Público, ya que, desde hace tiempo, desde la dependencia en la que se encuentra y en el rol que cumple, ha solicitado entablar una mesa de diálogo con representantes del Ministerio Público para facilitar los trabajos, pero esto no se ha concretado.

“En varias ocasiones tratamos de armar mesas de diálogo u organizar servicios con los fiscales, pero nunca obtuvimos respuesta. Queremos reunirnos con ellos para explicarles la situación del bañado y los procedimientos que realizamos, ya que muchas veces nos cuestionan o por la liberación de los detenidos”, indicó el oficial Jiménez.

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El mismo reconoció que existen ocasiones en que los recursos públicos son limitados y que es entendible que los agentes fiscales no puedan acompañar todos los procedimientos, pero que al menos desde el cuerpo policial necesitan contar con el respaldo y la respuesta efectiva por parte del mencionado ente y sus representantes.

“El apoyo de la gente se da hacia nosotros porque transparentamos todas nuestras funciones y procedimientos dentro de la comisaría y damos respuesta a las necesidades de la gente, y muchas veces el cuestionamiento de ellos es que se le agarra al delincuente y se le suelta otra vez y no hacen caso a sus pedidos; por eso nosotros nos reunimos con las comisiones vecinales y les explicamos y mostramos los documentos”, manifestó el oficial José Jiménez.

El mismo remarcó que el ideal de los efectivos que prestan servicio en esta zona es contar no solo con el acompañamiento del Ministerio Público, sino también poder formar una mesa de trabajo con ellos y otros entes como el Ministerio de Salud y los equipos de prevención del consumo y distribución de drogas, ya que la situación que atraviesan los pobladores es bastante compleja.

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En la mañana de este martes, efectivos del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, con acompañamiento fiscal, llevaron adelante cinco allanamientos a viviendas ubicadas en la zona del Club Puerto Sajonia de Asunción, desde donde operaba una red de distribución y comercialización de estupefacientes.

Según los datos socializados por los intervinientes, desde este lugar se llevaría a cabo la distribución y comercialización de marihuana, cocaína y crack para su posterior venta en discotecas, bares y fiestas de todo Asunción, volviéndose así una de las redes de microtráfico más importantes de la zona.

“Esta intervención se realiza en el marco de una investigación de hace meses, que inclusive contó con el seguimiento de las personas ahora detenidas, quienes fueron plenamente identificadas como las involucradas en este ilícito. Los mismos serían los encargados de repartir droga para diferentes puntos de la ciudad”, comentó la fiscal Ingrid Cubilla, en conversación con el canal de noticias NPY.

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Los detenidos fueron identificados como Jorge Armando Millán, Mauro Rafael Fernández Millán, María Mercedes Bernal Toledo, Blanca Elizabeth Almada y José María Fernández Millán, todos mayores de edad.

La misma explicó que todos los detenidos son parte de una misma familia que, si bien viven en diferentes casas, todas están una al lado de la otra, logrando comunicarse prácticamente de forma directa.

Durante el procedimiento se logró la incautación de una importante cantidad de marihuana lista para su redistribución, varias dosis de cocaína y de crack; así también, se incautaron varias motocicletas que serían utilizadas por los sindicados para la distribución de la droga, armas de fuego, balanzas de precisión y otros indicios utilizados para el tráfico y venta de drogas.

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Personal del Departamento de Investigaciones de Amambay continúa trabajando para dar con los autores del asesinato del abogado Gustavo Medina, ocurrido el pasado jueves, cuando el mismo retiraba a sus hijos de su colegio ubicado en el centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Con el acompañamiento de una comitiva fiscal, los investigadores llevaron adelante dos allanamientos en diferentes barrios de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Una de las intervenciones se realizó en una vivienda que habría sido alquilada por Carolina Candia León, quien sería pareja de Arnaldo Barrios Alvarenga, oriundo de Capitán Bado.

Estas dos personas están siendo buscadas porque la mujer sería el nexo logístico de la operación, mientras que su pareja habría sido uno de los ejecutores del atentado. En la vivienda donde aparentemente se hospedaba, fueron hallados varios elementos que apuntan hacia el hecho investigado.

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Gracias a los documentos hallados en el lugar, también se logró conectar con un local comercial alquilado por Candia León, pero se encontró vacío, aún así se recogieron algunos documentos que guardaban relación con la pareja buscada.

En cuanto a la tercera persona buscada por los investigadores, se trata de Shirley Bordón, a quien identificaron como el enlace que abastecía de comida e insumos a los perpetradores del atentado, por lo que también sería una pieza clave dentro de la investigación.

Informes revelan que Gustavo Medina Carneiro fue acusado por los fiscales Omar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres de ser el responsable de realizar lavado de dinero del narco Jarvis Chimenes Pavao, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad del Brasil.

El profesional del derecho fue acribillado por dos sicarios frente a sus dos hijos menores de edad. Los criminales utilizaron potentes pistolas automáticas calibre 9 milímetros para cometer la ejecución. En su momento, el abogado estuvo prófugo y luego se presentó ante la justicia, logrando ser beneficiado con la prisión domiciliaria.

José Doldán, representante de ahorristas de la cooperativa Poravoty, lamentó el poco avance en la intervención por el supuesto desfalco en detrimento de los socios. Dijo que los propios afectados están cumpliendo el rol del Ministerio Público y tratando de elaborar un plan para recuperar el dinero depositado y reactivar la institución.

“Tarde o temprano nos van a entregar un informe final y sobre eso nosotros tenemos que trabajar y ver la forma de reactivar la cooperativa”, señaló a la 1020 AM.

Aseguró que la prioridad de los socios es que al menos las personas que están enfermas empiecien a recuperar sus ahorros.

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“Nosotros somos el primer grupo que estamos poniendo pecho y estamos haciendo ruido. Después vamos a exigir el fondo de garantías para las cooperativas. Esto tiene que terminar ya, mientras no haya un fondo de garantía, es una alerta para todas las otras cooperativas que en este momento no es seguro ninguna cooperativa”, expresó.

Se quejó de la falta de apoyo del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), y el respaldo de un fondo para este tipo de casos. “Si el Incoop no nos apoya, entonces por lo menos que tengamos un fondo de garantía”, manifestó.

El vocero de los ahorristas aclaró que la cooperativa desde sus inicios fue una institución abierta para los policías y luego extendieron a todos los interesados en general. “Y ahí captaron empresarios, ahorristas, inversionistas y de ahí que comenzó a subir muy grande la cartera de ahorros. Eso fue lo que pasó en esta cooperativa”, puntualizó.

Comentó que hay dos fiscalías interviniendo en el caso, de Asunción y San Lorenzo, respectivamente. “La Fiscalía de Sajonia que es antidisturbios fue a raíz de la manifestación que hicimos frente a la Central de Cooperativas. Y a consecuencia de esa manifestación fuimos denunciados. De ser víctimas fuimos revictimizados”, lamentó.

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