El fiscal Óscar Fernández sostuvo que con la apertura de la caja fuerte se podrá decidir el futuro de los pilotos de la aeronave incautada en la ciudad de Quyquyhó. Adelantó que no observó ninguna situación de violencia en ellos, pese a que habían denunciado ser víctimas de un supuesto secuestro.

“Este es un hecho que aconteció el día sábado en el horario de la mañana, donde la avioneta fue contratada a los efectos de transportar una caja fuerte al departamento de Canindeyú, donde debía haberse realizado la entrega”, relató al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Yo ordené la detención de los mismos porque conforme a sus manifestaciones el tema del secuestro, yo accedí a una filmación que obtuvieron los oficiales que están a cargo de la investigación. Y realmente yo no observé ninguna situación de violencia o fuerza, o atraco relacionado así a un tipo de secuestro. O sea, esa imagen no me coincide con la declaración de los pilotos”, remarcó.

El agente del Ministerio Público indicó que llegando al lugar el piloto y el copiloto descendieron de la aeronave y supuestamente fueron secuestrados por cuatro personas de nacionalidad brasileña.

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“Dos de ellas suben en el avión y dos de ellas quedan en el vehículo que posteriormente fue abandonado e incinerado”, describió. Siguió contando que una vez en el aire ambos fueron obligados a dirigirse a Bolivia, pero por el camino el piloto alertó que iba a quedar sin combustible.

Entonces, se dirigen hacia Concepción donde quisieron descender y el piloto nuevamente advirtió que hay un destacamento militar por lo que iba a ser imposible cumplir la orden de aterrizaje en ese sitio.

“Entonces vuelven a la ciudad de Paraguarí donde descienden en la parte de Quyquyhó (María Antonia) en una estancia. Cuando ellos bajan, vecinos alertan a la Policía de la zona a los efectos de que puedan proceder y se constituye en el lugar”, subrayó.

Supuestamente en el lugar, los pilotos fueron llevados hacia una zona boscosa y sus captores huyeron, conforme declararon los afectados.

Así también, el agente fiscal Fernández indicó que hay varias hipótesis en torno a la caja fuerte incautada y que debe ser revisada con autorización judicial. Se sospecha que podría contener cocaína o dinero en efectivo, o lingotes de oro. La apertura debe ser autorizada por la juez penal de garantías de Quiindy.

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La agente fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, alertó sobre la expansión de las pandillas vinculadas a los clanes vinculados al narcotráfico en los barrios de Asunción.

“Hoy por hoy lo que nosotros estamos visualizando mucho es la creación, el establecimiento así como la propagación de pandillas vinculadas a clanes que se van formando”, señaló a la 1020 AM.

Aseveró que estos grupos “se van agrupando y expandiendo a nivel de los barrios”. Se refirió puntualmente al operativo Dominatus, desplegado el pasado 25 de junio en el barrio Ricardo Brugada, que permitió desarticular algunos grupos criminales que generaban zozobra en el vecindario.

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“Particularmente, dentro de la unidad hace poquito tuvo desarrollo el operativo Dominatus que se realizó en el barrio Chacarita, un lugar donde se han identificado, al principio, a dos bandas como los arroyenses o pelopinchenses”, relató.

La abogada Cubilla confirmó que se descubrieron otras subdivisiones dentro de estas bandas criminales. “Dentro de esas barras hay otra vez como minigrupos donde se van especializando, agrupando de acuerdo a los objetivos y la rivalidad que hay entre ellos”, detalló.

Explicó que estas bandas, aparte de la comercialización ilícita de armas para su utilización en varios hechos punibles, también están vinculadas con la venta de sustancias estupefacientes. Dijo que, entre los miembros, el consumo de droga viene a ser ya prácticamente parte de la dinámica diaria.

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“Nosotros lo que siempre establecemos, al menos a nivel de práctica dentro de la unidad especializada, es identificar al consumidor que solamente es consumidor, pero así también de la persona que comercializa”, manifestó.

En este punto, la fiscal aclaró que, por un lado, se busca la rehabilitación del consumidor, pero sin dejar de lado la sanción penal, que constituye la función propia de la Fiscalía. “El Ministerio Público ya va por la represión del hecho, es la sanción de la persona que está vinculada a los hechos de comercialización ilícita de sustancias estupefacientes”, puntualizó.

Una familia decidió denunciar a una cuidadora tras el fallecimiento de una mujer de 103 años, al asegurar que hubo negligencia. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, pero la acusada sigue en libertad.

Según los denunciantes, la abuela era víctima de maltratos físicos y verbales por parte de Lourdes Mabel Morel, la persona contratada para asistirla en su residencia, ubicada en el barrio Ykua Satí de Asunción.

Según se observa en un vídeo presentado como prueba, en una ocasión la anciana se cayó de la cama y su encargada le pidió que se levante sola.

En otra grabación se escucha que la mujer le exige que le avise cuando “hace popó” . “Paráte abuela te estoy limpiando, qué estúpida, imbécil, inútil”, se escucha decir a la cuidadora, mientras la paciente gime de dolor en el suelo.

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Los hechos se dieron el 6 de enero pasado y tras el grave incidente, la adulta mayor falleció. Los familiares se encontraban en Brasil cuando recibieron la triste noticia. Radicaron la denuncia y ahora reclaman que la Fiscalía aún no citó a la sindicada.

Claman que se inicie ya la investigación y que la presunta autora sea procesada, ya que a siete meses del trágico suceso los fiscales intervinientes no llamaron aún a declarar a la mujer.

“Nosotros estábamos con mi familia en Brasil y habíamos salido el fin de semana y el lunes 6 al mediodía me envía un audio la cuidadora avisándome que mi abuela se cayó y que no estaba reaccionando”, relató la nieta de la fallecida a Telefuturo.

Dijo que la mujer se había ganado la confianza de su familia y se encontraba trabajando en la casa desde junio del año pasado.

“Teníamos buen trato con ella, no le debíamos nada, cobró su salario, su aguinaldo. Le acompañó ese día de Año Nuevo, nosotros vinimos le vimos a la abuela y nos despedimos de ella, estaba en perfectas condiciones”, detalló.

Según la joven, la abuela tenía su geriatra de cabecera y no presentaba complicaciones en su salud, e inclusive caminaba y comía sola.

“Ese día desayunó sola, e incluso iba al baño con su andador. Ella (cuidadora) solamente caminaba a su lado. Y vinimos desesperadamente para ver qué es lo que aconteció. Y llegamos 24 horas después para el velorio y para despedirnos”, subrayó.

Dijo que al revisar las cámaras de la casa para indagar sobre lo que pasó, se percataron de que la abuela se había caído seis veces.

“Y se arrastró por toda su pieza, se levantó sola, ella no le ayudaba a levantarse y le hostigaba, le maltrataba verbalmente, le humillaba. Mi abuela gritó seis veces mi nombre llamándome y ella le grita y le dice que se levante así como se tiró. Mi abuela no se tiró, ella le forzó a que se caiga y no le ayudó en ningún momento ni tampoco pidió ayuda a tiempo, ni tampoco nos avisó a tiempo para que podamos socorrerle de alguna forma”, subrayó.

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Un técnico electricista que trabaja con la Administración Nacional de Electricidad (Ande) denunció haber sido agredido por una mujer al intentar retirar el medidor eléctrico de una vivienda por falta de pago del servicio. El trabajador incluso dijo que fue amenazado con un arma de fuego, en un hecho que se produjo en el barrio Jara de Asunción.

Cuando el hombre explicó que contaba con una orden de trabajo, la dueña de casa cuestionó el procedimiento y exigió la entrega del documento. Ante este hecho, el electricista aclaró que solo podía mostrar el papel, con lo que la señora se abalanzó y lo golpeó, según quedó registrado en un video socializado por la víctima.

“No podes ser así señora. ¿Por qué sos violenta?”, recriminó el electricista tras la agresión, identificado como Andrés Báez.

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Una vecina, que se presentó como la abogada “doctora Marcela Espínola”, se solidarizó con los propietarios de la casa y también amenazó que “le iba a fundir” al técnico, alegando ser allegada de una autoridad.

En total, la casa intervenida tenía 19 facturas impagas, por lo que se autorizó el retiro del medidor, según la orden exhibida por el electricista. “Aikéta ndéve plomo hína! Mba’e pio imbécil, claro que tengo arma. Te voy a cagar a trompadas”, amenazó otro hombre, conforme se observa en la grabación acreditada como prueba por el denunciante.

El denunciante contó la complicada situación que afrontó cuando intentó cumplir con su labor. “Teníamos una orden de trabajo, estábamos verificando el medidor que tenía las 19 facturas vencidas. Al percatarnos que el medidor estaba en esa casa, llegamos y, justamente, se acercó un señor diciendo que es de la casa y en contados segundos ya le increpó a mi compañero. Se acerca, me amenaza y me empuja, y me muestra un arma de fuego”, relató al canal NPY.

Comentó que tuvo que filmar con el celular todo lo acontecido como resguardo. El joven pudo identificar al hombre que le amenazó con la pistola como Daniel Correa. “Gracias a Dios pude seguir filmando, porque lo que él quería seguramente era que yo siguiera su juego y que le agrediera también. Y hasta el último momento pude filmar, gracias a Dios”, manifestó.

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