El titular del Ministerio de Justicia, Ángel Barchini, habló ante los medios de prensa sobre el recorrido que se encuentra realizando por los centros presidiarios del país, con el objetivo de materializar la renovación de la política penitenciaria. Además, declaró que el equipo de la cartera del Estado se encuentra trabajando en la verificación de posibles incidentes en el penal de Tacumbú, buscando el fortalecimiento de la presencia estatal en el lugar de reclusión.

“Estamos viendo también la situación de las personas privadas de libertad, para hacer realidad un viejo anhelo y separar a las personas imputadas de las personas sentenciadas. Vamos a reformar totalmente el sistema penitenciario de Tacumbú y venimos personalmente a interiorizarnos de las labores realizadas para el efecto”, puntualizó el secretario de Estado en referencia a la lucha constante de la institución contra los hechos delictivos.

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Manifestó así estar enfocado en trabajar en la desarticulación del crimen organizado en los centros penitenciarios del país. Con respecto a la separación de las personas procesadas y sentenciadas, destacó la probabilidad de hacer posible dicha intención para el mes de junio, luego de la instalación de una nueva penitenciaría ya en funcionamiento.

“Empezaremos a trabajar también con estas personas en lo que refiere a la ayuda psicológica y en cuanto a la formación de capacidades, para que puedan contar con un oficio al momento de salir de un centro de reclusión. Estamos con un fuerte programa de reinserción, hay mucho trabajo por delante y con el viceministro Rodrigo Nicora impulsamos muchos planes penitenciarios para tener resultados a corto y largo plazos”, señaló Barchini.

Reiteró además que cada una de las labores desarrolladas se ajustan a la línea de trabajo prioritario del propio presidente de la República, Santiago Peña, quien, a decir del ministro de Justicia, busca desarticular por completo todo tipo de estructura criminal y delictiva instalada en diversos estamentos. Ante esto, recordó las gestiones coordinadas que se llevan adelante con el ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional, el comandante de la Policía Nacional y el fiscal general del Estado.

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