El Ministerio de Justicia, encabezado por Rodrigo Nicora, denunció ante el Ministerio Público un presunto esquema de lavado de dinero en el montaje de un negocio de picantes que funciona en la penitenciaría de Emboscada. Se trata de la marca denominada Prisioneros del sabor, la cual es elaborada por los reclusos.
Las sospechas apuntan a que el funcionamiento de la empresa se encuentra vinculada al megaoperativo internacional A Ultranza Py. La instalación de la firma encabezada por Marcelo Lee, de 36 años de edad, fue realizada a finales del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez.
De acuerdo a las informaciones proveídas, la salsa picante llega a más de 200 puntos de venta en cadenas de supermercados y restaurantes, con una producción de 16.000 botellitas por mes. Su funcionamiento se daría mediante la financiación de Luis Cebriano, uno de los imputados dentro de la causa que también investiga a los supuestos narcos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset.
“Queriendo saber de dónde vino la inversión y quién puso los materiales, fue que llamó la atención la rapidez con la que se montó la fábrica. Esto era algo que se veía con buenos ojos debido a la reinserción de las personas, pero llamaba la atención la infraestructura. La intención sería seguir lavando dinero”, dijo a la 1020 AM el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez.
La acusación fue formulada ante la unidad del fiscal Deny Yoon Pak, quien a su vez remitió los antecedentes a la Unidad Antilavado del Ministerio Público, en donde se presume se abrió una investigación penal.
“Quiero dejar en claro que apenas asumió el nuevo gobierno inmediatamente requerimos informes y posteriormente pusimos a conocimiento del Ministerio Público para que lleguen a los culpables. Muchas veces no sacamos la información para no entorpecer el proceso. Lamentamos mucho de que haya salido a la luz, pero seguiremos ahora como se pueda”, indicó el viceministro.
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