Este domingo, se reportó el fallecimiento de un electricista identificado como Anselmo Fernández, de 34 años, a raíz de una electrocución cuando realizaba trabajos en una línea de baja tensión. El hecho se dio en el barrio Santa Ana, de Ciudad del Este.
A través de un comunicado oficial emitido en su red social “X”, la Ande aseguró que no tenían conocimiento del trabajo que se estaba llevando a cabo en el lugar, ni había autorizado la manipulación de las redes de baja tensión en esa zona.
Tras el hecho, fueron notificados rápidamente los Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, quienes en compañía de los técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) procedieron a liberar y bajar el cuerpo del trabajador, el cual quedó atrapado en el tendido. Al lugar también acudieron la fiscal de turno, Julia González y el médico forense.
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“La Institución lamenta profundamente este hecho y pide a la ciudadanía que no manipule las redes eléctricas, recordando que la Ley 966/64 Carta Orgánica de la ANDE prohíbe expresamente el suministro clandestino a terceros por parte del usuario a través de sus propias instalaciones, así como la manipulación de las redes eléctricas sin autorización y supervisión de la ANDE”, señala en otra parte del comunicado.
Desde el ente remarcaron la importancia de que los ciudadanos en especial los trabajadores que deban de realizar operaciones vinculadas a los tendidos eléctricos notifique debidamente a la institución para que de ser necesario acudan al lugar técnicos de la misma a realizar lo soportes correspondientes justamente para evitar escenarios lamentables como el registrado en la fecha.
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Fiscalía urge retiro de camiones mal estacionados y advierte a autoridades
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal penal de turno, Alcides Giménez Zorrilla, solicitó formalmente al director de la Patrulla Caminera de Alto Paraná y al director de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este, que procedan con carácter urgente al despeje de camiones de gran porte estacionados en forma indebida sobre la Ruta PY02.
El tramo específico sobre el que se solicita es el comprendido entre el kilómetro 7 y la rotonda “Oasis” o del Km 1. En las notas remitidas a los responsables de ambas instituciones, el representante del Ministerio Público invocó el cumplimiento estricto de la Ley 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial.
Remarca sobre lo “establecido en el artículo 67, inciso B, que prohíbe el estacionamiento de vehículos en lugares donde se afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito, se oculte la señalización o se forme doble fila”.
La medida responde a reiterados reclamos ciudadanos y advertencias sobre el constante riesgo que implica para la circulación vehicular, el estacionamiento de camiones en la banquina, en filas que llegan a tener varios kilómetros.
Como parte de la causa del pedido, el fiscal Giménez Zorrilla recordó que ya se registraron desenlaces fatales en el tramo citado, a causa de los camiones mal estacionados.
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Responsables podrían ser procesados
El fiscal instó la liberación inmediata de la ruta y advirtió a las autoridades que “el incumplimiento de su requerimiento podría derivar en la apertura de una causa penal, conforme al artículo 216, inciso 1°, del Código Penal, que sanciona las intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”.
“El que, como responsable de la seguridad del tránsito, causare o tolerare un estado gravemente riesgoso de dichas instalaciones, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”, dice el citado artículo, recuerda el fiscal.
El movimiento de camiones en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, por el Puente de la Amistad es incesante. Por norma establecida entre pares de ambos países, en defensa del comercio fronterizo, los camiones deben cruzar desde las 16:00. Sin embargo, ocupan la calzada todo el día, en espera del turno para pasar.
En el horario nocturno suele registrarse doble fila, incluso sobre los viaductos, representando mucho peligro. La Cámara de Comercio y servicios de Ciudad del Este, viene realizando cuestionamientos en el mismo sentido y enviando notas a las instituciones.
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“Prieto hizo una defensa política, no técnica; hay hechos gravísimos que ameritan intervención”, sostienen
El diputado Alejandro Aguilera cuestionó la presentación del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ante la Comisión Especial. A su criterio, el jefe comunal no ofreció respuestas técnicas a las denuncias, sino que optó por una defensa política que no logró despejar las numerosas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República.
“El contralor estuvo muy sólido, fue muy concreto en el desarrollo del dictamen. En cambio, el intendente de Ciudad del Este habló con muchas evasivas, haciendo más bien una defensa política antes que una defensa técnica, que es lo que debía haber hecho”, señaló Aguilera.
El legislador calificó de “gravísimas” las irregularidades detectadas por la Contraloría, entre ellas, la admisión pública de nepotismo por parte de Prieto. “Es un corrupto confeso al admitir que cometió actos de nepotismo. Lo dijo en televisión y ayer ante la comisión lo volvió a ratificar”, afirmó ante la 650 AM.
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Aguilera también denunció un faltante de documentos respaldatorios en el uso de más de 42.000 millones de guaraníes y el incumplimiento reiterado de la Ley Orgánica Municipal, específicamente en lo referente a los límites de inversión de capital y gastos corrientes. “Él infringió la ley todos los años, y su excusa fue: ‘infringí esta ley para solucionar un problema’. Pero el camino de la ilegalidad nunca puede ser una justificación”, enfatizó.
El diputado recordó que la Contraloría basa su pedido de intervención en auditorías correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022. Según indicó, a partir del 2023 el órgano contralor ya no pudo acceder a la documentación, debido a que la Municipalidad argumentó que los documentos se encontraban en el Tribunal de Cuentas.
“En el informe de la Contraloría se indica que encontraron indicios de hechos punibles en más de 239 casos. Fueron reportados al Ministerio Público, pero muchos están retrasados, otros no fueron investigados y algunos ya fueron sobreseídos”, denunció Aguilera, cuestionando la pasividad de la Fiscalía.
Intervención legítima
Por todo ello, consideró legítimo el pedido de intervención promovido por la Contraloría. “El contralor creyó conveniente que entre un interventor y pueda controlar absolutamente todo”, explicó. El diputado recordó que la función de la Comisión Especial no es probar culpabilidad, sino determinar si existen indicios suficientes que ameriten una intervención.
“Hay cuestiones demasiado graves que afectan al patrimonio de Ciudad del Este. Que existan 239 indicios de hechos punibles es gravísimo, y que el Ministerio Público no haya hecho su trabajo, es aún más grave”, concluyó.
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El Este amaneció con más de 50 casas inundadas y rodados “tragados” por raudales
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los barrios ubicados en áreas bajas de la capital de Alto Paraná amanecieron inundados tras la lluvia de toda la noche; los más afectados son los que están en áreas de influencia de arroyos que se desbordaron.
En “Che La Reina”, del Km 4, la primera comunidad anegada por las aguas tras cada temporal, tiene unas 50 familias afectadas, según reportó la comisaría del barrio Pablo Rojas, a cuya jurisdicción corresponde.
El barrio “23 de Octubre” es otro con la misma situación, siendo afectadas unas 20 casas por el desborde del arroyo Amambay. En varios otros barrios, hay calles intransitables porque se convirtieron en arroyos y los raudales persisten, con algunos rodados “tragados” que tuvieron que ser rescatados con máquinas posteriormente. La falta de desagües afecta a gran parte de la ciudad.
En los barrios San Roque y Fátima, hacia la zona de Presidente Franco, toda la parte baja con cursos hídricos de por medio, amanecieron copados por agua, en muchas calles, sin vías de circulación para los pobladores durante la noche, hasta promediar esta mañana.
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En el microcentro de Ciudad del Este, puestos de ventas, estructuras en la calle y rodados fueron llevados por el raudal nocturno; el daño no fue peor, atendiendo al movimiento escaso durante la noche. La avenida Concejal Romero, en zona del Lago de la República, como siempre, también quedo intransitable.
Bomberos voluntarios trabajan intensamente para el rescate de personas, mientras que funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad, intervienen en sitios peligrosos, con cables caídos y casas inundadas.
Personal de la Ande también opera en la reposición de energía en otros sectores de la ciudad. Hasta ahora solo se reportaron daños materiales, según los diferentes informes del personal policial de los barrios.
En el norte de Alto Paraná, en Mbaracayú, en la tarde ayer el temporal fue con granizada por unos 20 minutos, según el comisario Lucas Báez, de la comisaría 14. Agregó que no tuvo ningún reporte sobre daños. Por su parte, la intendenta Nanci Algarin dijo a La Nación/Nación Media que en el centro urbano no causó daños, pero aún resta ver las consecuencias en el sector rural.
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Diputado Aguilera: “Prieto no convenció, admitió varias violaciones legales”
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se presentó ante la Comisión Especial que investiga el pedido de intervención a su administración. Según reveló el diputado Alejandro Aguilera, integrante de esta comisión, el jefe comunal terminó admitiendo varias de las irregularidades denunciadas, no obstante, trató de defenderlas.
“Realmente no convenció mucho, desde mi punto de vista al menos. Se escudó mucho diciendo, rompí esta ley, para mejorar esto, él admite muchos rompimientos de la ley de su parte. Cuando se le preguntó respecto al faltante de documentos respaldatorios, mostró unas planillas, que no son los respaldatarios que uno como ordenador de gastos debe tener. Hay mucha nebulosa, no supo justificar, convencer ni rebatir los argumentos de la Contraloría”, aseveró.
En contacto con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que la intervención de la Contraloría se basó en el desarrollo de los principales puntos del dictamen por el cual se solicita la intervención, entre los cuales se destaca casos de nepotismo, falta de documentos que justifiquen el gasto de más de G. 40.000 millones, el nivel de gasto corriente que supera al 60 % establecido por la ley y que escala al 70 % en la comuna esteña.
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“En una entrevista que tuvo con un medio de comunicación le preguntaron por la contratación de su prima y él dijo que la Junta Municipal fue la que la contrató, yo le dije que miente, porque la Junta Municipal no es ordenadora de gastos, no tiene atribución de contratar a ningún funcionario, es él el que tiene la potestad absoluta de contratación de personal, entonces es él que termina por contratar a su prima, no la Junta”, dejó en claro.
Luego de haber sido desmentido, Prieto defendió la contratación de su prima, Maribel Alonso Vallejos, quien ocupa el cargo de directora de Impuesto Inmobiliario en la municipalidad, alegando que ella es “demasiado honesta” y que gracias a eso subieron los niveles de recaudación en este aspecto, justificando así la violación a la ley que castiga el nepotismo.
“También se escudó diciendo que cuando eso todavía no existía una ley de nepotismo que prohíbe, que recién en junio entra en vigencia, lo que es mentira, ya desde hace muchísimos años que existe una ley que prohíbe expresamente el hecho que él cometió”, sostuvo. Todo indica que la comisión se reunirá nuevamente la próxima semana, ocasión en la que se decidirá si se realizarán otras diligencias o si ya se emitirá el dictamen.
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El cuestionado jefe comunal dejó a disposición de los miembros de la Comisión unos documentos que serán analizados en los próximos días y contrastados con la Contraloría. Cabe mencionar que el ente contralor no pudo acceder a toda la información necesaria y por eso solicitaron la intervención, instancia en la que se podrá acceder a documentos que no fueron proveídos por Prieto.