“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados archivó el proyecto de ley “que establece mecanismos y procedimientos para la fase III del derribo de aviones”. De acuerdo al análisis de los legisladores, esta modificación a la ley n.° 6.980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno", de hecho recomendó el rechazo de la iniciativa.

“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operaciones para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efectos de neutralizar la amenaza inminente si fuere necesario, sin comprometer la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.

El legislador mencionó una serie de motivos por los cuales consideraron que la aplicación de la propuesta legislativa no era viable. En esta línea, indicaron que la recomendación de rechazar el proyecto se debe a una conclusión remitida por el propio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tratados internacionales y convenios a los que se encuentra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.

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“Cualquier derribo de aviones que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vinculada a la potencialidad de las aeronaves ante una posible acción hostil que constituya una amenaza a los intereses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comisión de delito”, explicó.

El Ministerio de Defensa alegó que consideran los principios y garantías constitucionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aeronaves civiles en vuelo.

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territorial en el espacio aéreo nacional. “Por lo tanto, es innecesaria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.

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El proyecto de ley de derribo de aeronaves irregulares se encuentra nuevamente en debate en la Cámara de Diputados, el mismo planteamiento que ya se había discutido en periodos anteriores. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, afirmó que su postura y de varios de sus colegas de la bancada colorada es de no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los diputados. La normativa se reimpulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros aviones Super Tucano desde Brasil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nuestros principios constitucionales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio contra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Agregó que “el planteamiento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El diputado explicó que bajo estas argumentaciones no está de acuerdo con modificar la ley ya existente, que data del 2022, para autorizar el derribo de aeronaves. Indicó que esta normativa ya prevé una reacción de la Fuerza Aérea en caso de amenazas o peligro inminente para terceros.

“Ese es uno de los principales argumentos por el cual yo estoy a favor de mantener la ley vigente y de evitar modificaciones. La ley vigente permite el derribo, permite el ejercicio de la legítima defensa si existe un verdadero riesgo físico, tanto para los representantes de la Fuerza Aérea, en le caso que estén pilotando los cazas, los Super Tucano, como para terceros. Ante un riesgo físico se puede ejercer la legítima defensa, pero no está autorizada una ejecución sumarial a los pilotos o a los pasajeros de una aeronave civil que no haya sido juzgada”, argumentó.

Latorre manifestó que el Estado debe ir fortaleciendo cada vez más su capacidad de defensa, en este caso, del espacio aéreo, lo que ya se está llevando adelante por el Gobierno con la adquisición de los aviones Super Tucano, que ya arribaron las primeros cuatro de seis aeronaves desde Brasil, y los radares que complementarán la protección territorial en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Yo soy un convencido de la necesidad de seguir fortaleciendo nuestras capacidades para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, en ese sentido, con la adquisición del sistema de radares, la llegada de los Super Tucano, es un gran avance, es tener la oportunidad finalmente de realizar el ejercicio de nuestra soberanía, del control de nuestro espacio aéreo, además del fortalecimiento de nuestras capacidades”, finalizó.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se pronunció sobre debate en torno al proyecto de ley que propone habilitar el derribo de aeronaves sospechosas en el espacio aéreo paraguayo. La iniciativa, impulsada por el diputado Rubén Rubin, reactivó esta discusión sobre la cual ya se pronunció el Ministerio de Defensa.

“La protección de nuestro espacio aéreo debe estar basada en los principios consagrados en nuestra Constitución y en los estándares del derecho internacional, conforme a lo establecido en la legislación actual”, expresó Latorre a través de X.

El titular de Diputados reafirmó, además, “la posición firme en defensa del ordenamiento jurídico vigente” y destacó el avance que representa la adquisición del sistema de radares y los aviones Súper Tucano en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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Cabe mencionar que el ministro de Defensa, Óscar González, dejó en claro que no es necesaria una ley que permita el derribo de aeronaves. “No necesitamos de la facultad de derribar aeronaves, necesitamos la ley así como está, porque nos garantiza que vamos a poder proceder con toda la eficacia que corresponde”, sostuvo este lunes ante varios medios de prensa.

Según González, el hecho de no contar con autorización para derribar un avión no significa que la aeronave vaya a escapar del control del Estado. “De ninguna manera. Vamos a hostigarle hasta que aterrice, con armas, el piloto está facultado a hacer tiros disuasivos”, explicó. Además, enfatizó que se trata de una estrategia conjunta que involucra a distintas agencias nacionales y que cuenta con respaldo internacional.

“La protección del espacio aéreo es una cuestión regional”, resaltó el ministro, al recordar que existen convenios de cooperación e intercambio de información con las Fuerzas Aéreas de Brasil, Argentina y Bolivia. Desde el Ejecutivo y del oficialismo, sostienen que los actuales marcos normativos ya otorgan herramientas suficientes para la defensa del espacio aéreo sin necesidad de autorizar medidas extremas.

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