Un congresista de derecha sufrió un atentado a tiros del que resultó ileso ayer miércoles en una zona con presencia guerrillera en Colombia, el mismo día del entierro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de magnicidio. Julio César Triana, firme crítico del gobierno izquierdista del presidente Gustavo Petro, denunció un asalto a su vehículo con “pistola y fusil” mientras se desplazaba con su equipo en la región del Huila (sur), donde opera la disidencia de la guerrilla FARC liderada por alias Iván Mordisco. No se registraron heridos.

"Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola (...) la ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la fuerza pública", dijo Triana visiblemente alterado en un video difundido en X. En este se aprecian varios impactos de bala en el vidrio frontal del vehículo.

Más tarde, el representante publicó otro video en el que se muestra acompañado por la policía y asegura estar sano y salvo. Tras la balacera, el presidente Petro mandó un helicóptero para evacuar al congresista. “El ejército se encuentra en combate con los autores del atentado”, añadió en su cuenta de X.

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El atentado se produce el mismo día del entierro del presidenciable de derecha Miguel Uribe, baleado durante un mitin el 7 de junio, un atentado que revivió el fantasma de la violencia política que asoló a Colombia en las décadas de los 1980 y 1990. En un comunicado, el partido Cambio Radical acusó la falta de la “medidas necesarias” a pesar de las repetidas amenazas en contra de su militante Triana.

El magnicidio de Uribe y las denuncias de la derecha colombiana han puesto en el centro del debate la seguridad de los políticos y candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026. Según el centro de investigación Indepaz, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2024.

Fuente: AFP.

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El cuerpo sin vida de un hombre de 69 años identificado como Manuel Britos fue encontrado en el interior de una habitación dentro de un inquilinato en el barrio Santa Teresa, de la ciudad de Fernando de la Mora.

Aparentemente, no presenta rastros de violencia, pero los intervinientes investigan las circunstancias del hecho. El cadáver fue hallado por un vecino del lugar, quien indicó que el hombre llevaba muchos años viviendo en la zona.

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Un oficial de la Policía comentó que recibieron una llamada al Sistema 911 comunicando que una persona se encontraba en su alquiler en esa situación.

De inmediato procedieron a verificar el inquilinato y encontraron al adulto mayor, que ya llevaba dos días de fallecido, según los datos preliminares.

El dueño de la casa, refirió a la Policía que el hombre era alcohólico. Dijo que su ausencia durante dos días llamó la atención, por lo que acudió a revisar la pieza encontrándose con el macabro hecho.

Según los intervinientes, el cuerpo visiblemente “no muestra ningún rastro de violencia”.

Se pudo confirmar que la persona era beneficiaria del programa de Adultos Mayores, ya que en el lugar se encontró su tarjeta de cobro de la ayuda estatal.

“Hasta el momento no llegamos a recabar ningún dato de sus familiares. Se encontraba solo en esa situación”, dijo un policía a C9N.

Se descarta que haya sido víctima de un asalto y según sus vecinos no recibía visitas y siempre estaba solo ingiriendo bebida alcohólica en su pieza alquilada.

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Un guardaespaldas de un diputado opositor de Guatemala murió ayer martes en un ataque armado contra el vehículo del político en la capital, informó el presidente Bernardo Arévalo. El legislador Juan Ramón Rivas fue “víctima de un ataque hoy (martes) en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

En tanto, el presidente del Congreso, Nery Ramos, informó que el escolta muerto, Walter Esquivel, era empleado del parlamento. Las autoridades no han dado a conocer las posibles motivaciones del ataque contra el diputado del partido derechista Vamos. El presidente socialdemócrata indicó que se comunicó telefónicamente con Rivas para expresarle sus “condolencias y solidaridad” por la muerte de su escolta.

Asimismo, Arévalo afirmó que el país está “atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado”. Rivas es representante del departamento de Izabal, sobre el Caribe. Guatemala vive una ola de criminalidad y el año pasado cerró con una tasa de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio del Interior, el doble del promedio mundial.

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Once guardias penitenciarios tomados como rehenes en dos cárceles de Guatemala por miembros de grupos criminales, fueron liberados en la noche del martes, informó el gobierno. Después de unas 17 horas retenidos y tras una serie de “acciones estratégicas, operativas y jurídicas” los guardias fueron liberados sanos y salvos, aseguró en X el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez.

Los agentes “serán revisados por el equipo médico y posteriormente cada uno será llevado con sus familias”, agregó. Las autoridades atribuyeron el motín al traslado reciente de cabecillas de los grupos criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha a una prisión de máxima seguridad. El ministro dijo en la mañana que los presos se amotinaron en un sector del penal Preventivo de la zona 18, al norte de la capital, así como en la prisión Fraijanes 2, en la periferia noreste de Ciudad de Guatemala.

Jiménez explicó que los pandilleros amotinados exigen que “sus máximos líderes” regresen a las prisiones donde cumplían inicialmente sus condenas. Cinco líderes de las pandillas Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha fueron reubicados el 31 de julio en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde los presos están aislados y sin acceso a teléfonos celulares.

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El ministro afirmó que los líderes permanecerán recluidos allí pese a los motines. Barrio 18 y Mara Salvatrucha -declarada organización terrorista por Estados Unidos- se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y otros ciudadanos. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

Esas bandas también operan en Honduras, mientras que en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha encarcelado desde marzo de 2022 a miles de presuntos pandilleros amparado en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos, que denuncian una serie de detenciones arbitrarias. Guatemala cerró 2024 con una tasa de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio del Interior, el doble del promedio mundial. La mitad de los crímenes violentos son atribuidos por las autoridades a la lucha entre carteles de drogas y la pelea por territorio entre las pandillas.

Fuente: AFP.

Seis personas murieron el domingo a manos de atacantes vestidos como militares en el litoral de Ecuador, crimen que eleva a 14 los muertos por matanzas durante el fin de semana en el país, informó la policía. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a las víctimas en Monte Sinaí, un barrio popular de Guayaquil, la segunda ciudad ecuatoriana y punto crítico de la ola de violencia que vive el país. Las autoridades lanzaron un operativo en la zona para localizar a los responsables.

“Los posibles causantes vestían ropa similar” a los “militares”, dijo la policía en un chat de periodistas, sin dar más detalles. Las primeras pesquisas apuntan que el ataque está relacionado con una disputa territorial por microtráfico de drogas, según medios locales. El domingo se registró otra masacre con ocho muertos en la convulsa provincia de Guayas, víctimas de un grupo de hombres armados que dispararon contra la multitud afuera de una discoteca.

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Ecuador se ha convertido en los últimos años en una de las naciones más violentas de América Latina a causa de la guerra entre bandas que aprovechan sus puertos estratégicos, su economía dolarizada y la corrupción de algunas autoridades. Entre enero y mayo se registraron 4.051 homicidios, según cifras oficiales. En 2024 el país incautó el récord de 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína, frente a 221 toneladas de 2023.

Pese a los operativos desplegados y los constantes estados de excepción, la política de mano dura del gobierno de Daniel Noboa no ha disminuido las muertes violentas en el país. Ya en 2023, el país registró el récord de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Fuente: AFP.

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