Ciudad del Este. Agencia Regional.

El agente fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente, de Alto Paraná, imputó al empresario Ramón Zárate Galeano, presidente de la firma Grupo Zagal S.A., por transgresión de la Ley 716/96, ante la contaminación de pozos de agua del barrio San Isidro, de Ciudad del Este.

El caso tiene que ver con una denuncia por ensuciar y alterar el agua, a consecuencia de pérdidas de hidrocarburos de tanques subterráneos, de una estación de servicios, que es operada por la empresa citada, según el escrito de imputación de la Fiscalía.

La investigación es por el hecho que habría producido el 13 de febrero de 2025, en el local ubicado sobre la avenida San José, de la capital del Alto Paraná, donde se constató la presencia de combustible en dos pozos de uso domiciliario, pertenecientes a vecinos que residen frente y a escasos metros de la expendedora de combustible.

“El análisis indica que ambos pozos se abastecen de la misma agua subterránea, lo que refuerza la presunción de contaminación ambiental por pérdidas en tanques o cañerías del surtidor”, refiere el escrito de imputación del empresario propietario de la estación de servicio.

En las diligencias investigativas, durante una inspección en el surtidor, la Fiscalía identificó irregularidades en el plan de gestión ambiental presentado por la empresa ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Una de esas irregularidades es que el proyecto contempla solo dos tanques subterráneos de 20.000 litros cada uno. No obstante, en el sitio fueron hallados cuatro tanques de 10.000 litros y uno de 20.000 litros, todos en funcionamiento, así como otros cinco tanques en desuso que no fueron retirados del lugar, según el fiscal de la unidad ambiental.

Tampoco se implementaron pozos de monitoreo, ni se realizó el mantenimiento de las canaletas destinadas a la contención de derrames, conforme a lo previsto en las medidas de mitigación, en base a lo que dice el acta de imputación.

Ante estos hechos, el fiscal Orlando Quintana procesó al responsable de la empresa por la presunta transgresión a la Ley 716/96 y por el ensuciamiento y alteración de las aguas. Asimismo, solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.

Para tal efecto, el imputado deberá presentar una caución real o personal por G. 300.000.000, además de presentarse periódicamente ante el Juzgado para el registro de firma, y cumplir con la prohibición de salida del país y de cometer nuevos hechos punibles.

Como medida cautelar, la Fiscalía requirió la clausura de la estación de servicios y la prohibición de innovar en el establecimiento, hasta tanto se apruebe un plan de contingencia ambiental y se verifique el control efectivo de posibles pérdidas de hidrocarburos, a fin de evitar un mayor daño a los recursos naturales de la zona.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Jueces, fiscales, auxiliares de justicia y funcionarios de instituciones públicas relacionadas a la gestión ambiental participaron de un taller sobre legislación ambiental realizado durante dos días en la Itaipú, que incluyó el recorrido por una de las reservas naturales e información sobre proyectos de preservación del ambiente pertenecientes a la entidad. El evento fue organizado por la Corte Suprema de Justicia y la entidad binacional.

“Gestión Legal para la Valoración del Daño, Medidas de Compensación y Reparación Ambiental”, fue el tema del taller desarrollado en el Centro de Recepción de Visitas de la hidroeléctrica. El miércoles fueron los talleres en el sitio y el jueves la comitiva visitó la Reserva Natural Tatí Yupí, ambos ubicados en la ciudad de Hernandarias.

El taller abordó temas como el marco legal ambiental vigente, mecanismos para determinar la afectación del ecosistema, infracciones y hechos punibles contra el ambiente, entre otros. Todo esto se desarrolló en la primera jornada porque en el segundo día, ya en la reserva natural Tatí Yupí conocieron las acciones de conservación y la biodiversidad del lugar.

El objetivo principal fue adquirir y compartir conocimientos sobre procedimientos relacionados con denuncias penales y administrativas, identificando oportunidades de mejora y desarrollando métodos de valoración y recomposición de daños ambientales, explicó Rosa Mendoza, jefa del Departamento de Derecho Ambiental de la Asesoría Jurídica de Itaipú.

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Por su parte, el fiscal del medio ambiente de Ciudad del Este, Orlando Quintana, consultado por La Nación/Nación Media sobre el evento, explicó que fueron desarrolladas “varias cuestiones sobre la problemática de la forma de establecer el daño ambiental, y por ende la dificultad en cuantificar la misma en forma de sanción”.

Remarcó que hay inconvenientes para establecer el daño ambiental en lo administrativo, siendo las modificaciones constantes del marco legal, una de las causas. Indicó que se analizaron aspectos punitivos en el fuero penal y administrativo de derecho ambiental. Participaron disertantes de varias instituciones con intervenciones en asuntos ambientales como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenibles (MADES), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la propia Itaipú, además del Ministerio Público.

Carlos Flores, jefe de la División de Áreas Protegidas, explicó que la superintendencia de gestión ambiental se encarga del gerenciamiento de las ocho reservas naturales que tiene Itaipú Binacional en su margen derecha o lado paraguayo, así como el Centro de Investigación de Animales Silvestres (CIASI), ubicado en el Centro Ambiental Tekotopa. “La reserva natural Tatí Yupí es una de las ocho reservas que componen el sistema de áreas protegidas de la entidad y cuenta con 3.866 hectáreas”, agregó.

Flores destacó que las actividades en el lugar se basan en cuatro ejes principales: gestión y manejo de la reserva; investigación y monitoreo para conocer la biodiversidad y el estado de los recursos naturales; vigilancia y protección de los recursos naturales, realizadas por los guardaparques; y uso público, el cual incluye visitas recreativas y técnicas.

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El juez Carlos Vera Ruiz convirtió en prisión la detención preventiva del suboficial de policía Fernando Llamas Ríos, por su supuesta participación en el millonario hurto agravado, de la bóveda del local de la Asociación de Trabajadores Cambistas de Ciudad del Este. El pedido de prisión fue del fiscal Orlando David Quintana.

El policía está imputado por asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal. Fue detenido el sábado 4 de mayo en la Dirección de Policía del departamento Central, con sede en Luque, donde se presentó creyendo que le asignarían un nuevo destino, pero fue privado de su libertad. Cuando ocurrió el hurto de la bóveda de los cambistas, el agente prestaba servicios en la Dirección de Búsqueda y Localización de la Policía de Alto Paraná.

De acuerdo a la imputación fiscal, el policía habría tenido participación en la logística para el mega hurto. En la noche del 5 de febrero de 2024, alrededor de las 22:45, Llamas Ríos solicitó los servicios del mecánico Gustavo Brandell para destruir un vehículo, un Citroën Jumper blanco, con matrícula AAIL017, a lo que se habría negado el citado.

Luego, fue descubierto por los investigadores que fue uno de los rodados utilizados para el mega hurto. El 7 de febrero, el citado vehículo fue encontrado incinerado en una zona despoblada del km 16 Acaray, a unos 6.000 metros del centro urbano de Minga Guazú. También existen evidencias de que, el suboficial Llamas Ríos ocultó su propio vehículo, una Toyota Hilux, de color negro, con matrícula BJN 286, porque también habría sido utilizado para el golpe.

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El agente llevó su vehículo al mismo taller donde no le dio tiempo al mecánico a recibir porque corrió del sitio, abandonando el rodado. La urgencia obedecía a que se habría enterado que se allanaría su casa, tal como ocurrió esa misma noche, por parte del Ministerio Público. Con relación al caso, también están imputados Fabio Donaldo de Moraes Schultz (en prisión), Fabricio Jonathan Álvarez Ayala y Daniele de Souza. Estos dos últimos se encuentran prófugos y declarados en rebeldía.

Entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de febrero de 2024, se concretó el robo de un millonario monto, unos 2 millones de dólares (No existe monto oficial), de la bóveda de los cambistas de Ciudad del Este, ubicada en su local de la avenida Monseñor Rodríguez y la calle Boquerón, del microcentro comercial. El grupo criminal que efectuó el acto, cavó un túnel para llegar hasta el local de los cambistas, desde otro local comercial al otro lado de la Ruta PY02.

Tras ingresar a la bóveda, forzaron las cajas de seguridad con mechas y taladros; luego alrededor de las 2:00 de ese 5 de febrero, los presuntos involucrados Fabio Donaldo de Moraes Schultz, Fabricio Jonathan Álvarez Ayala y otros cómplices cargaron en un vehículo varias cajas de cartón con el dinero robado. Aparecieron en escena, en base a los circuitos de grabación, tanto el furgón blanco Citroën Jumper, con matrícula AAIL 017, como también el vehículo del policía, durante el proceso de traslado de las bolsas de dinero. Esto, según la investigación fiscal y policial.

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Lima, Perú. AFP.

Las autoridades peruanas incautaron en el aeropuerto internacional de Lima 160 animales silvestres exóticos que un pasajero proveniente de Miami pretendía ingresar ilegalmente para supuestamente traficar luego en Asia, informó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

“Los animales se encontraban en deplorables condiciones dentro de frascos de medicamentos, cajas de plástico de herramientas y hasta envueltos con algodón dentro de sorbetes, distribuidos en cajas de zapatos en el interior de dos maletas (de cabina y de bodega)”, indicó Serfor. Entre los ejemplares figuran especies de reptiles, arañas, serpientes y tortugas cuyo valor en el mercado negro ronda los 60.000 dólares, de acuerdo con el organismo. Cuatro ejemplares murieron por hacinamiento y falta de alimento, otros 29 fueron escondidos dentro de un envase de leche en polvo para niños. También se hallaron 15 ejemplares de especies protegidas internacionalmente como el varano de sabana, el camaleón de Jackson y la tortuga mapa. Según el Serfor, los animales estaban en poder de un ciudadano peruano-estadounidense y su destino final era Asia para su comercialización.