Este martes, integrantes de una familia reportaron que el pasado 6 de agosto, fueron desalojados de la propiedad donde residen hace más de 30 años en la compañía Costa Salinares de la ciudad de Capiatá y de la cual tienen el título. Denuncian que el desalojo fue totalmente irregular y que existe complicidad de la Fiscalía y la Municipalidad, desde donde aparentemente expiden títulos falsos.

Doña Agustina Vera Vda. de Cabrera, esposa de quien en vida fuera don Venancio, legítimo dueño de las 10 hectáreas desde 1945 y que falleció en el 2003, y su hija Elvira, denuncian que fueron cruelmente desalojadas de la propiedad. La familia fue sacada del sitio por una comitiva encabezada por el fiscal Hugo Marcelo Pérez.

“El fiscal me dijo que estaba cumpliendo con el protocolo de denuncia por invasión y que el procedimiento está hecho dentro de la ley. Ante mi reclamo me dice que si tengo los documentos que me presente en la Fiscalía, de inmediato llegué al lugar, pero Pérez ya no se hizo encontrar”, detalló Fabián Ferreira, abogado de la familia afectada, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.

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El abogado afirmó que presentó los documentos sobre la causa 800/2024 y solicitó las copias como la intervención, pero cuando fue a retirar las copias le dijeron que no era la causa. Entonces le volvieron a pasar otro número de causa para volver a realizar el trámite, de esta forma intentaban desviar del caso al representante de los afectados.

“El fiscal me dijo que deje de presentar los documentos porque se trata de una denuncia contra una persona innominada, por lo que mis representados no tenían intervención ni yo como su representante legal. Le reclamé eso y me pidió que le lleve a mis clientes para declarar”, apuntó.

Explicó que una vez que llegaron a la unidad fiscal como para declarar y mientras esperaban para realizar el trámite fueron amenazados con ser detenidos. “Salió la asistente del fiscal y me dijo; te manda a decir el fiscal que si declaran saldrán de acá detenidos. Les pregunté por qué y me dijeron que no tenían porqué darme explicación porque no teníamos intervención”, refirió.

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Según la denuncia, un exfuncionario de la Municipalidad de la ciudad, que utiliza dos identidades una como Federico Joel González y otra como Federico Ramón González, es quien empadronó la finca de los Cabrera y vendió parte de la propiedad a otras personas. Estas personas nunca recibieron los títulos de propiedad.

“El cuando inscribe o empadrona en catastro lo hace como Federico Ramón, pero cuando hace el contrato de compra-venta lo hace como Federico Joel. Tienen doble identidad y dos números de cédulas, todo ya fue denunciado y solicitamos al Ministerio Público que solicite el prontuario de este hombre”, indicó. Afirmó, que ofrece los terrenos en redes sociales y solicita una entrega, pero nunca da los documentos.

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Ferreira detalló que en la Unidad 3 de la Fiscalía se presentaron todas las pruebas del Servicio Nacional de Catastro y Registro Público que demuestran que esta propiedad de 10 hectáreas se trata de la finca 819 padrón 1375 y que corresponde a la familia Cabrera Vera.

“Ellos están superponiendo fincas y padrones que ellos inventaron porque tienen contactos en el catastro creando problemas a personas humildes. Tengo todos los informes del catastro y registro público en los que queda demostrado que son un grupo de delincuentes dedicados a la falsificación de títulos”, indicó el abogado. Solicitan al Ministerio Público que tome cartas en el asunto e investigue el caso.

Por su parte, el abogado Joel González, explicó en canal GEN/Nación Media que no estaban enterados de esta situación y que esa propiedad siempre perteneció a su familia desde hace casi 80 años. Afirmó que no tienen doble identidad, sino que, su padre es Federico Ramón, que es el único dueño de la propiedad, y que él es Federico Joel.

“Este es un problema de 1945 y no puedo influir en nada de lo que pasó antes. Yo soy heredero de Federico Ramón González, que es mi papá y a su vez heredó de su papá, lo que es de él es nuestro. Lo que están diciendo sobre falsificación de documentos para mi es muy relevante porque está registrada nuestra finca en el Registro Público”, indicó.

Agregó que cuentan con todas las documentaciones legales de la propiedad y que se trata de la finca 43.063 en el año 1998. “El único dueño es mi padre, esta propiedad viene de mi bisabuelo Ignacio González. Mi padre fue el heredero solo del remanente y otra parte fue parte de pago de los abogados, porque no tenía dinero en ese momento”, concluyó.

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