En el departamento de Alto Paraná, la Policía Nacional y el Ministerio Público intervinieron una clínica clandestina en la que se practicaban abortos. En el lugar encontraron varios elementos como instrumentos quirúrgicos y restos biológicos, también fue detenida la propietaria.
Según el reporte de los intervinientes, el local se encuentra ubicado frente mismo al Hospital Distrital de Presidente Franco, donde según denuncias se realizaban los procedimiento de aborto. La vivienda cuenta con varias habitaciones que eran usadas como consultorios y también había una fosa donde arrojaban los desechos biológicos.
En el lugar fue detenida la propietaria identificada como Nilda Cáceres, licenciada en Obstetricia, que aparentemente realizaba los procedimientos dentro de esta clínica, que se dedicaba a interrumpir embarazos. “La persona que fue detenida está asistida por un abogado que es de su confianza”, afirmó la fiscal Vivian Coronel, en entrevista con canal Trece.
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Agregó que el allanamiento se realizó tras una denuncia realizada por varios testigos y que llamó la atención de la personas de la Unidad de la Trata de Personas. “Las denuncias indican que supuestamente se estaría realizando la extracción de tejidos humanos y el procedimiento llamado aborto”, aclaró.
Explicó que en el interior del lugar se encontraron medicamentos e instrumentos quirúrgicos para los procedimientos que se realizaban en forma irregular. Además, encontraron una fosa en la que aún había restos biológicos de humanos que serían placentas, sangre y tejidos.
“El lugar es bastante amplio y tiene muchos equipos, medicaciones y camillas. En uno de los desagües encontramos restos biológicos que serían tejidos humanos, coágulos, sangre y las muestras fueron tomadas para ser estudiadas”, puntualizó. También, se tienen identificados a otros cuatro médicos que serán investigados.
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“Para mí, es un mecanismo de control y transparencia”, dijo Ávalos Mariño sobre las intervenciones
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño se refirió a su postura frente a los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, que fueron tratados el pasado miércoles en la Cámara Baja. Mientras que votó a favor de la intervención en Asunción, optó por la abstención en el caso de Ciudad del Este, marcando así una diferencia dentro de la posición adoptada por la multibancada opositora.
“Es una posibilidad de controlar. La comisión tiene muy poco tiempo para llegar a una convicción o documentar hacia dónde está la razón. Por eso, para mí la tendencia es ir por la intervención porque entiendo que es un procedimiento de control y transparencia, y esa siempre ha sido mi fundamentación”.
Avalos Mariño defendió la constitucionalidad del proceso iniciado por la Contraloría General de la República y sostuvo que, a su entender, ambos pedidos de intervención, tanto el de Asunción como el de Ciudad del Este, se ajustan a los parámetros legales.
“La abstención de ayer fue más que nada porque en la multibancada se resolvió votar en contra de la intervención. Les expliqué a los compañeros que, por una posición que vengo sosteniendo desde siempre, se me iba a hacer muy difícil votar en contra. Entonces, un término medio fue la abstención”.
El legislador señaló que en el caso de Ciudad del Este, primaron los criterios políticos por parte de sus colegas opositores. “Lo que primó fue la instrumentación política, y eso creo que motivó que la multibancada decidiera votar en contra”, apuntó. Sin embargo, reafirmó su visión sobre la intervención como una herramienta útil.
Finalmente, señaló que el proceso puede generar mayor claridad sobre la administración de los municipios. “La Contraloría obró de acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo hizo lo mismo, y a partir de ahí pasa la segunda etapa, que queda en manos de los interventores, quienes deben hacer un trabajo objetivo y traer un informe para tomar decisiones finales. Porque en esta etapa estamos hablando de la posibilidad de destitución, y estamos hablando de autoridades electas por el pueblo”, concluyó ante las 800 AM.
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Junta Municipal se mantendrá abierta y colaborativa con el interventor de Asunción, aseguran
La Junta Municipal se mantendrá abierta y colaborativa durante todo el tiempo que dure la intervención de Asunción, aseguró el concejal de Asunción, Luis Bello. Indicó que este es un mecanismo que fue activado y el rol legal que les toca a los concejales es estar abiertos a trabajar con el interventor, a fin de garantizar que la comuna continúe prestando todos los servicios y atención al ciudadano.
El edil capitalino explicó el procedimiento administrativo que se llevará adelante durante la intervención, señalando que el interventor que sea designado por el Poder Ejecutivo asumirá todos los poderes durante el tiempo que dure la intervención. Su función será revisar todo lo que se hizo en torno a la intervención, así como los cuestionamientos que se hicieron a la gestión del jefe comunal.
Agregó que una vez culminado el periodo de intervención, que inicialmente tiene una duración de 60 días, los cuales podrán extender por un mes más, el interventor podrá ratificar las acusaciones si así lo encuentra, o bien lo puede desestimar.
“Durante la intervención la Junta Municipal se mantendrá abierta, va a ser transparente y colaborativa con todo este proceso, porque nosotros creemos en la democracia, creemos que tienen que ser en esos términos y entendemos que la intervención es un mecanismo de la democracia que fue activado y desde nuestro rol legal, incluso es lo que tenemos que hacer ante esta situación”, expresó.
Reiteró que estarán abiertos a trabajar con el interventor, con el fin de garantizar que la Municipalidad de Asunción siga prestando todos los servicios, ya sea la recolección de los residuos, la limpieza, el bacheo de las calles, todo lo que conlleve el trabajo municipal.
“Además, debemos cuidar que el municipio financieramente sea viable. Para eso, tendremos una reunión con el interventor, revisaremos las posturas que tiene, conversaremos con él para darle una visión de la casa, como Junta Municipal, para comenzar a trabajar con él”, acotó.
Designación del interventor
El concejal Bello mencionó que tomó conocimiento que desde el Ejecutivo ya está en conversación con el exministro y doctor en ciencias contables, Carlos Pereira.
Destacó que es una persona con un perfil bastante técnico y es lo que se requiere en estos momentos en la municipalidad, que es una persona de ciencia, postura conducta de vida que son aspectos que reúne el actual concejero del Instituto de Previsión Social.
“Confiamos en su trabajo, de hecho, es de comprobada gestión en la función pública. Pereira estuvo como presidente del Banco Nacional de Fomento, exministro de Senavitat, entiendo que ya fue interventor en diferentes bancos, donde hubo cuestiones complejas y de todas ellas salió airoso. Confiamos en su gestión, confiamos en su persona”, remarcó.
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Fiscalía imputó a cinco policías y una abogada por secuestro y extorsión agravada
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La agente fiscal Antisecuestro Zunilda Ocampos Marín (Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas) imputó a cinco agentes del Investigaciones de la Policía Nacional y una abogada por los supuestos hechos punibles de privación de libertad y extorsión agravada. Habrían llegado a cobrar 30.000 dólares tras retener por varias horas a dos adultos y una adolescente.
Los policías procesados son el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez y los suboficiales Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos. También la abogada Blanca Noemí Gauto Fernández.
De acuerdo con el escrito de imputación, los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2025, alrededor de las 12:40, sobre la avenida Monday de Presidente Franco. Fueron víctimas Fabio Junior Troche Zarza, Jorge Esteban Stoian Vidiella y su hija adolescente.
Las tres personas se encontraban a bordo de una camioneta Kia Sportage cuando fueron interceptadas por cinco hombres que, a cara descubierta y con armas de fuego a la cintura, se identificaron como policías de Investigaciones. Los agentes llegaron en una camioneta Toyota Hilux gris.
Los presuntos autores obligaron a Fabio Junior Troche Zarza a descender de su vehículo y a abordar la camioneta Toyota Hilux y otros dos policías subieron al rodado de las víctimas donde estaban Jorge Esteban Stoian Vidiella y la adolescente. Acto seguido, los agentes despojaron a las víctimas de sus respectivos teléfonos celulares.
Las víctimas fueron trasladadas a la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, ubicada en el mismo edificio del Departamento de Identificaciones. Durante el trayecto y en la sede policial los agentes habrían exigido a Fabio Junior 50.000 dólares, a cambio de su liberación y la de sus acompañantes.
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Los retenidos también habrían sido amenazados con el allanamiento de todas sus propiedades y las de sus padres, en el marco de supuestas investigaciones por lavado de dinero y crimen organizado. En el predio de Investigaciones, a Troche Zarza lo tuvieron en el quincho, mientras que a Jorge Stoian y su hija lo mantuvieron en el vehículo.
Intervención de abogada
Le indicaron a Troche Zarza que se comunicara con su abogada y se hizo presente en el lugar Blanca Noemí Gauto. La misma conversó con los policías sin la presencia de su cliente para luego manifestarle supuestamente que debía abonar los 50.000 dólares para evitar problemas. Pasadas cuatro horas aproximadamente del secuestro, se habría llegado a un acuerdo de pago de 30.000 dólares al momento y 20.000 dólares en el plazo de un mes.
El primer monto, equivalente a 236.000.000 de guaraníes, fue extraído de diferentes entidades bancarias y entregado a uno de los supuestos extorsionadores con la ayuda de la abogada Blanca Noemí y las víctimas fueron liberadas a las 16:40, frente al edificio de Identificaciones de la Policía Nacional.
Fabio Junior Troche denunció el hecho y en el marco de la investigación del caso, la fiscal Zunilda Ocampos dispuso la detención de los seis presuntos involucrados y solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco la notificación del acta de imputación, la convocatoria a audiencia para ser oídos y la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.
Los policías, al enterarse de la orden de detención, se presentaron a la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde permanecen privados de libertad. La Fiscalía fundamentó la solicitud de prisión preventiva, en la gravedad de los hechos punibles, la existencia de elementos suficientes que vinculan a los imputados como autores y partícipes, y el peligro de fuga y obstrucción a la investigación, considerando la condición de efectivos policiales de cinco de ellos.
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Carlos Pereira podría ser el interventor de la Municipalidad de Asunción
Con la aprobación del pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción, el Poder Ejecutivo debe designar al interventor que llevará adelante el trabajo de fiscalización que durará 90 días. Para este trabajo, el presidente de la República, Santiago Peña, hizo la propuesta al exministro y doctor en ciencias contables Carlos Alberto Pereira Olmedo, según reveló el actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS).
Pereira, que fue recibido por el mandatario y le entregó un ejemplar de su nuevo libro “El camino hacia la libertad financiera”; confirmó que solicitó tiempo hasta el próximo lunes para evaluar la situación y dar una respuesta de si acepta. El expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empresas indicó que será un trabajo muy delicado, por lo que analizará previamente para dar una respuesta.
“Me ofreció el presidente ayer (miércoles), entonces yo que soy muy serio y muy responsable de mis decisiones me tomó muy de sorpresa. Siempre que sea técnico estrictamente, y no haya incidencia de ningún tipo, ni siquiera de insinuaciones políticas podría considerarlo, pero le pedí, con mucho respeto que me de unos días, hasta el lunes para pensar”, dijo Pereira en entrevista a la 1020 AM.
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Así mismo, sostuvo que la intervención implica un trabajo técnico, que en este caso debe fiscalizar las denuncias realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) sobre serias irregularidades en la administración municipal de Asunción que llevó al pedido de intervención. “Es un trabajo muy delicado, muy relevante para tan poco tiempo y, sobre todo, por las repercusiones que tiene, es una cuestión más de repente de alcance político que técnico”, apuntó.
Para Pereira, el mandatario evaluó su trayectoria y principalmente su experiencia técnica en intervenciones. “En mi experiencia profesional, yo tengo mucha experiencia en intervenciones de bancos, entidades financieras muy delicadas, que siempre hemos salido muy bien parados, entonces tengo esos antecedentes que quizás haya evaluado el presidente para ofrecerme”, manifestó el extitular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
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