• Rio de Janeiro, Brasil. AFP.

Brasil adjudicó ayer martes la exploración de bloques petroleros cercanos a la Amazonía a dos consorcios empresariales, en una subasta criticada por ambientalistas mientras el país se prepara para acoger la conferencia climática COP30 en noviembre. Los consorcios, uno formado por la estatal brasileña Petrobras y la estadounidense ExxonMobil y otro por la estadounidense Chevron y el grupo estatal chino CNPC, pagaron 844 millones de reales (unos 153 millones de dólares) por los derechos para explorar 19 de los 47 bloques ofertados en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas por la Agencia Nacional de Petróleo.

Pero antes, las empresas deben obtener las licencias ambientales requeridas, un proceso que puede tardar años. Países vecinos como Guyana ya comenzaron la exploración de campos de petróleo al borde de la Amazonía. En total 172 bloques de norte a sur de Brasil, la mayoría situados en aguas profundas, se ofertaron en esta subasta realizada en un hotel de Rio de Janeiro, mientras decenas de manifestantes protestaban afuera.

Grupos ambientalistas han expresado preocupación por los 47 bloques en el océano Atlántico en un área cerca de la desembocadura del Amazonas, en la mayor selva tropical del planeta, que tiene un papel crucial en la absorción de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. También conocida como el “Margen Ecuatorial”, esta área es considerada como la “nueva frontera” energética de Brasil.

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“Es alarmante que más del 40 % de los bloques ofrecidos en esta cuenca hayan sido adjudicados en esta subasta”, señaló Mariana Andrade, de Greenpeace Brasil, en un comunicado enviado a la AFP. Los manifestantes, entre ellos indígenas con tocados de plumas y atuendos tradicionales, desplegaron un gran cartel con el mensaje: “Detengan las subastas del juicio final”.

El asunto genera tensiones incluso dentro del aparato estatal: el Ministerio Público pidió el jueves la suspensión de las subastas, al estimar que “violan una serie de obligaciones legales y compromisos climáticos”, en ausencia de “estudios adecuados” sobre el impacto de la exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas.

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En esta misma zona, Petrobras está a la espera de una licencia del organismo público de vigilancia ambiental Ibama para iniciar un megaproyecto de exploración petrolera en un bloque cuya concesión obtuvo en 2013. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha mostrado favorable a este proyecto a pesar de las críticas de los ambientalistas, una paradoja para el mandatario izquierdista, que quiere liderar la lucha mundial contra el calentamiento global.

“Si esta riqueza existe, no podemos prescindir de ella, porque es la que nos ayudará a realizar la transición energética, a obtener dinero para preservar nuestros bosques”, afirmó Lula en febrero. “Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. No quiero que la exploración petrolera cause ningún daño al medio ambiente”, agregó.

El país más grande de América Latina acogerá en noviembre la conferencia de la ONU sobre el clima COP30, en la ciudad amazónica de Belém. “Brasil posee ya reservas de petróleo suficientes para atender su demanda interna en el marco de una transición energética gradual”, estimó el martes WWF Brasil.

“La crisis climática exige decisiones valientes y políticas públicas que apunten al futuro, no al pasado”, añadió la ONG. En total, 34 de los 172 bloques ofrecidos el martes fueron adjudicados en esta subasta, que reportó 989 millones de reales (unos 180 millones de dólares) al gobierno brasileño. Más de 1.400 millones de reales (unos 260 millones de dólares) en inversiones están previstos para la exploración.

“El resultado fue extremadamente positivo, demostrando la gran confianza de los inversores en el potencial petrolero de Brasil”, declaró en conferencia de prensa Patricia Baran, directora general de la ANP. Otras empresas participantes incluyeron la francesa Total, la noruega Equinor y la británica-neerlandesa Shell. Mayor productor de petróleo de América Latina, Brasil espera generar 5,3 millones de barriles diarios en 2030, frente a los 4,68 millones en abril de este año, según datos oficiales.

• Bruselas, Bélgica. AFP.

El gobierno británico y la Unión Europea alcanzaron un “histórico” acuerdo político definitivo sobre libre circulación de bienes y personas entre el enclave británico de Gibraltar y España. “Este acuerdo beneficia a todos, y aportará certeza legal y confianza a las personas y negocios de toda la región”, dijo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, al anunciar el entendimiento, el 11 de junio.

El alto funcionario dijo sentirse “absolutamente convencido de que el acuerdo será ratificado, porque es un buen acuerdo”. Por su parte, el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, destacó que con el acuerdo dejará de existir la valla que separaba el territorio español del enclave británico. "Con este acuerdo desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental, y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías", expresó el alto funcionario español.

Sefcovic y Albares mantuvieron en la jornada reuniones con el ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, y con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. En un comunicado, Lammy apuntó que el entendimiento sellado “aporta una solución práctica tras años de incertidumbre”.

“Junto con el gobierno de Gibraltar, hemos alcanzado un acuerdo que protege la soberanía británica, apoya la economía de Gibraltar y permite a las empresas volver a planificar a largo plazo”, añadió. Para el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, “hoy es un gran día para el Campo de Gibraltar”. “Después de tres siglos sin avances, la UE, Reino Unido y España cerramos un acuerdo global en beneficio de los ciudadanos y de nuestra relación bilateral con el Reino Unido”, afirmó en la red X.

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Picardo dijo estar “encantado” con el acuerdo, que aportará “seguridad jurídica al pueblo de Gibraltar, a sus negocios y a todos aquellos de la región que confían en la estabilidad en la frontera”. Este acuerdo, aún pendiente de ratificación, contempla la eliminación de “todas las barreras físicas, comprobaciones y controles sobre personas y mercancías que circulan entre España y Gibraltar”, informaron la UE y el Reino Unido en un comunicado conjunto.

Un punto crítico del acuerdo se refiere el control de pasaportes. En este caso, agentes migratorios españoles tendrán la responsabilidad de velar por la seguridad del Espacio Schengen. De acuerdo con fuentes británicas, se trata de un arreglo similar al establecido en la estación de trenes de Saint Pancras, en Londres, donde la policía de Francia hace el chequeo migratorio a pasajeros hacia la UE.

“El camino está ahora despejado para que los equipos negociadores ultimen rápidamente el texto jurídico completo y procedan con los respectivos procedimientos internos conducentes a la firma y ratificación” del entendimiento, se lee en el comunicado conjunto.

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Las conversaciones entre Londres, Madrid, Bruselas y Gibraltar sobre un acuerdo avanzaron casi imperceptiblemente durante el anterior gobierno conservador británico, pero la llegada de los laboristas, el año pasado, dio un nuevo impulso al proceso. En particular, el nuevo gobierno británico se propuso “reiniciar” sus relaciones con la UE, y este acuerdo sobre Gibraltar es un paso esencial en ese empeño.

Hace un año, las partes mantuvieron una ronda de conversaciones en Bruselas y en ese momento Picardo había afirmado que las partes quedaron “a la distancia de beso” para alcanzar el acuerdo. Cerca de 15.000 personas, en su mayoría españoles, cruzan cada día la frontera para trabajar en este territorio británico de unos 34.000 habitantes.

Reino Unido abandonó la UE en 2020 dejando sin resolver la relación entre el bloque europeo y Gibraltar, históricamente una base militar británica altamente estratégica debido a su posición en la entrada del mar Mediterráneo. España cedió Gibraltar a la corona británica en 1713 como parte del Tratado de Utrecht, pero nunca ha dejado de reclamar su soberanía sobre el peñón, lo que genera tensiones recurrentes entre Madrid y Londres.

En sesión plenaria de este miércoles, la Corte Suprema de Justicia ratificó, mediante la Resolución N° 12.077, que el pago del 10 % del precio de una subasta, realizada por el licitador al rematador en la Secretaría de los Juzgados, pueda efectuarse mediante transferencias bancarias a través del sistema SIPAP. La cuenta bancaria receptora deberá ser unipersonal y estar a nombre del rematador interviniente en el acto de la subasta.

Al respecto, el ministro de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, señaló que esta medida representa un cambio significativo en la mecánica de las subastas judiciales, teniendo en cuenta que, hasta la fecha, dicho pago debía realizarse en efectivo.

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“Esto cambia la manera de trabajar en las subastas, brindando una seguridad muy importante a los compradores, que ya no tendrán que portar dinero en efectivo hasta el lugar del acto”, expresó el alto magistrado.

Con esta decisión, el pleno de la Corte refrendó la Resolución N° 114 del 3 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Superintendencia, por la cual se aprobaron los criterios establecidos por el Departamento de Tesorería, conforme a lo expuesto en el exordio de la resolución.

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El secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Santiago Arza, informó que el 50 % del dinero resultante de las subastas se destina a financiar proyectos de rehabilitación de adictos. Hasta el momento ya se direccionaron 34.000 millones de guaraníes a estos programas y se prevé seguir con estos planes acorde a la disponibilidad de los fondos.

“La Senabico continuamente organiza subastas, pero todo ese dinero es depositado en el Tesoro público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y ya los trámites administrativos que ponen disponibles esos fondos. Una vez que eso esté recién el Consejo se reúne para la aprobación de nuevos proyectos”, señaló a la 1080 AM.

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Explicó que por Ley está establecido el porcenaje de distribución de los recursos provenientes del dinero comisado y de todos los productos de la subasta que realiza la Senabico. Es así que el 50 % de esos fondos se destina a financiación de proyectos de rehabilitación de adictos, inserción social y prevención de hechos punibles.

“Ese destino de ese dinero se hace a través de la conformación de un Consejo que establece también la Ley y conformada por seis instituciones que son la Senabico, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Senad y el Ministerio de Salud Pública a través de representantes que designan sus máximas autoridades”, expresó.

Del dinero recaudado de subastas y de sentencias firmes y ejecutoriadas, ya se han financiado varios proyectos, entre ellos uno ejecutado por el Ministerio de Salud en conjunto con la Senad. Se trata de un Centro de Rehabilitación ubicado en la ciudad de Piribebuy inaugurado en enero de este 2025.

“Es un proyecto que implica lugar para 30 personas, todo pago, con atención absolutamente gratuita por un período de cinco años. Pasan primero por un proceso de desintoxicación y diagnóstico a través del Centro Nacional de Control de Adicciones y según criterio de los profesionales son derivados a este centro que se encuentra en la ciudad de Piribebuy”, subrayó.

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