En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.

La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.

De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.

Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.

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La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.

A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.

En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.

Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.

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• Marcelo Pedroza
• Doctor en Psicología y Magíster en Educación
• mpedroza20@hotmail.com

Sexto Empírico en su Esbozos pirrónicos y la obra Vidas de Diógenes Laercio, ayudan a rescatar el pensamiento de Agripa, un nombre que el paso del tiempo ubicó como voz potente de la corriente filosófica llamada escepticismo, y al cual le atribuyen los llamados cinco caminos de la duda o tropos (argumentos), del griego tropoi.

Aunque ya Enesidemo había creado sus tropos, los cuales son diez y tratan sobre la suspensión del juicio, además de ahondar acerca de la tibia justificación de las explicaciones de carácter casual.

También la tradición en la materia narra que Apelas escribió un texto cuyo título llevaba el nombre de Agripa.

Donde los hombres creen haber alcanzado una verdad, el escéptico descubre opiniones contrapuestas sostenidas con argumentos igualmente convincentes, allí el desacuerdo se hace presente. Entonces ese supuesto conocimiento se pone en duda y el pensamiento crítico entra en un terreno que impacta en el asunto, dándole a la presunta certeza un manto de incertidumbre y llevando toda explicación a otra fuente que la argumente, creando una progresión ad infinitum de pruebas.

El conocimiento sensible pide confirmación, lo que activa la capacidad de razonar e impulsa una secuencia sin fin de objeciones, asociadas a lo sensible en cuestión y también al conocimiento intelectual.

El pensamiento racional, al buscar fundamentos absolutos, descubre que cada respuesta conduce a una nueva exigencia de prueba.

Las relaciones que se establecen en el proceso de análisis muestran hipótesis que requieren tesis, y en ese pensar, fluyen los cambios de pareceres acerca de lo observado, como de lo estudiado.

Por lo tanto, lo que parece verdadero desde un punto de vista puede dejar de parecerlo desde otro. De modo que, la realidad conocida nunca se presenta de manera completa e independiente de las condiciones bajo las cuales es observada y pensada.

Hay un derecho a pensar diferente, a cambiar. A darle una síntesis sabiendo que el cauce está repleto de miradas adaptadas a las circunstancias y por ello, susceptibles de ser refutadas. La verdad corre el riesgo de ser solo una hipótesis.

Entonces, el pensamiento aparece como una actividad abierta, siempre dispuesta a revisar sus conclusiones. De manera que, la razón está subordinada a un examen constante de sus propios fundamentos. Es, desde un criterio propio, el pasaje a la evolución.

De Agripa, filosófo escéptico, se dice que vivió al final del siglo I d. C. Su huella implica reconocer que el ejercicio del pensamiento se alimenta a través de la pluralidad de perspectivas y la posibilidad de errar para aprender. Su vitalidad actual radica en haber trasladado el problema de la duda desde el ámbito de la percepción al de la justificación racional.

La Asociación de Transportistas de Líneas Internas del Paraguay emitió un comunicado anunciando que ajustarán el precio del pasaje en todas sus empresas asociadas del departamento Central y del país ante la suba de precio del combustible.

La tarifa actual del pasaje es de G. 2.800 y el aumento será de G. 700, fijando el nuevo valor en G. 3.500. La medida responde a la suba del combustible y argumentan que trabajan a pérdida y que la situación se ha vuelto insostenible.

Los transportistas afirman que la suba del combustible hace imposible mantener el precio actual y amenazan que dejarán de operar si es que los respectivos municipios no aprueban el aumento solicitado.

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Señalan que recurrirían a un paro de actividades debido a que no reciben apoyo estatal y a la competencia supuestamente desleal atendiendo que ellos no reciben el subsidio como los demás sectores del transporte público.

“La suba repentina del precio del gasoil impacta en nuestra operativa, y el Gobierno tan siquiera nos ha concedido un precio diferenciado en el gasoil”, manifestó en conferencia de prensa el asesor jurídico de la nucleación, César Martínez Téllez.

Por lo tanto, se ven obligados a aplicar el reajuste, indicó. “No imponemos, pero nos vemos forzados a comunicar a la ciudadanía de este reajuste porque ha subido el costo del pasaje en Dinatran, los fletes han subido, incluso las plataformas de transporte han aumentado en más del 30 % su tarifa”, subrayó.

Por su parte, Pastor Cristaldo, representante de los choferes, mencionó que cuando recurren a las autoridades municipales, los concejales e intendentes están más preocupados por su campaña proselitista. Ante esta situación, piden el apoyo de los pasajeros.

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César Ruiz Díaz, presidente de CETRAPAM, afirmó este viernes que el servicio del transporte público podría suspenderse desde mañana debido a la falta de pago del subsidio correspondiente a febrero.

Argumentó que solo cuentan con combustible hasta hoy. Si no se realiza la transferencia pendiente, no podrán seguir operando, expresó en entrevista con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y radio Universo 970 AM/Nación Media.

“Nuestro combustible se acaba hoy, el stock que tenemos en los tanques se acaba hoy”, aseveró.

El transportista mencionó que el Gobierno ofreció pagar 3,6 millones de dólares como compensación, pero que esta cifra no corresponde y fue rechazada previamente tanto por el Consejo Asesor de Tarifas como por el Ministerio de Economía.

“No vamos a aceptar un pago que no fue aprobado; la salida es pagar el subsidio de febrero, que ya tiene un proceso aprobado”, precisó.

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El monto total del subsidio pendiente oscila entre 3,9 y 4 millones de dólares. Además, cuestionó la demora en el pago. “La ministra dijo que los subsidios se pagarán en abril; si eso no es atraso, ya no sé qué lo es”, acotó.

Sobre la compensación que propone el Gobierno, dijo que debe aplicarse sobre el análisis completo de las tarifas de todo 2025, y que limitarlo de enero a octubre constituye una irregularidad.

No obstante, están abiertos al diálogo, aclaró. En ese sentido, anunció que cualquier discusión sobre compensaciones se retomará después de Semana Santa, cuando se reúnan para establecer criterios claros de pago.

Por otro lado, manifestó que la medida de no operar mañana no se trata de un paro ni de huelga, sino de por falta de recursos. “No tenemos el dinero para pagar el combustible y sin combustible es imposible sacar los buses”, remarcó.

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