Este viernes, se hizo viral un video en el que una joven denuncia que desde hace años es filmada por sus vecinos y que estos comparten los videos en redes sociales, sin ninguna autorización e incluso suben imágenes de su hija de 2 años. La mujer reportó que ya realizó la denuncia, pero que la Policía solo fue a tomar los datos de los presuntos autores.

Samira Ramírez, oriunda de la ciudad de Villa Elisa, reportó que desde hace años está siendo acosada por dos vecinos quienes la graban a escondidas cada vez que ella sale al patio de su casa y que luego suben estos videos en varias cuentas de redes sociales. Denunció que incluso filmaron a su hermana adolescente y su hija de apenas un año.

“Son años que venimos aguantando a estos tipos que nos graban todos los días. Salimos a lavar los cubiertos, para ir a la despensa o solamente a nuestro patio y somos filmadas. No podemos usar la ropa que deseamos ni cuando hace calor, es horrible. Mi hermana es menor de edad, hay videos de mi hija de dos años cuando tenía meses e incluso cuando le dio de amamantar. Tengo impotencia y rabia”, lamentó en el video que compartió en redes.

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Indicó que se tratan de dos hombres, que graban desde un celular desde su casa que está pegada a la vivienda de las mujeres, que tienen miedo y quienes son expuestas en las redes sociales. “Ellos hicieron un agujero en la pared de su casa y nos graban a través de este. No es solo que graba sino la parte de nuestros cuerpos que toman en cada video, es algo horrible”, apuntó.

Afirmó que ya recurrió a la Policía Nacional y que lamentablemente nada hicieron, por lo que necesitan la intervención de otras autoridades. “Yo pensaba que una denuncia iba a hacer que estos tipos paren, pero no”, aseguró. Confirmó que se tratan de dos señores que tienen bajo su cuidado a su padre de avanzada edad.

Agregó que todos los días se escuchan como estas personas ven videos pornográficos a todo volumen y que los vecinos son testigos de eso, porque ya realizaron varias quejas. La mujer clama por una intervención del Ministerio Público, ya que no saben en qué otro tipo de plataformas se sube estos materiales y que involucra incluso a menores. “A los vecinos pedimos que cuiden a sus hijos, hermanas, tías a sus madres, estos tipos son capaces de cualquier cosa”, puntualizó.

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Autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que existen personas inescrupulosas que intentan estafar a los adultos mayores en proceso de jubilación, a quienes les solicitan fuertes montos de dinero a cambio de acelerar estos trámites. Los trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios o abogados, afirmaron desde la previsional.

Desde la Dirección de Jubilaciones del IPS, confirmaron que una mujer acudió hasta las oficinas para iniciar los trámites de su jubilación, pero ya no volvió. Decidieron contactar con ella y esta reportó que unas personas les ofrecieron realizar los trámites a cambio de un monto de dinero.

“El caso se originó cuando una persona acudió a las oficinas de la previsional en octubre de 2024 para realizar consultas sobre su trámite jubilatorio. Al salir del edificio, fue abordada por un desconocido que se ofreció a agilizar su gestión a cambio de 3 millones de guaraníes”, explicó la doctora Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas de la previsional.

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Confirmó que los trámites realizados por este individuo no dieron resultados, porque la mujer no cumplía con los requisitos para acceder a la jubilación y reiteró que todos los trámites en la institución son completamente gratuitos. “La asegurada terminó pagando por un derecho al que aún no podía acceder”, aseguró.

Afirmó que para este tipo de trámites no se requiere la intermediación de gestores o abogados. “Los asegurados solo deben presentarse con su cédula de identidad para gestionar sus derechos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. No paguen por gestoría a quienes se ofrecen a realizar trámites que son gratuitos. Acudan personalmente a nuestras oficinas”, indicó.

Cubas indicó que la denuncia fue recibida por funcionarios de la Dirección Jurídica y de la Unidad de Anticorrupción y Transparencia del Instituto de Previsión Social. Refirió que desde la previsional se llevarán a cabo todas las gestiones necesarias para que la denuncia llegue a las autoridades correspondientes y se identifiquen a los responsables.

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El abogado Óscar Tuma, quien ejerce la defensa legal de la familia del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista anunció que impulsará una denuncia contra el Ministerio Público por inacción en torno a la causa que investiga la muerte del dirigente político de Amambay. La acusación será presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

“Hasta la fecha, ni siquiera se ha convocado a la viuda del legislador para prestar declaración, lo que evidencia la falta de diligencia en el proceso”, recriminó. “Esta causa, nos guste o no nos guste el diputado, se tiene que investigar bajo qué circunstancias lo asesinaron y esa investigación no está avanzando. A pesar de que transcurrieron siete meses, no hay un solo imputado”, dijo a la 650 AM.

Los fiscales a cargo de la causa son Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. “Evidentemente, no existe la intención de investigar qué es lo que ocurrió ese día. Entonces, ya no nos queda otra que poner a conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y de esa manera ir agotando todas las instancias”, manifestó.

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Asimismo Tuma acotó: “Acá los únicos testigos son los que asesinaron al diputado, después los otros que estuvieron ese día no dicen absolutamente nada. ¿Dónde estuvieron ese día? Existen demasiadas interrogantes. La investigación que tiene que llevarse a cabo para que esas dudas se disipen, no avanza”.

Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El legislador, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão mediante una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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Tal y como lo había anunciado el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal del diputado Orlando Arévalo, se concretó la presentación de la denuncia contra el juez Osmar Legal por prevaricato. Esto luego de la filtración de conversaciones entre el fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes y otros políticos y autoridades en los que se encuentra Arévalo.

En esta denuncia se alega que el magistrado perjudicó a Arévalo mediante la difusión de estas conversaciones, por lo que la acción fue promovida ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. “No puede ser que se publiquen las conversaciones a los medios de prensa y que las partes no tengan acceso”, cuestionó el abogado.

“Las partes no pueden ejercer sus derechos y garantías. Ambas instituciones deben tomar cartas en el asunto de acuerdo a sus competencias y que se intervenga el juzgado. Él tuvo que haber protegido el material, él tuvo que haber operativizado las garantías constitucionales, hablamos de gente que abusa de su poder para fines particulares”, acotó el abogado en una entrevista radial este lunes 17 de febrero.

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De acuerdo a los trascendido, la presunción de Duarte Cacavelos es que Legal abrió los resultados de las pericias, violando las leyes y el procedimiento establecido para este tipo de acciones. El magistrado no labró acta ni convocó a ninguna de las partes para dar apertura al resultado de las pericias, manifestaron.

El prevaricato es un delito que se comete cuando una autoridad, un juez o un funcionario público “dicta una resolución injusta o ilegal a sabiendas”. Esta denuncia presentada por la defensa de Arévalo se da en el día previo en que la Cámara de Diputados debe tratar su renuncia, la cual fue oficializada el pasado domingo 9 de febrero tras la divulgación mediática de sus chats con Gomes.

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