La Policía Nacional logró detener a la persona que estaría ligada al crimen de un hombre en un lavadero de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. El hecho de sicariato se reportó durante la tarde de ayer sábado y se realizó una serie de allanamientos en búsqueda del perpetrador.

Según el reporte policial, durante la noche de este sábado se realizó una serie de allanamientos y en una de las viviendas, ubicada sobre la calle 12 de Junio, entre Perpetuo Socorro y 14 de Mayo, se logró detener a un hombre que sería cómplice de los presuntos sicarios.

Se trata de Daniel Icassatti da Rosa, de 35 años, que reside a unos 150 metros del lavadero donde se reportó el crimen. Los investigadores presumen que Icassatti se habría encargado de guardar el arma utilizada para matar a Edgar Gustavo Pereira, alías “Bollo”, de 36 años.

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El agente fiscal Andrés Cantaluppi confirmó que se llegó hasta esta vivienda gracias al seguimiento de las imágenes de cámaras de seguridad, que mostraron cómo el perpetrador llegó hasta esta casa. Las sospechas indican que existe un vínculo entre el residente y los autores del hecho.

Durante el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares, uno de la marca Redmi y otro Samsung, que quedaron a disposición del Ministerio Público para su análisis y para determinar el grado de implicación del ahora detenido.

El supuesto hecho de sicariato se reportó durante la tarde de ayer sábado en un lavadero denominado MV. En ese lugar se presentó alias Bollo para retirar su automóvil y en ese momento llegaron dos hombres en una motocicleta; uno de ellos efectuó los disparos que acabaron con la vida de esta persona.

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La autoridad migratoria de Colombia informó el miércoles de la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023. Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.

Aguilar llegó a México el miércoles en un vuelo desde Colombia y las autoridades de ese país lo mandaron de vuelta porque contaba con un pasaporte colombiano falso, dijo a la AFP un responsable de prensa de Migración Colombia. Cuando llegó a Bogotá y se comprobó la falsedad del documento quedó detenido “legalmente”, en atención a una orden de captura internacional de Interpol en su contra.

Conocido como “Lobo Menor”, el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por “su presunta participación como autor intelectual” del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.

El presidente izquierdista Gustavo Petro aplaudió la captura y calificó a Aguilar como “uno de los asesinos más grandes del mundo”, en un mensaje en X. El arresto ocurre en pleno conflicto diplomático y comercial entre Ecuador y Colombia, con denuncias de Petro sobre un supuesto bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en su territorio.

“Este resultado (...) ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México”, se felicitó el presidente colombiano. En julio de 2024 la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.

El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque. Todos fueron asesinados en la cárcel. Otra decena de personas es procesada por este caso.

Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas. “Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera” de su país, añadió.

Fuente: AFP.

“No maté a Narumi” Kurosaki, aseguró ayer martes el chileno Nicolás Zepeda, durante el nuevo juicio en apelación en Francia por asesinar presuntamente a su exnovia japonesa en 2016 y en el que se enfrenta a la cadena perpetua. El tribunal de apelación de Vesoul confirmó en 2023 la pena de 28 años de prisión impuesta en 2022 a Zepeda por asesinato premeditado, pero la Corte de Casación francesa ordenó el año pasado un nuevo juicio por irregularidades.

“Niego los hechos que se me reprochan. Soy inocente. No maté a Narumi. Lucho por demostrar que es así”, dijo Zepeda, vestido con una chaqueta oscura y remera gris azulado, ante el tribunal de Lyon, en el este de Francia.

Hasta el 26 de marzo, el tribunal deberá determinar de nuevo si estuvo detrás de la desaparición en diciembre de 2016 de la joven japonesa de 21 años en Besanzón, donde estudiaba francés. Su cuerpo nunca apareció.

Su abogado Sylvain Cormier ya avisó que su cliente, en prisión preventiva desde su extradición desde Chile a mediados de 2020, seguirá defendiendo su inocencia en el nuevo juicio con jurado popular.

El acusado, de 35 años y aspecto juvenil, siguió la lectura del informe de hechos inicial sin inmutarse. En primera fila, la madre y hermanas de Narumi, que siguen la audiencia gracias a la interpretación en japonés, tampoco reaccionaron.

Para la familia, este nuevo juicio “es una pesadilla”, aseguró a la prensa su abogada Sylvie Galley. “No esperan nada de este nuevo proceso”, sólo que “se respete la memoria” de Narumi, agregó.

Para la acusación, Zepeda habría cruzado el Atlántico a finales de 2016 dos meses después de romper con la joven, sin avisarla, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla.

Tras espiarla durante varios días en la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, el 4 de diciembre de 2016 coincidió con ella y fueron a cenar juntos. A continuación, la habría matado de madrugada en su habitación.

Los “gritos de mujer” que estudiantes escucharon son la “prueba central” de que murió, defendió en 2023 el entonces fiscal, Étienne Manteaux. Un día después, se habría desecho del cuerpo en una zona boscosa cercana o en el río Doubs. Posteriormente, habría pirateado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven, a quien conoció en Japón en 2014, seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.

Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basa en la densidad de indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado: testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló, etc.

Los investigadores descartaron una fuga: la cartera de Narumi, 565 euros, dos tarjetas bancarias, su abrigo, sus zapatos, su celular y su pase de transporte estaban en su habitación, donde se apreciaban rastros de una limpieza reciente.

Zepeda compró el 1 de diciembre un bidón de 5 litros de un producto inflamable, cerillas, un pulverizador de detergente con lejía, y la geolocalización apunta a que permaneció en la habitación más de 24 horas.

Cinco días después, desde un centro comercial donde el chileno se encontraba, se compró un billete de tren Besanzón-Lyon a nombre de Narumi, un trayecto que la japonesa nunca tomó, según pasajeros a bordo.

Y, antes de regresar a Chile desde la ciudad española de Barcelona, Zepeda habría preguntado sobre “la muerte por asfixia” y cómo saber si una persona está “viva o muerta” tras un ahorcamiento. La defensa alega que, en ausencia de cuerpo y de pruebas materiales, debía ser absuelto por el beneficio de la duda.

“Como padre, lo único que pido es que lleguemos a la verdad”, aseguró a AFP Humberto Zepeda, que defiende la inocencia de su hijo. La Corte de Casación anuló el anterior juicio porque uno de los investigadores usó una presentación Powerpoint durante su declaración, que no había comunicado previamente a la defensa, y realizó nuevos actos de investigación.

El tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda por el presunto asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016 comenzó ayer martes en Francia con un inesperado pedido de su defensa: realizar nuevas pesquisas en este mediático caso sin cadáver. El tribunal de apelación de Vesoul confirmó en 2023 la pena de 28 años de prisión impuesta en 2022 a Zepeda por asesinato premeditado, pero la justicia francesa ordenó un nuevo juicio por irregularidades.

“Soy inocente. No maté a Narumi”, reiteró Zepeda, vestido con una chaqueta negra y remera gris azulado, desde el banquillo de los acusados del tribunal de Lyon, en el este de Francia. El hombre de 35 años enfrenta la cadena perpetua.

Hasta el 26 de marzo, el tribunal debe determinar de nuevo si el chileno la mató en diciembre de 2016 en la habitación 106 de la residencia universitaria de Besanzón, donde estudiaba la japonesa de 21 años, antes de deshacerse del cuerpo en un bosque o en un río cercanos.

La defensa, que defiende su absolución por el beneficio de la duda al no haber ni cuerpo ni pruebas materiales, fue ayer martes más allá y pidió al presidente del tribunal, Éric Chalbos, que ordene nuevas pesquisas.

“Es el juicio de la última oportunidad. Hay que hacer todo lo posible para que la verdad salga a la luz”, explicó el abogado Robin Binsard, quien se mostró favorable al aplazamiento del juicio.

Las pesquisas solicitadas incluyen pedir nuevas informaciones a Facebook sobre el uso de la cuenta de Kurosaki días después de su desaparición y tomar declaración de un amigo suyo que debía visitarla la semana de los hechos.

Los letrados pidieron además interrogar a una mujer que podría haberse cruzado con Zepeda después de supuestamente matar a su exnovia e identificar un ADN hallado en un cojín de la habitación, que no corresponde a ninguno de los dos.

“Me opongo firmemente a estas demandas”, reaccionó la abogada de la familia de Narumi Kurosaki, Sylvie Galley, para quien sólo buscan ganar tiempo en un procedimiento abierto hace casi 10 años.

En primera fila, la madre y hermanas de Narumi, compungidas, siguieron sin inmutarse la audiencia. “Están viviendo una pesadilla”, agregó Galley. El presidente aplazó al miércoles su decisión sobre las nuevas pesquisas, para que el tribunal escuche primero a los investigadores del caso.

Para la acusación, Zepeda habría cruzado el Atlántico dos meses después de romper con la joven, sin avisarla, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla. Tras espiarla durante varios días en la residencia universitaria, el 4 de diciembre de 2016 coincidió con ella y fueron a cenar juntos. A continuación, la habría matado de madrugada en su habitación.

Los estudiantes de la residencia escucharon “gritos de horror” de mujer, recordó el investigador David Borne, al evocar las pesquisas de caso que llevaron a la identificación del chileno.

Posteriormente, habría pirateado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven, a quien conoció en Japón en 2014, seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.

Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basa en la densidad de indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado: testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló, etc.

La defensa intentó durante el interrogatorio a Borne sacar a relucir errores y zonas grises en una investigación que, para el otro abogado defensor Sylvain Cormier, “se centró por completo” en Zepeda, sin explorar realmente otros sospechosos.

“Esta investigación se ha llevado a cabo con la máxima seriedad y rigor, y la única pista que ha surgido es la de Nicolás Zepeda”, explicó el investigador.

El acusado fue extraditado de Chile a Francia a mediados de 2020 y desde entonces se encuentra en prisión preventiva.

Ayer martes, rompió a llorar al recordar los meses en régimen de aislamiento que pasó entre 2020 y 2022 en la prisión de Besanzón. La Corte de Casación anuló el anterior juicio porque uno de los investigadores usó una presentación Powerpoint durante su declaración y realizó nuevas pesquisas sin avisar.

Fuente: AFP.

Los reos ya tenían preparadas varias sábanas anudadas entre sí para el descenso desde el nivel superior.

El Ministerio de Jus­ticia informó que se ordenó ayer el tras­lado inmediato de seis per­sonas privadas de libertad tras el intento de fuga que se reportó en la Penitencia­ría Regional de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

Ayer se frustró un plan de fuga de presuntos miem­bros del PCC. Desde la ins­titución confirmaron que como medida de seguridad se decidió ordenar el tras­lado inmediato de estos reclusos, para evitar otra situación similar a la regis­trada en las últimas horas. Los reos ya tenían prepara­das varias sábanas anuda­das entre sí para el descenso desde el nivel superior.

“El Ministerio de Justicia dispuso el traslado inme­diato de seis personas priva­das de libertad como medida de seguridad, luego de detec­tarse y frustrarse un pre­sunto plan de fuga en la Peni­tenciaría Regional de Pedro Juan Caballero”, confirma­ron desde la cartera estatal.

Indicaron que la decisión se tomó tras recibir informa­ción de la Unidad de Inteli­gencia Penitenciaria sobre movimientos irregulares en el pabellón diferenciado ocupado por internos vin­culados al grupo criminal PCC. Se realizó una requisa en los pabellones diferencia­dos A, con apoyo de la fuerza pública y del equipo táctico GEO.

La requisa permitió la incau­tación de diversos objetos prohibidos como: armas de fabricación casera, estoques, balanzas de precisión, bote­llas con bebidas alcohólicas, varias unidades de SIM card, cargadores de celulares y parlantes de sonido. Se cons­tató el corte del marco metá­lico de la ventana de la celda N.º 22, lo que evidenciaba un presunto plan de fuga.