Los gremios de la construcción afirman que el sector atraviesa una doble realidad, ya que mientras el sector privado mantiene un repunte en los proyectos residenciales, corporativos e industriales, la infraestructura pública tiene una menor ejecución, por lo que consideran clave el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Asociación de Profesionales de la Construcción (AproCons) y la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei) coincidieron en que una reducción en la inversión pública podría profundizar la caída de las obras estatales, aumentar la deuda con contratistas y frenar la generación de empleo, en un momento en que la actividad privada sostiene gran parte de la dinámica económica.

El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, recordó que Paraguay arrastra una brecha de infraestructura cercana a los USD 30.000 millones, lo que requeriría al menos USD 2.000 millones anuales en inversiones para reducirla. Sin embargo, señaló que la meta de déficit fiscal del 1,5 % limita los recursos disponibles y golpea directamente a la construcción y su cadena de valor.

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“El Estado debe ser más eficiente año tras año, reducir gastos corrientes y así ganar mayor margen para invertir en infraestructura”, expresó.

Por su parte, el presidente de AproCons, Pablo Rivarola, coincidió en que la deuda acumulada del Estado con las constructoras repercute en toda la industria y alertó que el ajuste presupuestario previsto para el 2026 agravará esa situación.

Rivarola destacó que, pese a la contracción pública, el ámbito privado sigue mostrando dinamismo, con proyectos inmobiliarios de gran porte en el Gran Asunción y la incorporación de tecnologías que optimizan costos y calidad en las construcciones.

Desde Capadei, su presidente Raúl Constantino subrayó que el sector privado logró consolidar inversiones en proyectos residenciales, corporativos e industriales, pero enfrenta obstáculos que podrían enfriar su crecimiento.

“Por un lado está el sector de obra pública, con significativa reducción en las inversiones y dificultades para el cobro de deudas. Por otro, la construcción privada, que mantiene un crecimiento sostenido”, señaló.

Entre los principales desafíos mencionó la falta de créditos hipotecarios accesibles, la burocracia en los trámites y los controles al movimiento de capitales, factores que dificultan las operaciones y la atracción de compradores extranjeros.

Los gremios coincidieron en que el desafío del Gobierno será compatibilizar la disciplina fiscal con la necesidad de mantener la inversión en infraestructura pública. Sin medidas que equilibren ambos objetivos, advierten, el riesgo es un estancamiento que afecte tanto a la competitividad del país como al empleo que genera la construcción.

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El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) concretó el primer desembolso de USD 1,19 millón para el proyecto “Mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón” en Paraguay, acompañado de una contrapartida nacional de USD 431,6 mil.

Este aporte permitirá iniciar las primeras obras, centradas en modernizar la infraestructura y agilizar el tránsito de personas, vehículos y mercancías, en uno de los pasos fronterizos más estratégicos entre Paraguay y Argentina.

El proyecto, con una duración prevista de cuatro años y una inversión total superior a USD 55 millones, busca fortalecer la conectividad, la seguridad y el desarrollo económico en la zona fronteriza. De ese total, aproximadamente USD 32,6 millones serán financiados con recursos no reembolsables del FOCEM y cerca de USD 23 millones corresponden a la contrapartida del Estado paraguayo.

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La ejecución está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el acompañamiento de la Unidad Técnica del FOCEM. El primer desembolso constituye un hito clave, ya que permite iniciar la modernización del Centro de Frontera de Puerto Falcón, generando beneficios concretos para la ciudadanía y el comercio local.

Se espera optimizar la circulación de personas y mercancías, reducir los tiempos de espera y fortalecer la integración regional entre ambos países. La inversión inicial también asegura que las obras preliminares se ejecuten con estándares de calidad que garanticen eficiencia, seguridad y resultados tangibles desde las primeras etapas del proyecto.

Con este impulso financiero, Paraguay avanza en la consolidación de un paso fronterizo moderno y funcional, que contribuirá al desarrollo económico, al comercio transfronterizo y a la conectividad regional.

El desembolso de USD 1,19 millón del FOCEM, junto con la contrapartida nacional, simboliza un compromiso concreto con la integración del Mercosur y la mejora de la infraestructura estratégica del país, marcando el inicio de un proyecto que transformará la movilidad y la logística en la región.

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El sector de la construcción registra este año una moderada recuperación, impulsada por la obra pública y por un repunte en la vivienda media y alta, con mayor llegada de capital extranjero a Gran Asunción, destacó María Luz Cubilla, vicepresidenta de la Federación Panamericana de Arquitectos (FPAA).

Recordó que los principales frenos siguen siendo el alto costo del financiamiento, la dependencia y la ejecución irregular de la inversión pública y la escasez de mano de obra calificada. Tras dos años de desaceleración por la suba de las tasas de interés y la reducción de la inversión pública durante el cambio de gobierno, la industria de la construcción muestra ahora un repunte discreto, explicó Cubilla. “Se observa dinamismo en proyectos de infraestructura vial y de vivienda social; en cambio, el ritmo es más moderado en el ámbito privado, sobre todo en oficinas y desarrollos comerciales”, agregó.

En materia de inversión, la arquitecta señaló un aumento en el segmento residencial medio y alto, impulsado por capital extranjero que financia desarrollos inmobiliarios en la zona de la Gran Asunción.

Entre los avances del sector destacó la modernización de normativas y la adopción de sistemas constructivos más eficientes, así como una mayor presencia de energías renovables en las edificaciones. También resaltó el crecimiento de la construcción modular y prefabricada, que contribuye a reducir costos y plazos de obra.

Añadió que la incorporación de criterios de arborización urbana, drenaje sostenible y la unificación de veredas, no solo mejora la estética y la accesibilidad, sino que reduce costos futuros asociados a daños por inundaciones y erosión. Asimismo, confirmó la expansión del uso de tecnologías digitales y materiales sostenibles, y el surgimiento de proyectos de gran escala que posicionan a Paraguay como destino atractivo para inversores regionales.

“Se espera que la inversión extranjera directa continúe llegando, principalmente desde Brasil y Argentina; aunque Bolivia se ha posicionado fuertemente en el último semestre, buscando diversificación en real estate y logística”, afirmó Cubilla. En ese marco, reiteró que el grado de inversión otorgado por la calificadora de riesgo Moody’s a Paraguay sigue siendo un factor clave para atraer financiamiento externo.

Entre las dificultades, la arquitecta apuntó a la dependencia de la inversión pública y su ejecución irregular. Cuando las obras estatales se paralizan, por razones fiscales o administrativas, se produce un efecto dominó que interrumpe cadenas de trabajo y genera incertidumbre en contratistas y proveedores.

Otro obstáculo para el rubro de la construcción es la falta de créditos a largo plazo y en condiciones competitivas, pues las elevadas tasas encarecen la financiación de proyectos y retraen a desarrolladores y compradores potenciales, detalló.

Senadores de las comisiones de Obras Públicas y de Legislación confirmaron que el proyecto de ley de Reforma del Transporte Público del Poder Ejecutivo se encamina a su aprobación la próxima semana. El Senado abordará la iniciativa el próximo miércoles 3 de setiembre, fecha fijada al establecer su tratamiento de código para su estudio.

En conversación con La Nación/Nación Medial, el titular de la comisión de Obras Públicas, y líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, indicó que ya existe una postura firme de bancada de acompañar la aprobación del proyecto que tiene como objetivo principal transformar el sistema actual, considerado ineficiente, caro y desbordando, por un servicio moderno, seguro, accesible y sostenible.

El proyecto también busca reafirmar la rectoría sobre el transporte terrestre (pasajeros, cargas, vehículos especiales, ferroviario) en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Así como regular el servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, a los efectos de garantizar una provisión con calidad y acorde a la dignidad de las personas usuarias.

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“No se prevén muchas modificaciones al proyecto, sí hay muchos aspectos estudiados y analizados, pero las principales modificaciones serán más de estilo que de fondo. Creo que en la Comisión de Obras ya hemos analizado bien, y esperamos tener dictamen este martes que viene y creo que todas las otras comisiones estarán presentando dictamen para la sesión del miércoles”, precisó Chase.

Por su parte, el titular de la comisión de Legislación, Derlis Maidana, destacó que, junto con el programa de viviendas y Hambre Cero, la reforma del transporte traerá una verdadera transformación al país, ya que son verdaderos hitos que el Gobierno busca alcanzar para fortalecer la clase media.

“El transporte es un problema que afecta directamente a las personas, especialmente a la clase trabajadora de nuestro país, es una deuda histórica con la ciudadanía no podemos seguir con este sistema que no funciona y es obsoleto”, cuestionó.

Maidana señaló que el transporte público es un tema urgente y necesario si hablamos de fortalecer el crecimiento económico, además por una cuestión de compromiso con el pueblo debemos con urgencia reformar el sistema de transporte público.

El senador Maidana brindó detalles sobre los principales aspectos que contempla la propuesta normativa, señalando que regula el servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. “El servicio de transporte público metropolitano de pasajeros se declara servicio público imprescindible, garantizándose, como tal, su prestación continua y regular”, remarcó.

También señaló que se prevé la posibilidad de declarar nuevas áreas metropolitanas, sobre la base de indicadores objetivos, con ratificación por decreto del Poder Ejecutivo. Comentó que se establecen principios rectores, destacándose el de planificación metropolitana que enfatiza lo necesario para comprender el fenómeno de la integralidad de los desplazamientos entre municipios.

Asimismo, se ratifica que el servicio de transporte metropolitano es un servicio regulado por el Estado, pero prestado por privados mediante concesiones. No obstante, aclaró que establece con claridad que podría ser prestado por el mismo Estado cuando así lo exija el interés público.

Manifestó que el proyecto también detalla las competencias del Viceministerio de Transporte, como órgano desconcentrado del MOPC en la regulación del servicio metropolitano y define los términos de la armonización de competencias con las municipalidades de las áreas metropolitanas; previéndose acuerdos de largo plazo con ellas, de no menos de 15 años (coincidente con el plazo máximo de concesión), para actividades de implementación de la ley.

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