El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.

El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.

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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.

A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.

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El senador Natalicio Chase fue designado este jueves por su colega como presidente de la Comisión Unicameral del Senado sobre Itaipú. Esta comisión fue instalada oficialmente por el titular de la Cámara Alta, el senador Basilio Núñez, en una sesión extraordinaria en que también se designó al senador Dionisio Amarilla como vicepresidente, así como a las senadoras Lizarella Valiente y Noelia Cabrera como relatoras.

Los legisladores aprobaron que esta comisión se reúna los lunes a las 14:00, de forma presencial, en la sala de reuniones de la Presidencia del Senado. En setiembre de 2024, el Senado designó como sus representantes titulares a los legisladores Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías, Natalicio Chase, Hernán Rivas, Óscar Salomón, Colym Soroka, Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla, así como a las senadoras Lourdes Cabrera y Yolanda Paredes en representación del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

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Por su parte, la Cámara de Diputados designó en octubre pasado como miembros titulares a los diputados Christian Brunaga, Avelino Dávalos, Mauricio Espínola, Hugo Meza, Carlos Pereira, Rocío Abed, Jorge Ávalos Mariño y Raúl Benítez. Mientras que los parlasurianos designados son Rodrigo Gamarra, Virina Villa­nueva y Pastor Vera Bejarano, ya para los integrantes suplentes fueron designados Miguel del Puerto, Betina Aguilera, Esteban Samaniego, Luis Federico Franco y Walter García.

De acuerdo a la ley 6401/2019, la Comisión estará compuesta por ocho representantes titulares y ocho suplentes de la Honorable Cámara de Senadores, y en igual cantidad de representantes de la Honorable Cámara de Diputados. Esta Comisión estará compuesta además por tres representantes titulares y tres suplentes del Parlamento del Mercosur (Parlasur). En su tercer artículo se estable que “una vez instalada la Comisión que funcionará en la sede del Congreso de la Nación, elaborará su propio reglamento, conforme a normativas vigentes, para su correcto funcionamiento”.

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Cinco integrantes de la barra brava del Sportivo Luqueño y 13 hinchas del Gremio de Porto Alegre (Brasil) fueron detenidos en el marco del operativo desplegado por la Policía Nacional durante el partido disputado ayer entre ambos clubes, en Asunción. También fueron demorados varios cuidacoches, y además se decomisaron drogas.

Agentes de la comisaría segunda de Asunción dieron cobertura al encuentro deportivo desarrollado en el marco de la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco y tuvieron a su cargo el procedimiento.

Los aficionados brasileños llegaron supuestamente con intenciones presenciar el torneo de fútbol, pero cayeron presos en los controles y no pudieron ingresar al recinto deportivo, al terminar en el calabozo de la sede policial interviniente. Según la Policía, todos estaban ebrios, al igual que los hinchas luqueños que estaban en las mismas condiciones al dar positivo a la prueba de alcoholemia.

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Durante el “operativo filtro” también fue detenido un hombre, identificado como Gustavo Ariel Santacruz (20), un hincha de Luqueño en cuyo poder se halló marihuana y dinero en efectivo, producto de la comercialización de la sustancia estupefaciente.

“El operativo en sí fue bastante positivo, no tuvimos ningún tipo de incidentes. Siguen los controles denominados Py´aguapy y los controles en las bocas de acceso donde tuvimos demorados dando positivo al acotest”, señaló el comisario Walter Lobo a los medios de prensa.

Confirmó que entre los detenidos se encuentran 13 ciudadanos de nacionalidad brasileña, cinco del equipo de Luqueño y 13 cuidacoches. “Una persona a tempranas horas en uno de los anillos de cobertura de seguridad tenía en su poder supuesta marihuana, que también fue comunicado y quedó a disposición de la Fiscalía”, refirió.

El policía destacó que en esta ocasión no se reportaron incidentes antes, durante ni después del partido de fútbol, en ambas hinchadas de los clubes. “Con total normalidad se desarrolló el encuentro y finalizó sin ningún tipo de problemas”, remarcó el comisario Lobo.

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Luego de que el Brasil haya confirmado que hubo acciones de inteligencia contra Paraguay entre el 2022 y 2023, una de las medidas asumidas por el Gobierno paraguayo fue la suspensión de la renegociación del Anexo C de la Itaipú Binacional. El Gobierno está a la espera de las explicaciones del vecino país y los informes respecto a qué datos se accedió en dicho período.

“Esperamos que podamos retomar la conversación en la brevedad, tenemos que restituir la confianza para poder sentarnos a la mesa. Se confirmaron acciones de inteligencia, pero no sabemos todavía el alcance de esas actuaciones”, expresó Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio.

El titular de cartera de Industria manifestó que aguardan los reportes del Brasil en cuanto a este espionaje que se extendió por alrededor de 9 meses. El vecino país deberá informar mediante qué canales se dio este espionaje, a qué autoridades instituciones, por cuánto tiempo y con qué fin, dado que entre Paraguay y Brasil existe una amplia agenda bilateral y muchos intereses compartidos, entre ellos Itaipú Binacional.

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“Lo que corresponde es lo que estamos haciendo ahora, pedir explicaciones al gobierno de Brasil con detalles de qué ocurrió en este período porque es un tema muy grave, viola los principios internacionales. Queremos saber el cómo y de qué forma se realizaron, si fueron escuchas telefónicas contra las autoridades del gobierno de Paraguay en ese entonces, si se intercedieron correos, fueron escuchas en oficinas de gobierno, seguían a funcionarios físicamente, qué pasó en esos 9 meses”, mencionó a la 1020 AM.

El espionaje de Brasil se habría iniciado en junio del 2022, es decir, aún bajo la presidencia de Jair Bolsonaro y se extendió hasta marzo del 2023, cuando el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó la suspensión de estas acciones. Hay que mencionar que el gobierno de Mario Abdo no dejó ningún tipo de información o alerta sobre esta acción por parte del vecino país.

“Por suerte la tarifa de Itaipú ya fue convenida con el Brasil por los próximos 3 años, eso está firme. A pesar de que tardamos unos meses más de lo previsto, lo hicimos en aquel momento pensando en el mediano plazo, esa fue la posición paraguaya, para no tener ningún tipo de desgaste por la negociación del Anexo C y acertamos en ese sentido, porque le dimos previsibilidad a un tema que es siempre espinoso”, resaltó Giménez.

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