Un hombre, quien utilizó durante 20 años el documento de identidad de un familiar, y que estaba siendo buscado por la justicia debido a estar sindicado como autor de un hecho de homicidio en la Colonia Independencia, fue detenido por uniformados de la Policía Nacional. Se trata de Vidal Duarte Velázquez (64), quien usó la cédula de su primo para evadir los diferentes controles, tanto oficiales como municipales, con los que se encontraba en su andar.
“El crimen habría ocurrido en un balneario en la zona de Colonia Independencia. Aparentemente, este hombre en estado de ebriedad habría intentado ingresar a la propiedad, la cual ya estaba cerrada, y tras discutir con el encargado, desenfundó un arma de fuego que llevaba en su cintura y le propinó varios disparos, causándole la muerte. Posterior al hecho, huyó de la ciudad y se refugió en Ciudad del Este”, comentó el comisario Javier Maldonado, en conferencia de prensa.
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Por su parte, el detenido alegó que lo ocurrido habría sido parte de un accidente y que en ningún momento quiso causarle la muerte al encargado del lugar, pero que tras el hecho decidió huir, ya que sabía que la justicia no estaría de su lado. Al ser consultado sobre si pensaba huir a la Argentina, el mismo refirió que no tenía intenciones de abandonar el país y que desde el homicidio siempre permaneció en Ciudad del Este.
Duarte Velázquez se encuentra detenido en el Departamento de Investigaciones de Alto Paraná y fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se dé continuidad al debido proceso de investigación y así avanzar en la causa hasta que se llegue a juicio.
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
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Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto, en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
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Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66. De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.
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Pedro Alliana: “Se están cayendo las caretas en la oposición”
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, lanzó duras críticas hacia sectores de la oposición, medios de comunicación y periodistas, y los señaló por aplicar un doble estándar al juzgar a las autoridades que son del Partido Colorado en comparación con figuras opositoras.
Durante su pronunciamiento Alliana sostuvo que “las críticas que hace la gran mayoría de la oposición hacia autoridades del Partido Colorado son muchas veces desmedidas y carentes de autocrítica”. Aseguró que algunos referentes opositores, quienes se presentaron como símbolos de cambio, honestidad y transparencia, hoy están siendo desenmascarados. “Hoy se están cayendo las caretas”, afirmó.
El vicepresidente también apuntó contra ciertos medios y comunicadores, a quienes acusó de “mostrar lo peor del Partido Colorado” mientras ignoran o minimizan irregularidades dentro de la oposición. “A veces, algunas autoridades, periodistas y medios miden con distintas varas”, expresó.
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Como ejemplo, el segundo del Ejecutivo citó los recientes acontecimientos en Encarnación, donde el derrumbe de un edificio, que causó la muerte de dos personas, expuso presuntas falencias en la gestión municipal. También mencionó la situación en Ciudad del Este, recordando que, durante el gobierno anterior, se intervino la administración local sin otorgar derecho a la defensa.
Sobre los pedidos actuales de intervención en Asunción y Ciudad del Este, Alliana indicó a Abc TV que la Cámara de Diputados está conformando las comisiones correspondientes y que “se escuchará a los afectados” antes de emitir un dictamen. Según el vicepresidente, existen denuncias de corrupción que incluso superarían las registradas en administraciones pasadas, puesto que se trataría de casos de robo y sobrefacturación durante la pandemia.
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Crimen de delivery: se entregó mujer que habría organizado el asalto
Una mujer identificada como Micaela Noemí Silvero (21) quedó detenida en la sede Comisaría 12 de Asunción debido a que a la misma es sospechosa de participar en la organización del asalto que terminó en el homicidio de un trabajador delivery en el barrio San Francisco y en el que resultó víctima Alfredo David Duarte, de 29 años.
La detención se registró en la noche de ayer viernes tras presentarse la mujer de manera voluntaria en la comisaría local, señalando que quería colaborar con la investigación, indicó a Telefuturo el comisario Misael Aguilera, jefe de la Comisaría 12. La misma ya estaba siendo buscada por los investigadores.
Se presume que Silvero sería pareja de uno de los supuestos autores y quien habría organizado el asalto y hecho el pedido para que el delivery se trasladara hasta el barrio San Francisco de Asunción.
El homicidio del delivery se registró en la tarde del jueves y horas después se pudo detener a un adolescente de 16 años, quien fue sindicado por vecinos y aparece en fotos con un arma de fuego.
La Policía Nacional también busca a otro adolescente de 17 años, quien habría realizado el disparo contra la víctima, cuyos familiares ahora reclaman justicia por tan grave hecho. En las cámaras de circuito cerrado se puede observar a una sola persona acudir hasta donde se encontraba el trabajador y segundos después se ve cuando saca un arma y dispara contra el delivery, quien falleció en el lugar.