Reportan 7.513 víctimas de violencia familiar de enero a febrero de este año
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Este viernes, desde el Ministerio Público informaron que en los dos primeros meses del 2025 reportaron y asistieron a más de 7.500 casos de violencia familiar en todo el país. En cuanto a casos de feminicidios, se registraron dos casos confirmados y 14 casos de tentativa, en el mismo periodo.
Según los datos abiertos de la Dirección de Transparencia y Acceso, la Fiscalía registró 7.513 víctimas de violencia entre los meses de enero a febrero de este año. Este número equivale a 127 casos por día, 24 casos más que el año pasado, donde se dieron 103 víctimas a diario y en el 2023 fueron 94 casos más por día.
“En enero se atendieron a 4.031 víctimas y en febrero 3.482 casos atendidos. En cuanto a los hechos de feminicidio se registran 2 casos confirmados y 14 casos de tentativa, de este número seis fueron en el mes de enero y 8 en el mes de febrero”, expresaron en el informe.
Se reportaron dos casos de feminicidios. Foto: Gentileza
La mayor cantidad de reporte de violencia familiar se dieron en el departamento Central, donde hubo 3.328 causas ingresadas. Le sigue la ciudad de Asunción con 1.050, luego Alto Paraná, donde hubo 735, en Caaguazú registraron 386, en Itapúa con 346 víctimas, en Cordillera hubo 290, en San Pedro fueron 261 y en Amambay 186 reportes.
“Se registraron 229 víctimas de coacción sexual y violación hasta el mes de febrero y otras 20 denuncias por acoso sexual. En el mes de enero hubo 113 víctimas y 116 en febrero”, indicaron.
También, dieron a conocer los datos de violencia familiar desde el 2015 hasta el cierre del 2024, hubo un incremento muy importante. “Según la evolución anual de denuncias por violencia familiar recibidas en el Ministerio Público entre el 2015 y el 2024 hubo un aumento de más del 270 % de denuncias recibidas”, puntualizaron.
El diputado Rodrigo Gamarra solicitó al pleno aprobar la propuesta de resolución por la cual piden informes al Viceministerio de Transporte Público sobre el cumplimiento de las empresas de transporte público con las disposiciones de la Ley 6789. Foto: Gentileza
Diputados piden informe sobre cumplimiento de ley que rige sobre el transporte público
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El diputado colorado Rodrigo Gamarra solicitó al pleno que se apruebe la propuesta de resolución por la cual piden informes al Viceministerio de Transporte Público, dependiente de Obras Públicas, sobre el nivel de cumplimiento de las empresas de transporte público con las disposiciones de la Ley 6789.
La iniciativa que fue aprobada sobre tablas hace referencia a la legislación vigente desde el 2021, por la cual establece la cancelación de la licencia, itinerario y subsidio a las empresas del transporte público infractores de la Ley.
El objetivo de esta ley vigente es establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplen con las leyes vigentes.
Al respecto, el legislador argumentó que este pedido de informe surge en respuesta al significativo aumento de denuncias y quejas de los usuarios sobre la calidad del servicio, con problemas recurrentes, como mal estado de los vehículos, falta de puntualidad y escasa capacitación de los conductores, además de muchos casos de caídas de pasajeros en algunos casos con derivación fatal.
Con esta medida se pretende evaluar si las empresas están cumpliendo con las normativas y estándares requeridos de manera a ofrecer un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte público, en su gran mayoría estudiantes y trabajadores, expresa parte del proyecto.
“La implementación efectiva de la Ley 6789 podría significar una mejora considerable en la calidad del transporte público, que redundaría en beneficio de los usuarios, que es precisamente lo que se pretende”, explicó ante la plenaria el legislador proyectista.
Detenido por agredir a su pareja embarazada quedó libre
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de la subcomisaría 54 del barrio Acaray aprehendieron a un hombre en flagrancia de agresión física a una mujer en plena vía pública. Se trata de Richard Daniel Vera Ledezma (40), concubino de la víctima. En el momento del hecho, la mujer, de 40 años, se encontraba con su hija pequeña de 6 años y está embarazada de cinco meses.
Ocurrió a las 20:00 aproximadamente del lunes 15 de julio, pero el hombre ya quedó nuevamente en libertad, según disposición del Juzgado de Paz del segundo turno de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
En la noche del hecho, el personal policial acudió al lugar ante el aviso realizado por los vecinos sobre la existencia de una mujer que estaba siendo maltratada físicamente, con golpes de puño en el rostro por parte de un hombre en la calle. Al llegar al lugar los uniformados a cargo del suboficial superior Juan Godoy, constataron el hecho, según reportaron.
Los agentes incautaron del poder del supuesto autor un destornillador, con el cual habría intentado agredir a su pareja, y fue trasladado a la dependencia policial como aprehendido para ser llevado luego a la base de la Patrulla Caminera para la prueba de alcotest, cuyo resultado dio positivo, de acuerdo a lo indicado por la subcomisaría.
El caso fue comunicado a la fiscal Susan Vega, quien inició proceso y puso a disposición del juzgado, pero el hombre fue liberado, con algunas medidas de restricción, como la obligación de dejar la casa y no acercarse a la víctima. Para el 28 de julio fue fijada la audiencia de comparecencia del hombre.
Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto
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El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.
La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
Contrato adjudicado por vía de la excepción al pequeño autoservice Tía Chela.
“RECORDATORIO” DE COMISIÓN EN ANVERSO DE CHEQUE
A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Ávalos a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.
ALGUNOS “BENEFICIARIOS” NI SIQUIERA ESTÁN EN EL PAÍS
El Departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
Destacan apoyo de la Dinac a operativo desplegado en el Silvio Pettirossi
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El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.
“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.
Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.
Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.
“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.
Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.
“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.