Este viernes, desde el Ministerio Público informaron que en los dos primeros meses del 2025 reportaron y asistieron a más de 7.500 casos de violencia familiar en todo el país. En cuanto a casos de feminicidios, se registraron dos casos confirmados y 14 casos de tentativa, en el mismo periodo.
Según los datos abiertos de la Dirección de Transparencia y Acceso, la Fiscalía registró 7.513 víctimas de violencia entre los meses de enero a febrero de este año. Este número equivale a 127 casos por día, 24 casos más que el año pasado, donde se dieron 103 víctimas a diario y en el 2023 fueron 94 casos más por día.
“En enero se atendieron a 4.031 víctimas y en febrero 3.482 casos atendidos. En cuanto a los hechos de feminicidio se registran 2 casos confirmados y 14 casos de tentativa, de este número seis fueron en el mes de enero y 8 en el mes de febrero”, expresaron en el informe.
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La mayor cantidad de reporte de violencia familiar se dieron en el departamento Central, donde hubo 3.328 causas ingresadas. Le sigue la ciudad de Asunción con 1.050, luego Alto Paraná, donde hubo 735, en Caaguazú registraron 386, en Itapúa con 346 víctimas, en Cordillera hubo 290, en San Pedro fueron 261 y en Amambay 186 reportes.
“Se registraron 229 víctimas de coacción sexual y violación hasta el mes de febrero y otras 20 denuncias por acoso sexual. En el mes de enero hubo 113 víctimas y 116 en febrero”, indicaron.
También, dieron a conocer los datos de violencia familiar desde el 2015 hasta el cierre del 2024, hubo un incremento muy importante. “Según la evolución anual de denuncias por violencia familiar recibidas en el Ministerio Público entre el 2015 y el 2024 hubo un aumento de más del 270 % de denuncias recibidas”, puntualizaron.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral para intendente de Encarnación por presuntos delitos ambientales
Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.
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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.
Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.
Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.
Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.
Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).
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Fiscalía incautó lotes de camperas presuntamente falsificadas en Falcón
La agente fiscal interina de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual y contra el Contrabando de Villa Hayes, Norma Paredes, realizo está mañana una intervención en Puerto Seco Boreal de Falcón, en el marco de una investigación iniciada por la supuesta infracción a las leyes que protegen la propiedad marcaría.
La comitiva interinstitucional integrada por la Dirección General de Vigilancia Aduanera (GGA) de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Dirección General de Observancia de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), coordinados por la representante del Ministerio Público realizaron una inspección a un contenedor que tenia un total de 222 bultos que contenían una gran cantidad de camperas, presumiblemente de marcas falsificadas.
Cada bulto contenían entre 60 a 70 prendas, totalizando 13.000. Los 222 bultos son camperas genéricas, sin marca, por lo que no fueron incautadas. El lote de mercadería incautada quedará en resguardo de la administración aduanera a la espera del mandamiento judicial correspondiente.
Igualmente, la representante del Ministerio Público una vez recabado todos los datos deberá estudiar si corresponde presentar imputación contra los responsables del contenedor.
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Conforman equipo especial para investigar derrumbe de edificio en Encarnación
El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.
El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.
“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.
El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.
Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.
A resultas de informe de peritos de obras
“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.
El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.
“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.
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Condenan a cinco años de prisión al responsable de una brutal golpiza a una mujer frente a niños
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un hombre fue condenado a cinco años de prisión por golpear con brutalidad a su pareja, frente a sus hijos menores, hasta dejarla ensangrentada. La fiscal María del Carmen Meza, de Iruña, consiguió una pena más severa, mediante la apelación de la sentencia inicial que fue solo de tres años.
El nuevo juicio oral se realizó hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, donde el tribunal integrado por Emilia Santos (Presidente), Milciades Ovelar y Flavia Lorena Recalde dictó la sentencia de cinco años, por violencia familiar, a Jorge Antonio Cabrera Ávalos, quien se encuentra recluido desde el 2023.
Según los antecedentes del caso, el hoy condenado sometió a su entonces pareja, a maltratos físicos y psicológicos durante más de dos años, en la vivienda que compartían en la colonia San Alfredo, distrito de Naranjal. La última agresión ocurrió el 3 de noviembre de 2023, alrededor de las 23:00, tras una discusión.
En esa ocasión, el hombre golpeó a la víctima en diversas partes del cuerpo, causándole heridas en la cara, la cabeza, y en casi todo el cuerpo. La violenta agresión ocurrió frente a los hijos de la víctima, menores de edad. El hombre huyó del lugar, pero fue perseguido por vecinos, quienes lograron detenerlo a unos mil metros de la casa, en un camino vecinal, y lo entregaron al personal policial.
Mientras unos vecinos fueron tras el agresor, otros auxiliaron a la víctima y la trasladaron al puesto de salud de Naranjal, donde llegó con sangrados en la cabeza y rostro, además de lesiones traumáticas en diversas partes de su cuerpo. El diagnóstico médico, emitido por la doctora Fernanda Bordaberry desnudó la violencia a la que fue sometida.
“Lesiones traumáticas severas, obstrucción de vías aéreas por secreción hemática, epistaxis moderada, un hematoma peri orbitario en el lado izquierdo y una herida cortante de 2 cm en la región ciliar del mismo lado”, decía el informe de aquella vez.
Cabe recordar que el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Margarita Martínez, Diego Duarte y Gloria Vera había condenado a tres años de prisión a Cabrera Ávalos. Sin embargo, la representante del Ministerio Público apeló la sentencia, dictada el 22 de octubre de 2024, y recurrió a segunda instancia.
La Cámara de Apelaciones anuló el fallo, ordenó el reenvío del caso y la realización de un nuevo juicio oral con otro tribunal, que fue lo realizado hoy.