El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió este viernes por primera vez al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones de Itaipú y defendió la “posición de país” a través de las cuatro medidas asumidas ante este impasse, en un contacto con Radio Mitre de Argentina, expresando su preocupación y lamentando la situación ante la intención de abogar por la integración regional.

“Es una noticia bastante desagradable. Vemos eso con tremenda preocupación porque no se condice con el tipo de relación que queremos proponer, una de amistad, socios, amigos que nos permita construir un Mercosur más fuerte. Lastimosamente estamos en este impasse” , comentó Peña al programa que conduce Eduardo Feinmann.

Asimismo acotó: “Nosotros hemos tomado medidas muy firmes, abrimos investigaciones en nuestra área de ciberseguridad. Está demostrado que recibimos constantemente ciberataques que provienen de China, pero jamás nos hubiésemos imaginado que estaríamos sujetos a espionaje por parte de nuestro hermano y vecino brasileños”.

Peña dijo que esta acción ilegal termina “abriendo viejas heridas” al recordar la Guerra de la Triple Alianza desatada contra el Paraguay durante los años 1864 a 1870. El conflicto bélico, considerado como la contienda más sangrienta de América del Sur, fue comandado por el Brasil con respaldo de Argentina y Uruguay.

“Estas son heridas que nosotros estamos buscando sanar y este episodio lastimosamente lo que hace es abrir estas viejas heridas, cuando nosotros lo que queremos es dejar atrás es esa historia de odio, de resentimiento que venía principalmente de afuera hacia Paraguay, lastimosamente, hoy nos damos cuenta de que hay ese resentimiento”, lamentó.

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El medio brasileño UOL reportó el 31 de marzo sobre una operación de espionaje reconocida por Brasil en un comunicado oficial, pero que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuye a su antecesor, Jair Bolsonaro. El espionaje buscaba conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países -ahora pausadas- sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.

El gobierno de Lula da Silva negó “categóricamente cualquier implicación en la acción de inteligencia” y se la adjudicó a la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), en un comunicado de la cancillería publicado el lunes. “La mencionada operación fue autorizada por el gobierno anterior, en junio de 2022, y anulada por el director interino de la (agencia de inteligencia estatal) ABIN el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual gestión tuvo conocimiento del hecho”, dijo el gobierno de Brasil.

El gobierno paraguayo convocó al embajador de Brasil, José Antonio Marcondes de Carvalho, para que “ofrezca explicaciones detalladas” sobre la operación, explicó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, en conferencia de prensa el martes. Ramírez también informó que se llamó a consultas al representante diplomático paraguayo en Brasilia “a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del gobierno del Paraguay por parte de ese país”.

Según la prensa brasileña, la ABIN ingresó a las computadoras de las instituciones del Estado paraguayo para obtener informaciones reservadas. El objetivo habría sido conocer la posición de Paraguay en la negociación del “Anexo C”, un documento del Tratado de Itaipú (que dio lugar a la construcción de la represa sobre el río Paraná, limítrofe), que establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la central hidroeléctrica.

Ramírez aseguró el martes que quedaron “suspendidas todas las negociaciones del Anexo C hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del gobierno de la República del Paraguay”. Las negociaciones giran en torno a la reducción del precio de la energía, interés de Brasil, que compra desde hace décadas todo el excedente que le corresponde a Paraguay, que consume menos del 10% de lo producido.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, tomó la decisión de abrir una investigación penal ante el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del Gobierno paraguayo, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de Itaipú. El espionaje informático se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para el efecto, fue asignada como responsable la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano. Según publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

En la resolución n.° 27 el Ministerio Público refiere que la citada agencia “habría tratado de ingresar o habría ingresado a dispositivos electrónicos ajenos del presidente de la República del Paraguay, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático, de la Administración Nacional de Electricidad, entre otros”.

El espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones que fueron proveídas por el gobierno de Lula da Silva mediante un comunicado. El dirigente político del Partido de los Trabajadores responsabilizó exclusivamente de la acción ilegal a Bolsonaro.

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La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal, realizadas en noviembre del año pasado, y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

Por su parte, el gobierno del presidente Santiago Peña tomó la decisión de requerir explicaciones detalladas al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, igualmente al embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes.

A su vez, decidió suspender de manera indefinida el proceso de renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú. Mientras que desde el Congreso Nacional se anunció la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje.

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El senador Natalicio Chase fue designado este jueves por su colega como presidente de la Comisión Unicameral del Senado sobre Itaipú. Esta comisión fue instalada oficialmente por el titular de la Cámara Alta, el senador Basilio Núñez, en una sesión extraordinaria en que también se designó al senador Dionisio Amarilla como vicepresidente, así como a las senadoras Lizarella Valiente y Noelia Cabrera como relatoras.

Los legisladores aprobaron que esta comisión se reúna los lunes a las 14:00, de forma presencial, en la sala de reuniones de la Presidencia del Senado. Inicialmente, debía ser una Comisión Especial Bicameral que fue creada el año pasado y desde entonces no se logró instalar para la elección de las autoridades debido a la falta de acuerdo entre senadores y diputados, por lo que, se procedió a conformar una comisión unicameral.

De acuerdo a la ley 6401/2019, la Comisión Bicameral debía estar conformada por ocho representantes titulares y ocho suplentes de la Honorable Cámara de Senadores, y en igual cantidad de representantes de la Honorable Cámara de Diputados. Además, debería estar integrada por tres representantes titulares y tres suplentes del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

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La designación de los miembros para la bicameral se realizó en setiembre de 2024. Por el Senado se designó a los representantes titulares Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías, Natalicio Chase, Hernán Rivas, Óscar Salomón, Colym Soroka, Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla, así como a las senadoras Lourdes Cabrera y Yolanda Paredes en representación del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

La Cámara de Diputados designó en octubre pasado como miembros titulares a los diputados Christian Brunaga, Avelino Dávalos, Mauricio Espínola, Hugo Meza, Carlos Pereira, Rocío Abed, Jorge Ávalos Mariño y Raúl Benítez. Mientras que los parlasurianos designados son Rodrigo Gamarra, Virina Villa­nueva y Pastor Vera Bejarano, ya para los integrantes suplentes fueron designados Miguel del Puerto, Betina Aguilera, Esteban Samaniego, Luis Federico Franco y Walter García.

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El proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, Ministerio de Educación y Ciencias”, conocida como “Letrina Cero en las escuelas” fue aprobado por la Cámara de Senadores y ahora pasa a la Cámara de Diputados para cumplir con el circuito legislativo. La ampliación presupuestaria para la cartera educativa es de G. 48.000.000.000, para el rubro de construcciones en el ejercicio fiscal del 2025.

El senador Silvio Ovelar, impulsor del proyecto, indicó que con este programa finalmente se logrará erradicar las letrinas en las instituciones educativas del país. “Este es un proyecto que va a devolver la dignidad a esos niños en las localidades más vulnerables del país. Ya fue ampliamente debatido, por consiguiente, solicito el acompañamiento de los colegas”, expresó el legislador.

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Ovelar también expuso un listado de los departamentos del país con que cuenta con letrinas en las instituciones educativas, entre los cuatro primeros lugares, va desde 42 a 78 que aún cuentan con este tipo de baño común, afectando a 15.350 alumnos.

“Esto va a abarcar a todos los departamentos del país. El departamento de Presidente Hayes (Chaco) es el que tiene mayor cantidad de letrina común, y que no tiene, son 78 en total, el siguiente departamento es el de Canindeyú con 47, el tercero de es Caazapá con 47 y en el cuarto lugar está el departamento de Boquerón con 42, después todos los departamentos tienen una cantidad que oscilan entre 5 a 20 aproximadamente”, detalló.

Esta iniciativa fue acompañada por la mayoría de los miembros del pleno del Senado para su aprobación, y la misma será analizada en la Cámara Baja, de ser sancionada, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto correspondiente. El proyecto ya había sido incluido en el orden del día de la sesión del pasado miércoles, sin embargo, no se llevó adelante su tratamiento por falta de quórum.

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