El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, calificó como una falacia la denuncia hecha por el diputado abdista Mauricio Espínola, quien sin argumentos ni fundamentos sólidos acusó a la institución de pretender la adquisición de equipos de escucha telefónica para espionaje político, mediante la entidad binacional Itaipú.

“Ni siquiera se le puede atribuir como a una denuncia porque se basa en supuestos y en futurología que solamente en su mente existe. Habla sin ningún tipo de sustento, pero su equipo político habla en estos términos porque estaban acostumbrados a realizar persecuciones políticas”, sostuvo Rachid, en alusión al caso Seprelad, en que el legislador está imputado por la filtración de datos confidenciales junto al exmandatario Mario Abdo Benítez, y otros siete exfuncionarios ya acusados por la Fiscalía.

Rachid dijo que su gestión apunta a dotar de mayor tecnología a la Senad ante las carencias que padeció la institución en materia de infraestructura bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, situación que contribuyó para la consolidación del Paraguay como una de las principales rutas para el tráfico de drogas con destino a Europa.

“Es inconcebible que una institución como la Senad no tenga soporte tecnológico. Mauricio Espínola habla como un antipatriota, quién no va a querer que una institución del Estado paraguayo cuente con mayores equipos y tecnología, mejores computadoras. Me parece totalmente fuera de lugar que ataquen la independencia, autonomía de una institución que está dando resultado, sus afirmaciones son totalmente fuera de contexto”, refirió el ministro, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El parlamentario, para sostener su acusación, incluso argumentó que el impasse desatado a finales del año 2024 entre la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Senad, tenía como principal finalidad la compra de los supuestos equipos de espionaje.

“Si esto fuese una ecuación matemática, el diputado estaría aplazado. Se equivocó de punta a punta, no tiene absolutamente nada que ver. La institución trabaja con diversos países, la cooperación con la DEA es una; la cooperación con la Policía Federal del Brasil es otra; y con la Policía de Investigaciones de Chile es otra. Todas las investigaciones que estos grupos llevan acabo con las cooperaciones son independientes”, comentó.

“Para que Espínola trate de entender, la Dirección de Inteligencia de la Senad no tiene la tecnología de estos grupos. Necesitamos de esas tecnologías para algo nuestro, para algo del Estado, acá no estamos restando, estamos sumando”, acotó Rachid.

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El príncipe Enrique fue acusado este domingo de “intimidación y acoso” por la presidente de una organización no gubernamental que trabaja en África y que él cofundó, pero de la cual tomó distancia tras un conflicto interno.

El hijo menor del rey Carlos III era hasta ahora mecenas de la ONG Sentebale, uno de los pocos compromisos que conservó tras su explosiva ruptura con la monarquía británica en 2020 y la pérdida de su patrocinio real. El príncipe Enrique anunció sin embargo el martes que abandonaba “devastado” la organización benéfica, después de un conflicto entre los administradores y la presidenta del consejo de administración, Sophie Chandauka, nombrada en 2023.

Chandauka fue también acusada de mala gestión por miembros del consejo de administración, que pidieron su renuncia. El caso se ha remitido a los tribunales. En una entrevista concedida el domingo a Sky News, Chandauka arremetió directamente contra el príncipe, acusándole de haber hecho todo lo posible para obligarla a abandonar su puesto en la organización.

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“Lo que el príncipe Enrique quería hacer era expulsarme, y eso duró meses. Se prolongó durante meses, en forma de intimidación y acoso”, afirmó. También aseguró que “tenía pruebas de ello”. El canal intentó ponerse en contacto con el príncipe, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, pero sin éxito.

Según una fuente anónima cercana a los administradores citada por BBC, éstos “esperaban” lo que describieron como una “maniobra publicitaria” urdida por Chandauka.

Chandauka denunció el domingo una cultura del “silencio” en la organización, con miembros de la junta reacios a pronunciarse en contra del duque de Sussex o simplemente a hablar de temas controvertidos. También se refirió a la pérdida de muchos donantes, que achacó, con documentos justificativos, a la salida del príncipe Enrique de Reino Unido en 2020.

Chandauka habló asimismo de la decisión del príncipe de llevar un equipo de rodaje de la plataforma Netflix -con la que tiene un contrato muy lucrativo- a la recaudación de fondos del año pasado, que se celebró durante un partido de polo.

Las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, mostraban una escena bastante extraña entre la presidenta de la organización y la duquesa de Sussex, Meghan, ambos queriendo sostener el trofeo en el escenario. Tras el episodio, Enrique “me pidió hacer como una declaración para apoyar a la duquesa”, dijo Chandauka. El exdirector del consejo de administración, Kelello Lerotholi, declaró sin embargo a Sky News que nunca había sido testigo de ninguna petición de este tipo por parte del príncipe Enrique.

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“Puedo decir sinceramente que en las reuniones a las que he asistido nunca ha habido el menor indicio de ello”, afirmó. Lynda Chalker, que fue miembro del consejo de administración de la organización benéfica africana durante casi 20 años, declaró al periódico The Times que el estilo de Chandauka era “casi dictatorial”.

Enrique cofundó Sentebale cuando tenía 21 años, para continuar la labor de su difunta madre, la princesa Diana, profundamente comprometida en la lucha contra el sida. Sentebale trabaja en particular con niños y jóvenes que se quedaron huérfanos por la epidemia de sida en Lesoto, un pequeño país pobre enclavado en Sudáfrica, y en Botsuana.

Fuente: AFP

• Ciudad del Este. Agencia Regional

Una mujer presentó denuncia ayer miércoles, ante la Comisaría 23 del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, sobre un supuesto hecho de abuso sexual de su hija de 12 años, con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El denunciado como presunto autor es el padre. La fiscal Julia González investiga el caso.

De acuerdo a lo explicado por la madre al personal policial, en una conversación con su hija, ella contó que el 21 de marzo pasado, fue abusada sexualmente por su padre, en la casa del mismo. Los padres de la niña son separados y el papá vive en el mismo barrio, pero en un sitio de alquiler.

Tras intervenir el Ministerio Público, una sicóloga tomó el relato de la niña donde ella ratificó que fue sometida a abuso por su padre, según explicó a La Nación/Nación Media la fiscal Julia González. La misma dispuso la inspección ginecológica por parte de la médica forense y el resultado no coincide con el relato realizado por la supuesta víctima, es lo que manifestó la agente fiscal.

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La representante del Ministerio Público informó que está solicitando a Salud Mental un diagnóstico, también una evaluación sicológica a cargo de profesionales de la Fiscalía y también todavía le falta escuchar al padre, quien es el denunciado.

Contó además que, según la denunciante, el padre suele ir a buscarla a su hija al colegio para llevarla a la casa de su madre y pocas veces ha estado con él en su casa. La fiscala sostuvo que el reporte recibido le indica que la niña tiene TEA en grado dos y necesita aún muchas evaluaciones para llegar a una conclusión sobre el caso.

La Nación/Nación Media no divulga la identidad del denunciado por protección a la niña, debido a que una publicación del supuesto responsable también permitiría identificar a la víctima.

El artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, prohíbe la divulgación de nombres, fotografías o datos de niños y adolescentes, tanto para víctimas o presuntos autores de hechos punibles. Las personas que infrinjan esta prohibición serán sancionadas de acuerdo con la ley penal.

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El juez penal de garantía de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco, imprimió trámite de oposición al pedido de desestimación que solicitaron los agentes fiscales Celso Morales, Christian Ortiz y Luis Said en relación a la investigación sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrida en la madrugada del 19 de agosto del año pasado, en un allanamiento fiscal.

Con la presente resolución judicial, será el fiscal general del Estado quien defina si dictamina a favor de la desestimación o recomienda al juzgado penal de garantía seguir con la presente investigación fiscal.

En su resolución, el magistrado Areco sostiene que “me mantengo en mi oposición, conforme a los fundamentos del A.I. N° 218 de fecha 13 de marzo del 2025, en consecuencia y de conformidad a lo que dispone el artículo 314 del Código Procesal Penal, párrafo segundo, que dice disponer la remisión nuevamente de las actuaciones al Ministerio Publico, para que el fiscal general del Estado peticione nuevamente o ratifique lo actuado por los fiscales inferiores, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución”, según la determinación adoptada por el magistrado Areco.

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De acuerdo a los hechos, el fallecimiento del diputado se registró el pasado 19 de agosto del 2024, a las 3:00, durante un allanamiento encabezado por el Ministerio Público, acompañados por los agentes de la Policía Nacional y los asistentes fiscales.

De acuerdo al Ministerio Público se determinó que los intervinientes que estuvieron en el hecho son los agentes policiales Pablo Torales y Carlos García. Este último fue el que disparó los tiros mortales contra el legislador. Conforme con la conclusión de los fiscales, el hecho se produjo en defensa propia, ya que el diputado también había disparado contra los intervinientes, por lo que habría existido una causa de justificación.

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