La Guerra de la Triple Alianza dejó a Paraguay una serie de secuelas que con los años y el esfuerzo de la ciudadanía y autoridades de la época se fueron subsanando. En el marco de esta realidad es indiscutible como gran parte de ese trabajo de reconstrucción se vio impulsado por acciones claves como la firma del Tratado de paz, amistad y renuncia del pago de gastos de guerra entre las repúblicas de Paraguay y Uruguay el 20 de abril de 1883.
Con la firma del mencionado tratado se llegaba a un entendimiento a través del cual se declaraba nulo y sin ningún valor el proyecto de Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación de diciembre de 1873 (también conocido como Tratado Miranda-Sienra Carranza), ratificándose la renuncia formal al cobro de los gastos de guerra, equivalente a la suma de 3.690.000 pesos.
En el Tratado Miranda-Sienra Carranza, la República del Paraguay reconocía como “deuda suya” el importe de los gastos de guerra hechos por la República Oriental del Uruguay para la campaña guerrera de 1865-1870 y debían ser cubiertos los “daños y perjuicios irrogados por la guerra, a los ciudadanos y demás personas amparadas por el derecho de la República Oriental del Uruguay”.
En conversación con La Nación/Nación Media, el exembajador del Uruguay en nuestro país, Federico Perazza, recordó este hecho largamente estudiado como una práctica poco común, pero que sin ninguna duda sentó un precedente en las relaciones amistosas entre ambos países vecinos.
“Hay que recordar que en nuestro continente, en el transcurso del XIX, la práctica de condonar deudas de guerra a través de tratados no era algo usual. Muy por el contrario, en el mencionado siglo, los tratados contemplaban deudas y gastos de guerra, reflejando de manera concreta los intereses políticos, económicos y estratégicos de la época, en ese contexto particular de formación de nuevos Estados independientes y de frecuentes conflictos bélicos entre naciones”, remarcó Perazza.
El diplomático explicó que el presidente de aquel momento del Uruguay, el general Máximo Santos, empieza a emitir leyes por las que la nueva reconfiguración departamental del país abreva en figuras trascendentes de su historia y, por supuesto, se ve ante una época en que había que repensar la relación con el Paraguay después del desastre de la guerra grande.
“Parecía, pues, que en este contexto histórico tan particular algunas acciones internas iban a permear medidas de política exterior, sobre todo aquellas relacionadas con la paz con sus vecinos. Entiendo que ese momento había llegado y con él intentar la reconstrucción de relaciones a través de la formalidad de un tratado vinculante que abordara la paz definitiva y todo lo que ella conlleva para su perpetuidad”, indicó Federico Perazza.
Al analizar la firma de este tratado, el diplomático enfatizó que en las negociaciones llevadas adelante por el representante paraguayo, el canciller José Segundo Decoud, y por el enviado especial de la República del Uruguay, Ernesto Kubly, se pudo advertir la postura receptiva, solidaria y conciliadora del Uruguay, que era ni más ni menos que la posición pragmática del general Máximo Santos sintetizada en su frase “el Paraguay no nos debe nada”.
“El perdón de la deuda paraguayo fue una alta inspiración del general Santos. Los miembros del gabinete paraguayo aspiraban a dicha exención que, a no dudarlo, tenía una gran importancia para las finanzas de su país, y complacerlos era una medida de elevada política. Los pequeños estados americanos hallarían su salvaguardia en la práctica de los grandes principios que niegan el derecho de la fuerza”, enfatizó Perazza.
Tras la firma de este tratado, La Plaza San Francisco en Asunción fue renombrada como “Plaza República Oriental del Uruguay”, conocida como Plaza Uruguaya. Así también el General Santos fue honrado con la ciudadanía paraguaya y el nombramiento como General honorífico de los ejércitos de Paraguay. Y en 1885 se vivió la devolución de los trofeos de guerra por parte del gobierno del Uruguay.
De esta manera, Paraguay lograba con Uruguay la condonación de su deuda de guerra, algo que no había podido lograr con Brasil en 1872 ni tampoco con Argentina en 1876. Con Argentina se debió esperar hasta 1942 para que el Gobierno de Ramón Castillo y su parlamento sancionaran la ley 12.747 que renunciaba al cobro de la misma y con Brasil en 1943, bajo la presidencia de Getulio Vargas, se hizo lo propio.
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