Activan protocolo de protección a la mujer tras denuncia de agresión
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Tras realizar la denuncia de agresión que sufrió por parte de un conductor de plataforma de viajes, luego de que el mismo se negara a finalizar el viaje para aumentar el costo de la facturación en la tarjeta, la víctima del incidente será asistida por el Ministerio Público, en el marco del protocolo de protección a mujeres.
La denuncia fue realizada por la víctima, identificada como Rania Riquelme, quien utilizo las redes sociales para dar a conocer el caso a la ciudadanía tras realizar lo propio con las autoridades correspondientes.
La misma relató que habitualmente usa la aplicación de transporte “Bolt”, donde cuenta con la opción de débito automático del costo de los viajes de su tarjeta de crédito, por lo que controla que los viajes sean finalizados al llegar a destino.
Explicó que, cuando le solicitó al conductor que finalice el viaje, el mismo primero le dijo que ya lo hizo, pero cuando ella revisó la aplicación, el viaje estaba todavía en curso, por lo que insistió, momento en que el hombre empezó a insultarla y le exigió que baje del vehículo de manera violenta.
“Cuando me empieza a gritar en el auto y me dice groserías, yo me bajo del auto y ahí me doy cuenta de que me sigue, quiero correr, pero me alcanza y me patea por atrás en la zona de los glúteos y después me empuja, luego arranca y se va”, comento la víctima en conversación con Telefuturo
La joven, debido al dolor tras el golpe, acudió hasta el Hospital del Trauma, donde comentó el hecho y le fue tomada la denuncia, dejando además constancia de las lesiones sufridas.
Tras todo esto, la misma consiguió imágenes de circuito cerrado del lugar de los hechos para respaldar su denuncia y ayudar a los intervinientes para localizar al hombre.
Según los datos proveídos por la denunciante, el nombre del conductor que figura en la aplicación de transporte es Edilberto de Jesús, quien conducía un Toyota modelo Belta de color blanco con chapa BXU 706.
Conductor de plataforma: jueza cambió calificación de homicidio doloso a culposo
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La jueza de Garantías, Rossana Diana Carvallo, cambió la calificación del caso del conductor de plataforma que tuvo un altercado con un pasajero y que terminó muerto. El hecho ocurrió el pasado 1 de mayo, en el barrio Mburucuyá, y tuvo amplia repercusión por el desenlace fatal.
Ahora, la causa que investiga la muerte del pasajero, Arnaldo Grance, pasó de homicidio doloso, que tiene una pena de 5 a 20 años, a homicidio culposo, cuya pena va de seis meses a 5 años de cárcel o multa.
Con la presente resolución judicial, el imputado,Cristian Narváez, podría acceder a medidas alternativas a la prisión. La fiscalía se allanó al cambio de calificación.
De acuerdo a imágenes de circuito cerrado del lugar donde ocurrió el hecho, ambos intercambiaron golpes. Uno estaba presuntamente bajo los efectos del alcohol. Sin fuerzas, cayó y murió. El otro le propinó golpes, lo vio caer y solo atinó a cerrar la puerta de su vehículo y abandonar el lugar.
“Cuando veo que retrocede y se cae, en ningún momento pensé que le pasó algo malo”, aseguró Narváez en su primera declaración. Tras lo acontecido, fue imputado por homicidio doloso y omisión de auxilio.
De acuerdo a la legislación paraguaya, se configura homicidio doloso cuando una persona mata a otro intencionalmente. Sin embargo, existe controversia con respecto a la figura de “dolo eventual”, que sugiere que se acciona a pesar de la posibilidad de un resultado grave.
En este caso, el informe forense concluyó que la muerte se produjo por una hemorragia cerebral derivada del golpe en la cabeza tras caer. En derecho penal se analiza la cadena causal, los golpes durante la pelea derivaron en la caída del pasajero y en el golpe en la cabeza que le produjo la muerte.
Fiscalía recibió 11.815 denuncias por pornografía relativa a niños entre 2021 y 2026
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El Ministerio Público, a través del observatorio, informó sobre el aumento de denuncias por pornografía relativa a niños y adolescentes en Paraguay. De acuerdo a la mencionada dependencia, entre 2021 y abril de 2026 ingresaron 11.815 denuncias a nivel país.
El informe revela el incremento de delitos informáticos tras la pandemia y está relacionado con el mayor acceso a dispositivos tecnológicos, videojuegos, redes sociales y plataformas de mensajería, situación aprovechada por depredadores sexuales.
Los departamentos con mayor cantidad de denuncias son:
Asunción
Central
Caaguazú
Itapúa
Alto Paraná.
Solo en 2024 se registraron 2.937 casos, mientras que en lo que va del 2026 ya ingresaron 1.654 denuncias hasta abril.
La fiscal especializada Irma Llano alertó que los pedófilos captan principalmente a sus víctimas mediante videojuegos y aplicaciones de mensajería. Además, advirtió que la falta de control sobre el uso de internet y redes sociales facilita este tipo de hechos.
El Ministerio Público recordó que estos delitos suelen estar vinculados a hechos graves como abuso sexual infantil, grooming, trata de personas, extorsión y violencia sexual.
La legislación paraguaya prevé penas de hasta 10 años de prisión por pornografía infantil, además de sanciones por consumo, posesión, difusión y organización de actividades vinculadas a explotación sexual de menores.
A través de “Cambiemos el Juego”, Plan International Paraguay busca generar conciencia sobre la importancia de que las niñas puedan crecer libres de violencia, desarrollar su potencial y soñar con un futuro distinto. Foto: Gentileza
Cambiando el juego en Paraguay: el fútbol como herramienta para proteger y empoderar a niñas
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Mientras miles de personas se reúnen en Paraguay para compartir la pasión por el fútbol, otra realidad avanza en silencio: casi todos los días una niña menor de 14 años da a luz en el país, víctima de abuso sexual.
Según registros oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en 2024 se registraron 350 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años y más de 8.800 partos en adolescentes de 15 a 19 años.
Los datos preliminares de 2025 confirman la persistencia del problema, evidenciando que el embarazo infantil y adolescente sigue afectando de manera desproporcionada a niñas y adolescentes que viven en contextos de pobreza, exclusión territorial y discriminación, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas.
Frente a esta realidad, Plan International Paraguay impulsa la campaña “Cambiemos el Juego”, una iniciativa que pone en valor el deporte, y particularmente el fútbol, como una herramienta estratégica para la prevención de la violencia, la promoción de derechos y la construcción de espacios seguros para niñas y adolescentes.
En Paraguay, la campaña se articula a partir de La Liga Joaju, un proyecto que se implementa desde hace varios años en comunidades rurales y vulnerables del país.
“Cambiemos el Juego” pone en valor el deporte, y particularmente el fútbol, como una herramienta estratégica para la prevención de la violencia, la promoción de derechos y la construcción de espacios seguros para niñas y adolescentes. Foto: Gentileza
La Liga Joaju
La iniciativa utiliza el fútbol mixto como una puerta de entrada para ampliar las oportunidades de desarrollo de adolescentes, especialmente niñas y mujeres jóvenes indígenas, en territorios donde las desigualdades estructurales, las brechas en el acceso a derechos y la falta de espacios de recreación y formación siguen limitando sus proyectos de vida.
Dana, tiene 14 años y recuerda con exactitud lo que le decían cuando quería jugar al fútbol: “Me decían que no podía jugar porque es un juego de hombres y que yo debía jugar solo con muñecas”.
Más de 1.700 niñas, niños y adolescentes provenientes principalmente de comunidades rurales y pueblos indígenas de los departamentos de Guairá, Paraguarí, Caaguazú y San Pedro, ya formaron parte de los proyectos donde el fútbol se convierte en una herramienta de protección, aprendizaje y liderazgo.
El impacto también se refleja en historias que hoy trascienden la cancha comunitaria, como la de Fátima Acosta, quien dio sus primeros pasos en estos espacios y que actualmente integra la Selección Femenina de Fútbol de Paraguay.
“La verdad que nunca pensé llegar hasta acá, estar en la selección nacional. Sé que sí se puede alcanzar lo que queremos. Que el ser mujer, no te limita a cumplir tus sueños”, mencionó.
En un país donde el fútbol es parte central de la vida comunitaria, este deporte funciona como un lenguaje común que convoca, une y moviliza. Lo que hace única a esta iniciativa no es solo el deporte, sino que cada entrenamiento integra capacitaciones sobre cuidado socioemocional, bienestar físico y brinda herramientas concretas para la prevención de la violencia.
Violencia estructural
Los embarazos en niñas menores de 14 años en Paraguay no pueden analizarse de forma aislada. De acuerdo con datos del Ministerio Público, durante 2024 se registraron más de 3.551 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, y en más del 80% de los casos las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas violencias ocurre en el entorno familiar o cercano, lo que incrementa las barreras para la denuncia y el acceso temprano a protección.
A esto se suman las uniones tempranas, que afectan principalmente a adolescentes mujeres y se concentran en zonas rurales y en poblaciones indígenas, reforzando ciclos de violencia, abandono escolar y pobreza intergeneracional.
“El fútbol puede ser mucho más que una competencia. Puede ser un espacio de protección, de expresión y de construcción de proyectos de vida para niñas y adolescentes que enfrentan múltiples formas de exclusión. Con La Liga Joaju y con Cambiemos el Juego, buscamos crear mayores oportunidades para la igualdad, el liderazgo y la prevención de la violencia”, señaló Noelia Errecarte, representante país de Plan International Paraguay.
A través de “Cambiemos el Juego”, Plan International Paraguay busca poner en relieve la importancia que toda la sociedad, incluido el sector privado, contribuyan a generar entornos protectores donde las niñas puedan crecer libres de violencia, desarrollar su potencial y soñar con un futuro distinto.
Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
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Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.