El ministro del Interior Enrique Riera adelantó que algunos parlamentarios plantearán elevar penas para menores de edad que cometan delitos graves como lo es el caso del feminicidio de la joven de 17 años de edad, María Fernanda Benítez, quien fue asesinada por otro joven de la misma edad.
Riera indicó que “no solo elevar las penas, sino bajar los grados de imputabilidad, porque a veces el crimen organizado utiliza menores porque creen que con ellos van a ser impunes”, mencionó el ministro del Interior en conferencia de prensa.
Gobierna condena crimen
En conferencia de prensa, ministros del Gobierno del Paraguay manifestaron su profundo repudio ante el asesinato de la adolescente María Fernanda Benítez, de 17 años, ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo. Uno de los voceros fue el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, quien transmitió el mensaje oficial del Ejecutivo.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que acompañe con responsabilidad el desarrollo de la investigación, evitando cualquier acción que pueda obstruir el trabajo de la Justicia, es fundamental permitir que los procesos avancen con el rigor técnico y jurídico que este tipo de situación requiere”, manifestó.
Gutiérrez calificó el hecho como un “crimen aberrante que enluta a todo el país”, y aseguró que esta tragedia no solo conmociona a la sociedad paraguaya, sino que también interpela a todas las instituciones del Estado, que tienen la responsabilidad de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.
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Los millones de Abdo: “Ante este tipo de denuncias amerita una investigación”, dice ministro
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y secretario político de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Juan Carlos Baruja, opinó sobre la publicación periodística que refieren que el exjefe de Estado Mario Abdo Benítez, y su esposa Silvana López Moreira, tendrían ocultos USD 21 millones en el paraíso fiscal de Seychelles (África).
“Esta es una publicación realizada por un medio argentino y yo creo que merece ser investigado. Cualquier persona que ha tenido un cargo tan importante como la Presidencia de la República, ante este tipo de denuncias, amerita una investigación para deslindar responsabilidades”, indicó este martes en entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La información fue publicada por el periodista argentino Luis Gasulla en el portal de PeriodismoyPunto, con datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a la documentación.
La publicación periodística detalla que con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12,316,108.44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran López Moreira y Abdo Benítez. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.
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De acuerdo al informe confidencial al que accedió el medio argentino, en junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8,716,581.02, también a nombres de López Moreira y Abdo Benítez.
Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC— por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.
Mientras que Exchange Contracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran dentro del informe confidencial, reflejan el “clásico patrón de blanqueo de dinero”.
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Codeni interviene fiesta con menores de edad en horario prohibido
Una fiesta denominada “Pijama Party”, organizada de forma privada en un local nocturno de Asunción, generó preocupación en autoridades de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), debido a que estaba dirigida a menores de entre 12 y 16 años y se desarrollaba pasada la medianoche.
“Se filtró un dato que se iba a realizar una fiesta ‘Pijama Party’ y nos llamó mucho la atención las edades convocadas para dicha fiesta, que era de 12 a 16 años”, explicó Elba Ibarra, jefa de Codeni de Asunción. La invitación se habría difundido exclusivamente por WhatsApp, sin promoción en redes sociales, lo cual dificultó su detección temprana.
Al llegar al lugar, las autoridades constataron que varios adolescentes estaban haciendo fila para ingresar al evento, lo cual está expresamente prohibido por la legislación vigente. “Fuimos hasta el sitio y encontrábamos a varios adolescentes formando fila para ingresar al local nocturno, lo cual está prohibido por Ley”, sostuvo Ibarra.
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La intervención se realizó a las 00:30 AM, momento en que el evento ya había iniciado. Según los datos recabados, varios menores ya se encontraban dentro del recinto, mientras que una larga fila —de aproximadamente una cuadra— aguardaba aún para ingresar.
“Es un lugar público, pero la invitación se hizo vía WhatsApp, no fue por redes sociales”, agregó Ibarra, señalando además que no se encontraron adultos responsables acompañando a los adolescentes, otra condición requerida para cualquier actividad recreativa nocturna con menores.
Desde la Codeni también advirtieron que este tipo de fiestas responden a una modalidad extranjera que busca instalarse en el país. “Tenemos entendido que es una fiesta para medir si va a tener o no aceptación, viene de otros países la modalidad de ‘pijamadas para niños’”, alertó la funcionaria.
El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y se abrió una investigación para determinar si hubo o no violación de normativas vinculadas a la protección de la niñez y adolescencia. La Codeni instó a los padres a estar atentos a este tipo de convocatorias informales.
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EPP tenía por objetivos a jueces y fiscales de Canindeyú, afirman
El ministro del Interior, Enrique Riera, refirió que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía por objetivos a diversas autoridades, empresarios y trabajadores de prensa de Canindeyú. La operación militar Cobrarius abatió al cabecilla Rubén Darío López Fernández, alias Loro, en un campamento con importantes elementos incautados.
“La información que nosotros manejábamos es que se podría lograr o intentar atentar contra jueces, fiscales, productores, periodistas y militares. El grupo criminal no pasa de 14 los miembros identificados, que tienen antigüedad”, comentó Riera en una conferencia de prensa. “Puede ser que tengan ayuda logística los que compran cosas, indígenas que le sirvan como campanas, pero que no tienen capacidad de organizar y enfrentar a nuestras fuerzas. Tenemos todavía como tarea pendiente el núcleo duro donde están Cristiano Mieres y Magna Meza”, acotó.
MAGNA MEZA PODRÍA ESTAR HERIDA
El alto funcionario de Estado agregó que no se descarta la posibilidad de que Magna Meza, una de las principales fundadoras del EPP, se encuentre herida de gravedad o haya fallecido, a consecuencia del enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en zona de la reserva de Mbaracayú.
“No descartamos la posibilidad de que ella esté muy mal herida o que directamente falleció, pero esto se sabrá con el tiempo. Ellos no son de abandonar a sus caídos, puede ser que hayan tenido tiempo de llevarla y a Loro no, teniendo en cuenta que estaba metido en un matorral con el fin de protegerse y fue el lugar donde murió y ya no tuvieron tiempo”, dijo.
Por otra parte, el ministro ratificó el compromiso del gobierno del mandatario Santiago Peña de localizar a los secuestrados, el suboficial Edelio Morínigo y el exvicepresidente de la República, el liberal Óscar Denis. “El Estado no se cansa ni se cansará. Que sus familias sepan que nosotros no descansamos como fuerza de seguridad. Esta es una tarea de resistencia y no de velocidad”, indicó.
SEPA MÁS
Antecedentes
En mayo pasado, la FTC confirmó que el grupo criminal EPP migró al departamento de Canindeyú en busca de refugio, al verse obligados a dejar sus guaridas en las zonas Amambay y Concepción tras la pérdida de su líder Osvaldo Villalba.
La información fue confirmada mediante las evidencias encontradas tras el ataque a la Subcomisaría N.º 10 de la colonia Ybyrarovana, el pasado 3 de mayo.
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EPP tenía por objetivos a jueces y fiscales de Canindeyú, dice Riera
El ministro del Interior, Enrique Riera, refirió que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía por objetivos a diversas autoridades, empresarios y trabajadores de prensa de Canindeyú. La operación militar “Cobrarius” abatió al cabecilla Rubén Darío López Fernández, alias “Loro”, en un campamento con importantes elementos incautados.
“La información que nosotros manejábamos es que se podría lograr o intentar atentar contra jueces, fiscales, productores, periodistas y militares. El grupo criminal no pasa de 14 los miembros identificados, que tienen antigüedad", comentó Riera este miércoles, en una conferencia de prensa.
“Puede ser que tengan ayuda logística los que compran cosas, indígenas que le sirvan como campanas, pero que no tienen capacidad de organizar y enfrentar a nuestras fuerzas. Tenemos todavía como tarea pendiente, el núcleo duro donde están Cristiano Mieres y Magna Meza”, acotó.
El alto funcionario de Estado agregó que no se descarta la posibilidad de que Magna Meza, una de las principales fundadoras del EPP, se encuentre herida de gravedad o haya fallecido, a consecuencia del enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en zona de la reserva de Mbaracayú.
“No descartamos la posibilidad de que ella esté muy mal herida o que directamente falleció, pero esto se sabrá con el tiempo. Ellos no son de abandonar a sus caídos, puede ser que hayan tenido tiempo de llevarla y a Loro no, teniendo en cuenta que estaba metido en un matorral con el fin de protegerse y fue el lugar donde murió y ya no tuvieron tiempo”, dijo.
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Por otra parte, el ministro ratificó el compromiso del gobierno del mandatario Santiago Peña, de localizar a los secuestrados, el suboficial Edelio Morínigo y el exvicepresidente de la República, el liberal Óscar Denis. “El Estado no se cansa ni se cansará. Que sus familias sepan que nosotros no descansamos como fuerza de seguridad. Esta es una tarea de resistencia y no de velocidad”, indicó.
Antecedentes
En mayo pasado, la FTC confirmó que el grupo criminal EPP migró al departamento de Canindeyú en busca de refugio, al verse obligados a dejar sus guaridas en las zonas Amambay y Concepción, tras la pérdida de su líder Osvaldo Villalba.
La información fue confirmada mediante las evidencias encontradas tras el ataque a la subcomisaría n.º 10 de la colonia Ybyrarovana, el pasado 3 de mayo.