Ciudad del Este. Agencia Regional.

La fiscal Zunilda Ocampos, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente N° 2 de Alto Paraná, ordenó el cese inmediato de actividades en la cantera Itami, que opera de manera irregular, en el barrio Santa Inés de Presidente Franco. Además, pidió al Juzgado de Garantías la clausura definitiva del local, ante una serie de irregularidades constatadas durante una intervención fiscal en el sitio.

La investigación se inició ante la denuncia presentada por el intendente de Presidente Franco, ingeniero Roque Godoy, a raíz de los reclamos reiterados de los vecinos afectados por las operaciones de la cantera, que es colindante con el río Monday. Otras intervenciones fiscales ya habían derivado en la clausura del lugar.

El propietario, Miguel Ángel O´Hara, fue quien había recibido a la comitiva fiscal cuando allanó el predio. Técnicos de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales, constataron la existencia de dos frentes de cantera, de donde extraen roca ígnea tipo basalto, según el reporte fiscal.

Estas explotaciones se venían realizando desde épocas anteriores y se hallan muy próximas al Río Monday. Agrega que, la primera cantera presenta una dimensión aproximada de 50 metros de largo y 50 metros de ancho, con una altura de 3 metros, mientras que la segunda mide 150 metros de largo, 100 metros de ancho y 4 metros de profundidad.

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La extracción se realizaba mediante detonaciones con explosivos, seguidas por el seccionamiento manual de bloques, con el uso de mazos, picos y cinceles. En otra área del inmueble se detectó la extracción de suelo laterítico. Para los técnicos, esta actividad estaría afectando los límites de la franja de protección del curso del río Monday.

Además de las irregularidades citadas, “se constató la total falta de documentos habilitantes exigidos por la normativa vigente para este tipo de explotaciones de recursos naturales”.

Algunos son: autorización para el uso de explosivos, inscripción y habilitación expedida por la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), así como el permiso para la explotación de canteras, emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Dirección de Recursos Minerales.

Tomando en cuenta el resultado de la inspección, el informe técnico ambiental del Ministerio Público y a la falta de los documentos necesarios para la implementación legal del proyecto, la fiscal Zunilda Ocampos solicitó al Juzgado la clausura de la cantera, conforme a lo establecido en el Artículo 201 del Código Procesal Penal, según informó la Fiscalía.

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