El Ministerio de Justicia, encabezado por el titular Rodrigo Nicora Vilamayor, avanza en un nuevo y reordenado sistema penitenciario. A partir del Operativo Veneratio en la penitenciaría de Tacumbú, en diciembre del 2023, marcó un antes y un después en el objetivo del Gobierno nacional de reordenar y cambiar el sistema penitenciario.

Con la habilitación de la penitenciaría de Mina Guazú, que cuenta con 432 celdas y una capacidad máxima para albergar a 1.342 personas privadas de libertad (PPL), está permitiendo descongestionar la población existente en los demás penales del país, principalmente, la cárcel de Ciudad del Este. En el último operativo, Umbral, llevado adelante por el Ministerio de Justicia se concretó el traslado de 783 personas privadas de libertad.

“Con el firme liderazgo del presidente de la República, Santiago Peña, damos un paso histórico. El operativo Umbral, marca el inicio de un nuevo modelo de gestión penitenciaria en Paraguay. Dejamos atrás décadas de informalidad y desorden y avanzamos hacia un sistema basado en su legalidad, profesionalismo y respeto a la dignidad humana”, destacaba el ministro tras este operativo.

Este operativo no fue el único, se dieron otros importantes traslados, como el operativo Joapy, que consistió en la expulsión de 25 altos perfiles de PPL que estaban en diferentes centros penitenciarios. Todos estos operativos tienen el objetivo de redistribuir a la población penitenciaria y erradicar la superpoblación.

Mientras tanto, otro de los objetivos del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, es la implementación de un nuevo modelo de gestión penitenciario, con la transformación estructural y operativa, evitando el hacinamiento y la violencia en las cárceles, además de un importante trabajo en la reinserción de las personas privadas de libertad.

Con esto, Paraguay avanza gradualmente hacia un modelo tomando como referencia las exitosas experiencias de países de la región como Brasil y Argentina, en el cual se adapta las necesidades locales, además de guiarse por los estándares establecidos en los acuerdos de los que nuestro país forma parte.

“Lo que estamos haciendo es subir la vara. Nuestro objetivo es que este modelo quede instalado como legado, con estándares más altos, más orden y más humanidad en el sistema penitenciario”, afirmó el ministro Nicora en su momento.

Este nuevo sistema penitenciario también va de la mano con la incorporación de nuevos agentes penitenciarios, en este periodo ya egresaron alrededor de 365 nuevos agentes, en tres etapas. Todos pasaron por una capacitación en el marco del nuevo modelo de gestión penitenciaria y la incorporación inmediata de los mismos en los reclusorios del país.

El nuevo modelo de gestión penitenciaria enfatiza la profesionalización y capacitación integral del personal penitenciario, así como la implementación de programas de educación, trabajo y atención psicosocial.

En Diputados iniciarán el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

El diputado Alejandro Agui­lera, presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Munici­palidad de Ciudad del Este, sostuvo que, conforme al informe presentado por el interventor Ramón Ramírez, se observan muchos “puntos oscuros” dentro de la admi­nistración del intendente suspendido Miguel Prieto. Aun así, espera que junto con sus colegas puedan emitir un dictamen objetivo.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador comentó que para este lunes 18 de agosto está prevista, a las 9:00, la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

“Hay muchos puntos oscu­ros y negros en la adminis­tración de Miguel Prieto; pero, por nuestra parte, vamos a hacer lo que corres­ponda. Vamos a tomar una decisión objetiva, yo confío mucho en la objetividad de los integrantes de la comi­sión y finalmente será la decisión de los 80 diputa­dos que resolverá sobre el destino del intendente de Ciudad del Este”, expresó.

Explicó que la ley no tiene establecido el plazo máximo para el estudio del informe; no obstante, señaló que desde el pasado jueves ya se socializó el informe a todos los miembros de la comisión especial para que lo puedan ir estudiando los volúmenes entregados por el equipo auditor.

“Eso depende de cada miembro, en mi caso, ya estoy leyendo y preparán­dome al respecto, para poder emitir una opinión el lunes. Realmente, no creo que se alargue mucho su estudio. Acá lo que el lunes se va a decidir es que si se dictamina o no ya sobre el informe”, comentó.

“El informe del interventor Ramírez corroboró que se malversaron los recursos de la comuna”, expresó el edil Richard Alfonso.

El concejal esteño Richard Alfonso manifestó que mediante la intervención se habría comprobado la mal­versación de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión del inten­dente Miguel Prieto, siendo el segundo municipio más grande del país en lo que respecta al manejo presupuestario.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el edil se refirió a la manifestación de una turba de funcionarios afi­nes a Miguel Prieto, el jueves pasado, en el predio munici­pal. Mientras que, esa noche, se denunció que fue violentado el despacho del interventor Ramón Ramírez.

“Al final de cuentas, no entiendo por qué hicieron toda esa turba que hicieron el jueves, siendo que el interventor vino para eso, para hacer su trabajo de audi­tar y controlar todo y encontró irregularidades en el manejo de la municipalidad. Lo cual no se trata de un hecho menor, porque estamos hablando de la segunda municipalidad más grande hablando presupuesta­riamente”, comentó.

Remarcó que, conforme al informe del interventor Ramírez, se corroboró que se malversaron los recursos de la comuna, dando un mal uso del dinero de los contribuyen­tes y eso quedó plasmado en el informe final. Destacó que el propio interventor confirmó que la forma que se maneja­ron esos recursos no fue la correcta.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se están corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría General de la República”.

Aguilera dijo que será la mayo­ría lo que decida, si dictamina a favor o no de la destitución del intendente Miguel Prieto, podría salir un dictamen único, como se dio cuando se aprobó la intervención de Asunción; o dictámenes diferentes, a favor y otro en contra, ya sea en mayoría o minoría.

Indicó que esos dictámenes se pondrán a consideración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que luego decidirá si pone a consideración del plenario en sesión ordinaria o convoca a una extraordinaria para el efecto.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se están corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría Gene­ral de la República. En el uso irregular de más de G. 29.000 millones, que era uso de gasto capital, que se usaron para transferencia de entidades sin fines de lucro, para obras, pero no tenían documentos respal­datorios fue corroborado por el interventor”, puntualizó.

Mencionó que también se corroboró que se usaron más de G. 10.000 millones que fue­ron transferidos al Consejo local de Salud, entre el periodo 2019 y 2022, donde casi G. 6.000 millones no cuentan con respaldo suficiente sobre su uso.

Destacó otras denuncias que fueron surgiendo como el caso de la caja paralela, denunciada penalmente por Ramírez ante el Ministerio Público; así como los estados contables que prácti­camente no se pueden analizar porque no tienen consistencias.

El concejal esteño Richard Alfonso manifestó que mediante la intervención se comprobó la presunta malversación de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión del intendente Miguel Prieto, siendo el segundo municipio más grande del país en lo que respecta al manejo presupuestario.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el edil se refirió a la manifestación de una turba de funcionarios afines de Miguel Prieto, el jueves pasado, en el predio municipal. Mientras que, esa noche, se denunció que fue violentado el despacho del interventor Ramón Ramírez.

“Al final de cuentas, no entiendo por qué hicieron toda esa turba que hicieron el jueves, siendo que el interventor vino para eso, para hacer su trabajo de auditar y controlar todo y encontró irregularidades en el manejo de la municipalidad. La cual no se trata de un hecho menor, porque estamos hablando de la segunda municipalidad más grande hablando presupuestariamente”, comentó.

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Remarcó que, conforme al informe del interventor Ramírez, se corroboró que se malversaron los recursos de la comuna, dando un mal uso del dinero de los contribuyentes y eso quedó plasmado en el informe final. Destacó que el propio interventor confirmó que la forma que se manejaron esos recursos no fue la correcta.

“La forma en que se hizo todo, pareciera que fue con el fin de evadir todos los controles de las instituciones encargadas, recurriendo a contratos directos. Ese es el mecanismo para evadir controles, que es el nuevo modus operandi no solo de la municipalidad de CDE, sino de varios otros distritos, a fin de evadir todos los sistemas de control”, precisó Alfonso.

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En otro momento, señaló que, atendiendo que ya Prieto anunció en varias ocasiones que no va a renunciar al cargo, entonces esperan que la Cámara de Diputados decida su destitución, ya que el informe de intervención y su dictamen final son contundentes.

“No hay que sorprenderse si el lunes amanezcamos con su renuncia, cosa que dudo, pero bueno, si no renuncia, entonces nos vamos a elecciones. En esos tres meses que dure el proceso de elección, la Junta debe decidir quién quede como interino”, acotó.

El concejal afirmó que espera que la ciudadanía esteña pueda comprender lo que está ocurriendo en el municipio y que no se trata de una simple persecución política como está queriendo presentar Prieto y su equipo para tapar todas las irregularidades que cometieron.

El diputado Alejandro Aguilera, presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, sostuvo que conforme al informe presentado por el interventor Ramón Ramírez se observan muchos "puntos oscuros" dentro de la administración del intendente suspendido Miguel Prieto. Aun así, espera que junto con sus colegas puedan emitir un dictamen objetivo.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador comentó que para este lunes 18 de agosto está prevista, a las 9:00, la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

“Hay muchos puntos oscuros y negros en la administración de Miguel Prieto; pero, por nuestra parte, vamos a hacer lo que corresponda. Vamos a tomar una decisión objetiva, yo confío mucho en la objetividad de los integrantes de la comisión y finalmente será la decisión de los 80 diputados que resolverá sobre el destino del intendente de Ciudad del Este”, expresó.

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Explicó que la ley no tiene establecido el plazo máximo para el estudio del informe; no obstante, señaló que desde el pasado jueves ya se socializó el informe a todos los miembros de la comisión especial para que lo puedan ir estudiando los volúmenes entregados por el equipo auditor.

“Eso depende de cada miembro, en mi caso, ya estoy leyendo y preparándome al respecto, para poder emitir una opinión el lunes. Realmente, no creo que se alargue mucho su estudio. Acá lo que el lunes se va a decidir, es que, si se dictamina o no ya sobre el informe”, comentó.

Aguilera dijo que será la mayoría lo que decida, si dictamina a favor o no de la destitución del intendente Miguel Prieto, podría salir un dictamen único, como se dio cuando se aprobó la intervención de Asunción; o dictámenes diferentes, a favor y otro en contra, ya sea en mayoría o minoría.

Indicó que esos dictámenes se pondrán a consideración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que luego decidirá si pone a consideración del plenario en sesión ordinaria o convoca a una extraordinaria para el efecto.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se está corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría General de la República. En el uso irregular de más de G. 29.000 millones, que era uso de gasto capital, que se usaron para transferencia de entidades sin fines de lucro, para obras, pero no tenían documentos respaldatorios fue corroborado por el interventor”, puntualizó.

Mencionó que también se corroboró que se usaron más de G. 10.000 millones que fueron transferido al Consejo local de Salud, entre el periodo 2019 y 2022, donde casi G. 6.000 millones no cuentan con respaldo suficiente sobre su uso. Destacó otras denuncias que fueron surgiendo como el caso de la caja paralela, denunciada penalmente por Ramírez ante el Ministerio Público; así como los estados contables que prácticamente no se pueden analizar porque no tienen consistencias.

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