En el marco de la Jornada de Gobierno desarrollada en el departamento de Caazapá, se realizaron múltiples entregas y verificaciones en áreas clave como salud, energía eléctrica, titulación de tierras y obras viales.

Entre las principales acciones, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) informó sobre una inversión superior a G. 30.000 millones destinada a la renovación total del sistema de distribución urbana, que incluye el reemplazo de conductores desnudos por protegidos, la instalación de 16 nuevos transformadores de 100 kVA cada uno y la modernización del alumbrado público con tecnología LED, medida que busca mejorar la seguridad y calidad de vida de la población.

En el área de salud, se entregaron ayudas técnicas de alto costo y alta complejidad a pacientes que requerían asistencia médica y social, además de un nuevo lote de ambulancias para fortalecer la atención pública. También se verificaron avances en obras viales y de energía eléctrica, además de la entrega de títulos de tierras a familias beneficiadas.

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Durante el acto, el presidente Santiago Peña reafirmó su compromiso con el desarrollo del departamento, al señalar que Caazapá “no es un departamento pobre, es un departamento rico que fue desatendido por mucho tiempo”, calificando la inversión estatal como una forma de justicia y reivindicación histórica.

El mandatario destacó que su meta es que Caazapá abandone los índices de pobreza que históricamente lo ubican entre los más afectados del país. “En estos dos años se ha hecho mucho, pero todavía nos falta muchísimo. Hoy quiero reafirmar mi compromiso con el pueblo de Caazapá y encomendar a todos los compañeros del Poder Ejecutivo que la inversión del Estado llegue sin esperar pedidos, porque todavía hay muchas deudas que debemos saldar”, afirmó.

Peña subrayó además los avances en la generación de empleo, señalando que en los últimos 12 meses se crearon 125.000 puestos de trabajo a nivel nacional, de los cuales 1.200 corresponden al programa Hambre Cero en Caazapá, lo que permitió a los beneficiarios acceder al instituto de Previsión Social (IPS) y a un salario digno.

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El jefe de Estado también instó a mantener el trabajo en equipo entre autoridades y ciudadanía, enfatizando que los logros de gestión se traducen en resultados tangibles. “Esto se consigue estando cerca de la gente y es lo que queremos seguir haciendo”, expresó.

El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

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La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este urge a la Fiscalía expedirse sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre el destituido intendente Miguel Prieto. De las 50 causas penales que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.

“Estamos un poco triste porque acá la Justicia debe hacer su papel, existen denuncias muy contundentes que realizamos y que en el informe de la intervención prácticamente no se mencionaron. Prieto malutilizó su puesto y debe estar sentenciado por la Justicia”, comentó Magdalena Montiel, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este manifestó que Prieto va perdiendo el apoyo ciudadano tras la corroboración de las graves irregularidades mediante el proceso de intervención que encabezó el economista Ramón Ramírez, que también fueron detectadas en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).

“La ciudadanía ya se muestra apática. El equipo político de Miguel Prieto hizo ayer (martes) una convocatoria para apoyarle y aparecieron solo tres. La gente está muy desconfiada de toda la clase política de Ciudad del Este", refirió Montiel.

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Asimismo, aguarda la presentación de candidatos potables para la intendencia por parte de los demás sectores políticos en Ciudad del Este para sustituir a Prieto y zanjar la crisis que enfrenta la comuna y la localidad en general. “Acá se debe tener en cuenta que salió la cabeza de la gavilla, pero quedó el resto de la gavilla administrando la municipalidad durante estos 3 meses. Quedó toda la estructura montada en la municipalidad, ellos no le tienen miedo a la justicia”, comentó.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informaron que las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre.

Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de des­tituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malver­saciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sos­tuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contra­loría General de la República detectó una serie de irregu­laridades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interven­tor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pue­den quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irre­gulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fisca­lía debería actuar ya de ofi­cio”, expresó.

El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inme­diato es aguardar la noti­ficación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elec­ción del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente muni­cipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipula­ciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de ins­talar que esto es una perse­cución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contralo­ría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanza­ría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fis­cal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su con­tra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fis­cales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la munici­palidad.