Durante una reunión clave para el sector logístico fluvial y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer el sector privado industrial de Paraguay y la región.

Se trata de una línea de financiamiento que pone a disposición hasta USD 1.000 millones para impulsar la industria sostenible en América Latina y el Caribe, apuntando a dinamizar la inversión privada y fomentar la modernización de sectores estratégicos.

Argentina decidió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupación en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidrocarburos. Si bien proponen otros 10 puertos alternativos, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro energético del país y la región.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resolvió suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 décadas Paraguay realiza el trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

Las denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior del Instituto de Previsión Social (IPS) siguen sin avances en el Ministerio Público, pese a que fueron respaldadas por auditorías internas, externas y tres informes de la Contraloría General de la República, que revelan obras fantasmas, desvíos presupuestarios y documentos presuntamente falsificados.

Según datos de la actual administración, existen más de G. 3.500 millones en obras que fueron pagadas, pero nunca ejecutadas. Los informes de la Contraloría incluso estiman que la cifra sería mayor a la detectada por el propio IPS.

Tras el atentado contra la sede del consulado brasileño en Ciudad del Este, desde la Fundación Tesai confirmaron que la mujer que fue herida en el brazo fue derivada al hospital regional y podría perder el miembro superior. El hombre que realizó los disparos ingresó a cirugía en el Hospital Área 2 de la Fundación Tesai.

Según el doctor Diego Ruiz, jefe de urgencias de la fundación, ambos pacientes se encuentran en estado delicado, especialmente el presunto autor de los disparos. En tanto que, la mujer tuvo que ser trasladada porque requería de una intervención quirúrgica para tratar de salvar su brazo.

Los peajes en los tramos de la ruta PY-02 concesionados a Tape Porã tendrán un aumento desde el 6 de julio, según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De esta manera, el monto para vehículos de la categoría 1 queda en G. 19.000 en los puestos de Pastoreo y Minga Guazú.

Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, mencionó que en una de las cláusulas del contrato de concesión se establece una fórmula con unos elementos que al sufrir variaciones en esos elementos se da el reajuste.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo definitivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la documentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR). El economista realizó este viernes su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día de ayer (jueves) ya empezamos a trabajar intensamente en el desarrollo, en la verificación, en el análisis y en la evaluación de las seis observaciones de la Contraloría General de la República, que han sido denunciadas como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.

El abogado Enrique Wagener exteriorizó el malestar de los vecinos afectados por la construcción de un muro de contención sobre el arroyo Yvyra´i, en el barrio Santa Rosa de Asunción, cuya obra se encuentra paralizada. Piden que los interventores visiten el lugar y evalúen la ejecución del proyecto, cuya palada inicial se concretó el 13 de marzo pasado.

“No solamente hay problema en esta zona. Estuvimos recorriendo también la zona del barrio San Pablo, ocurrió lo mismo, las máquinas están paradas. En Santo Domingo y Gral. Santos también hoy están paradas las obras. Y yo creo que es urgente que el interventor se constituya en estos lugares”, señaló a la 1020 AM.

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A su criterio, se debe hacer una trazabilidad la emisión del bono 2022 y el desembolso del dinero y, posteriormente, averiguar el motivo por el cual las obras están paralizadas.

“Se debe investigar a dónde fue a parar el dinero que fue para esas obras, que son los famosos 360.000 millones de emisión de bonos que está en el informe de la Contraloría”, mencionó.

Según el abogado y desarrollador inmobiliario, existen compromisos por parte del interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, de investigar la denuncia.

“El interventor nos dijo que va a tomar como hechos nuevos todas estas cuestiones, más allá de que no guarden relación con los puntos a estudiar dentro del informe de la Contraloría, por la cual fue solicitada la intervención. Y que en su dictamen él va a poner un anexo de todas las denuncias recibidas”, subrayó.

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El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo definitivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la documentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR). El economista realizó este viernes su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día de ayer (jueves) ya empezamos a trabajar intensamente en el desarrollo, en la verificación, en el análisis y en la evaluación de las seis observaciones de la Contraloría General de la República, que han sido denunciadas como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.

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Los trabajos que ya se iniciaron a partir del día de ayer ya teniendo toda la documentación se está realizando una profunda revisión del proceso licitatorio de los llamados vinculados a las obras con la emisión de los bonos, entre las cuales se encuentran dos obras: el desagüe pluvial del Mercado de Abasto, cuenca Itay y Lambaré, el desagüe pluvial de varias cuencas de la ciudad de Asunción.

Indicó que también se ha solicitado a la casa de bolsa todos los documentos que tengan relación con la emisión de los bonos para realizar el análisis de toda la trazabilidad de la emisión de los títulos, la manera que se han hecho los depósitos y toda la trazabilidad del dinero utilizado.

“En esa misma línea, para la observación uno, ya recibimos todas las documentaciones vinculadas a los recursos de la emisión de los bonos G8, también ya tenemos los extractos bancarios y ya empezamos a hacer los análisis de trazabilidad de los fondos captados. Con respecto a la observación dos ya estamos en plena reconstrucción de todo el proceso del diseño de la manera en que se implementó la emisión, cuál fue el circuito, el recorrido administrativo que ha tenido y la captación final de los recursos G9”, explicó.

Pereira indicó que se recabará toda la información, ya que también existe un complemento en la observación que tiene relación con la tasa de interés del cual aún no se cuenta toda la información, ya se realizó el pedido correspondiente y una vez que se cuente con esos documentos se completará el punto dos del trabajo de intervención.

Con relación a la observación tres, ya se cuenta también con los extractos y toda la documentación respaldatoria contable, y se está realizando los análisis de composición de saldos que son “las conciliaciones que van a arrojar el resultado de esa tarea en ese punto”, de acuerdo a la exposición del interventor.

Ya en el punto cuatro, que habla del extracto bancario de la cuenta habilitada para la administración de los fondos, también ya tienen los extractos bancarios, se está trabajando con la verificación de los registros contables y la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2022 y 2023, que es el período que ha sido mencionado y “que es el punto de referencia de la observación”.

Mientras tanto, en los puntos cinco y seis, poseen documentaciones relacionadas y los extractos correspondientes. “Eso sí guarda relación con las dos obras que ahora estamos ya iniciando el trabajo con un equipo técnico integrado por ingenieros y arquitectos, y eso va a tener una vinculación técnica contable seguramente al arrojar el informe técnico de los ingenieros que van a hacer la verificación de las obras”, sentenció.

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Funcionarios de la Municipalidad de Asunción intervinie­ron ayer jueves un edificio abandonado ubicado sobre la calle México casi Luis A. Herrera, donde se comprobó que era refugio de adictos y delincuentes. El procedi­miento contó con el apoyo de la Policía Nacional.

Según datos proveídos por Ariel Andino, director de la Policía Municipal de Vigi­lancia, ya suman 32 los inmuebles intervenidos por la comuna asuncena en similares condiciones.

“Yo creo que con esta multa que va a recibir la excoope­rativa de la Policía, van a querer llegar a eso. De 60 millones deber por tasa de impuesto subir tu deuda a 700 creo que vas a pen­sar diferente ya”, expresó Andino al aludir a la sanción que recibirán los adminis­tradores del inmueble.

Afirmó que no solamente se busca multar a los propie­tarios sino que la ciudada­nía esté tranquila y resguar­dada por sus autoridades.

Adelantó que están en agenda otros procedimientos, y hasta el momento ya se supervisó una treintena de propieda­des. “Nosotros en total en el microcentro de Asunción tenemos 32 lugares notifica­dos, todos identificados por dirección y número de acta que ya habíamos hecho y remitido al Juzgado de Faltas. Esa gente ya ni por más que hoy limpie, de igual manera ya tienen un proceso abierto administrativamente con la municipalidad”, puntualizó.

En el caso puntual del edifi­cio intervenido hoy, Andino mencionó que se recibieron denuncias de vecinos sobre la presencia de personas adictas en el lugar. Recordó que las denuncias son reci­bidas a través del WhatsApp (0986) 128-777. Los denun­ciantes pueden enviar fotos referenciales y la ubicación de la casa abandonada, a fin de que las autoridades pue­dan realizar los procedi­mientos.