Un proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Senadores, plantea la modificación de artículos de la Ley 5162/14 del Código de Ejecución, para la restricción de la libertad anticipada para los casos de abuso sexual, garantizando así la integridad de la víctima y de la sociedad en su conjunto. El documento fue analizado por la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora Lizarella Valiente.

“Por una cuestión de ley, los que están cumpliendo una condena por abuso sexual, llegado un porcentaje de cumplida condena y otros factores, el juez de ejecución le tiene que dar la libertad, le tiene que dar esa alternativa”, explicó la senadora Valiente en conversación con los medios de comunicación.

Explicó que este proyecto busca principalmente la protección de las víctimas, donde citó un caso de la niña Melania, en la localidad de Fulgencio Yegros, Caa­zapá, donde el hombre sentenciado por su abuso recuperó su libertad y está sindicado como uno de los autores de su asesinato.

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“Todos los que están cumpliendo por abuso sexual, no tengan esta alternativa de salir antes de cumplir toda su condena. Así también, es sabido que estas personas que están privadas de su libertad es una manera también de resguardar la seguridad de la población, además de la víctima. Es importante resguardar la integridad de toda la sociedad”, apuntó la legisladora.

Por otra parte, la comisión asesora también abordó el proyecto de ley que modifica los artículos 137 y 138 de la Ley 11.160/97, del Código Penal, que también tiene que ver con la protección, principalmente de adolescentes en casos de abuso.

“Es importante que la ciudadanía sepa que, lastimosamente, jóvenes de 17 que sufren algún tipo de abuso están en el limbo, la ley no contempla hasta los 17 años, la ley solo abarca hasta los 16 años. Entonces, es a ese fin que se hacen estas modificaciones incluyendo a la franja etaria de 17 años”, explicó Valiente.

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La comisión especial que investiga sobre supuestos abusos de las compañías de telefonía e internet, encabezada por el senador liberal Dionisio Amarilla recibió este jueves las inquietudes manifestadas por la Asociación de Cableoperadores del Interior del Paraguay.

Al término de la reunión, el legislador manifestó que una de las inquietudes tiene que ver con el marco normativo respecto a la necesidad de actualizar la Ley de Telecomunicaciones, así como la carta orgánica del ente regulador. Señaló que el gremio manifestó que están en desventajas ante las multinacionales que explotan servicios de internet, 67transferencia de datos y otros.

“Incluso han mencionado ciertas asimetrías generadas a partir de la aplicación de los fondos universales, inversión que la hace la Conatel. También mencionaron la necesidad de trabajar muy de cerca con Sedeco para estandarizar los contratos de adhesión, que vincula a clientes y prestadores de servicios”, mencionó.

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Destacó que fue una reunión muy enriquecedora, si bien con alto contenido técnico, pero muy importante porque muchas de estas prestadoras de servicios son las que operan en el interior del país para prestar los servicios de internet, ante el escaso interés de las grandes operadoras.

A su turno, el presidente de Cableoperadores del Interior, Federico Osorio, explicó que manifestaron ante la comisión especial las diferencias entre las magnitudes de mercados y de prestadores. El gremio aglutina a prestadores Pymes (Pequeñas y Medianas empresas), que tiene una diferencia sustancial con las operadoras telefónicas que tienen otros ejercicios, otras envergaduras y otra economía de gama.

“Cuando digo economía de gama, hablo de la cantidad de productos, a diferencia de los ISP u operadores de Tv para el interior, que prestan dos servicios, o televisión paga o internet, a diferencia de las empresas grandes que a partir de un producto van a una gama de servicios, fútbol, negocios financieros que todos ya conocen”, explicó.

Señaló que, además de exponer estas diferencias, expusieron también que las regulaciones van más a las cuestiones de mercado, por lo que se sienten un poco “huérfanos” en ese sentido.

Indicó además que pusieron a conocimiento de los legisladores, una denuncia que ya habían presentado ante la Conacom (Comisión Nacional de la Competencia), de la cual hace más de un año y medio que no tienen noticias, ni siquiera de que se inició una investigación al respecto.

“Es una denuncia que va a favorecer al mercado, que tiene que ver con una posición dominante de un producto que establece el dominio del mercado y crea esas asimetrías, que incluso ha logrado hacer desaparecer a empresas de mercado en el interior por no contar con productos de contenido programáticos” explicó.

Finalmente, señaló que el presidente de la Comisión Especial solicitó la presentación de algunos documentos que en la brevedad estarán haciendo llegar a la comisión. Mencionó que como propuesta plantearon que, a nivel de usuario, pueda contar con un solo contrato, que sea Conatel la que plantee el modelo único que surja en consenso entre todos los prestadores.

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó este jueves, ante una comisión especial de investigación del Senado, que a nivel nacional existen 290 prestadoras que ofrecen el servicio de internet y 5 grandes operadoras de telefonía e internet. Al término de la reunión, el senador Dionisio Amarilla admitió que no dimensionaba la magnitud de las denuncias de los consumidores hasta que recibió este informe.

Mencionó que en la primera sesión se dio a conocer una de las denuncias recibidas por los legisladores, con copia del contrato de adhesión de la empresa proveedora. Amarilla preside la comisión para el control de los supuestos abusos a los derechos de los consumidores en los servicios proveídos por las empresas de telefonía celular, internet y servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas.

El legislador, quien preside dicha comisión, expuso como ejemplo de las denuncias que ya comenzaron a recibir, el caso de un usuario de internet en Itapúa que dejó de tener el servicio en marzo pasado por no pagar su cuota ese mes. Indicó que ahora, en agosto quiso recuperar el servicio, pero la prestadora le exige el abono de los cinco meses siguientes a la cancelación.

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“Nos enteramos de que es la Conatel la que aprueba estos contratos. No dimensionaba la magnitud del problema hasta que recibí el informe de la Conatel. Entonces, estamos comenzando recién los trabajos en la comisión”, expresó.

Informó que ya tienen aprobado el formulario para recibir las denuncias que estará disponible en la página web del Senado, en la sección de la Comisión de Abusos de las Telefónicas. Instó a las personas a presentar sus denuncias sobre situación de abusos por parte de las prestadoras de servicio de internet o telefonía.

“Ahí podrán señalar el tipo de abuso que han pasado, además de proveer algunas informaciones básicas, creo que con el correr de los días la gente va a encontrar que es amigable. Así que les aliento a animarse a presentar sus denuncias”, acotó.

El senador Amarilla indicó que comenzará a trabajar con Conatel sobre estos casos, aclaró que la intensión no es juzgarle a las operadoras; sino que la intensión es resolver de manera amigable los problemas de la gente.

“Que los contratos de adhesión sean revisados por Conatel, sean corregidos y se eviten el origen de estos abusos y que por sobre todo se garantice la calidad del servicio que prestan las operadoras.

Finalmente, señaló que los trabajos están comenzando y que podría llevar al menos 6 meses, para ir revisando todos los casos que se presenten, así como las informaciones que ya proveyó y seguirán proveyendo la Conatel.

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El papa Francisco disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), una congregación ultraconservadora de laicos y sacerdotes de origen peruano implicada en agresiones sexuales a menores. En un comunicado, el grupo religioso, que se extendió a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia o Estados Unidos, aludió a la noticia sobre su disolución publicada el 18 de enero por el portal informativo infovaticana.

El SCV señaló que “la información central sobre el hecho era cierta” y reiteró su confianza y voto de obediencia a Francisco. Fundada en Perú en 1971, la congregación fue reconocida por el papa Juan Pablo II en 1997. Sus miembros viven en comunidad y principalmente se dedican a evangelizar a jóvenes y pobres bajo “los compromisos de obediencia y de celibato apostólico”, según se lee en su página web.

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En 2018, Francisco ordenó intervenir el SCV, tras una serie denuncias sobre abusos sexuales cometidos por cuatro líderes de la organización durante casi tres décadas. El escándalo salió a la luz gracias a la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, que reúne los testimonios de varias de las víctimas.

El texto fue escrito por los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes se entrevistaron con Francisco el 9 de diciembre. El SCV llevó a cabo una investigación interna que concluyó que entre los agresores estaba su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari.

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Según reconoció públicamente la organización, él y demás miembros de la cúpula “abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores” entre 1975 y 2002. En agosto último la Santa Sede expulsó a Figari de la organización. A sus 77 años, el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, quien siempre negó los señalamientos, vive en Roma y tiene prohibido regresar a su país, según una resolución del Vaticano.

Este lunes la agrupación religiosa también anunció, en el mismo comunicado, que expulsó a dos de sus miembros de una asamblea que lleva a cabo en la ciudad brasileña de Aparecida. Según el SCV, “los sodálites” filtraron la noticia sobre la decisión del papa que era “absolutamente de carácter reservado”.

Fuente: AFP.