Finalmente fue liberado el exviceministro del Trabajo, abogado Luis Carlos Orué Servín, quien disparó a un presunto ladrón que intentó ingresar a su casa en el barrio San Isidro de Lambaré.
La fiscal Verónica Mayor, de la Unidad Penal Número Tres, tomó declaración testifical al profesional, confirmándose que fue una actuación en defensa propia.
El profesional efectuó disparos hacia el techo al visualizar que el desconocido estaba trepando intentando ingresar a la residencia. Uno de los proyectiles impactó en el sujeto, identificado como Manuel Sebastián Estigarribia (36), que luego fue derivado a un centro asistencial.
“No creo que nadie tome a bien algo parecido, realmente no le deseo a nadie los momentos que pasaron. Más todavía por la familia que es lo único en que uno piensa. A mí no me importaba si llevaban algo y se iban. Es más ya habían entrado dos veces y no hice ni denuncia porque llevaron una plantera y la vez pasada, cables”, señaló Orué al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Dijo que al divisar que el hombre estaba sobre su casa y sin saber con qué intenciones estaba asomándose, pensó y tomó las medidas en su defensa.
“La verdad que es algo que no le deseo a cualquiera. Pero lo que yo hice, lo voy a volver a hacer. Si alguien entra a mi casa, le voy a volver a hacer. Eso aseguro y me reafirmo, y si me quieren procesar por eso que me procesen”, afirmó.
Contó que cuando alteó al delincuente, éste llevó la mano a la cintura para amedrentar al dueño de casa, provocando su inmediata reacción.
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Detienen a tres policías por un supuesto pedido de coima
Tres efectivos policiales fueron detenidos, luego de que fueran denunciados por aparentemente solicitar una importante suma de dinero para poder liberar a un hombre, quien habría sido detenido durante un operativo de control el pasado fin de semana.
Según el informe preliminar, los detenidos fueron el comisario Edgar Villeti, subjefe de la comisaría 16 de Lambaré, el suboficial inspector Edgar Núñez y el suboficial Diego Bogado, quienes también prestaban servicio en la misma dependencia.
Aparentemente, estos dos oficiales habrían solicitado 10.000.000 de guaraníes a un hombre que fue detenido durante un operativo de control por no contar con su documentación; de hecho, tuvo conocimiento el subjefe, pero no habría notificado nada de lo que ocurría.
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La denuncia fue realizada por un efectivo policial, el cual se percató de lo que los oficiales pretendían hacer y que el subjefe de guardia estaba enterado, por lo que notificó al jefe de la dependencia, el comisario Alfonso Caballero, quien ordenó la detención de los tres acusados.
La investigación en torno al caso ya ha iniciado con base al testimonio del oficial que denunció el hecho y a partir de ahora se inician los procesos indagatorios a los otros tres efectivos policiales, quienes ya se encuentran recluidos en la Agrupación Especializada a la espera de la continuidad del proceso.
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“Prieto y los concejales son los que deben estar presos”, dice abogado de suboficial detenido
El abogado José Robles, defensor del suboficial mayor Efrén Mendoza, sostuvo la inocencia de su cliente en el marco de la investigación por supuesto espionaje y filtración de audios vinculados al interventor de Ciudad del Este, el economista Ramón Ramírez. El agente habría facilitado la instalación o manipulación de micrófonos ocultos y la obtención de grabaciones que luego fueron difundidas.
“Mendoza está siendo investigado por un hecho que no corresponde, esto es un error. Miguel Prieto y los concejales son los que deben estar presos. Acá lo que hicieron las cajas paralelas están libres y ellos son Prieto y sus concejales", indicó en una entrevista con la 1020 AM.
De acuerdo con los informes del Departamento de Criminalística, las huellas dactilares del agente policial Mendoza fueron encontradas en una de las puertas de la oficina del interventor, por lo que se ordenó ayer lunes su detención.
“Este oficial policial es completamente inocente. Él está siendo investigado por tentativa de hurto agravado. Mendoza no se encuentra afiliado a ningún partido o movimiento político, todos sus jefes le expresaron su respaldo, es un excelente personal policial", puntualizó.
Robles detalló que su cliente sigue detenido y que en el transcurso de la mañana prestaron declaraciones sus superiores, quienes corroboraron la versión dada por Mendoza al Ministerio Público. “Yo voté por Prieto, pero fue una gran decepción, no hace más que robar”, dijo el abogado.
El suboficial fue comisionado el pasado jueves para custodiar la Municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con el abogado, las huellas dactilares de Mendoza en la puerta trasera de la intendencia se justifican debido a que su cliente la abrió para permitir la salida de sus superiores y del equipo de trabajo de Ramírez, para llevar cheques de la intendencia a tesorería.
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Abdo offshore: carta de Seychelles incumple reglas de una investigación oficial, dice Preda
El abogado penalista Ricardo Preda ratificó que la carta del gobierno de Seychelles que expuso Mario Abdo Benítez en redes sociales carece de valor absolutorio y que no fue obtenida por los canales oficiales de una investigación formal, considerando que el sistema bancario de la isla africana no permite el acceso a información privada. El exmandatario busca desmentir que sea titular de cuentas bancarias que ocultarían USD 21 millones, un hecho que nunca le atribuyó la investigación de la prensa argentina, señalando una ruta del dinero creada con empresas ficticias de Hong Kong y Dubái para distanciar responsabilidades de sus presuntos beneficiarios.
“Así como una publicación periodística no es de por sí condenatoria, este documento que aparece no es absolutorio. Acá hay mucha investigación que hacer aún. La carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a través de las reglas de cooperación internacional", comentó Preda a través de una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
Abdo Benítez busca ahora escudarse en un simple informe preliminar en redes sociales, que lleva la fecha del 12 de agosto de 2025, con la firma de Thereza Dogley, quien sería secretaria principal de la Oficina del Presidente de la República de Seychelles.
“Esta carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a través de las reglas de cooperación internacional, no creo que una autoridad como un jefe de gabinete del Poder Ejecutivo sea la autoridad competente en cuanto a señalar si empresas o personas tienen cuentas en entidades financieras en un país. Estimo yo que no se trata de la respuesta a un pedido de cooperación internacional sobre la investigación abierta en Paraguay”, dijo Preda.
El abogado siguió sosteniendo que “realmente es muy extraño que una autoridad del Poder Ejecutivo haga esa afirmación en un documento que aparentemente se expide como un comunicado o certificado a pedido de alguien”.
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Inconsistencias en DD. JJ.
La publicación del periodista argentino Luis Gasulla en el portal Periodismo y Punto refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas. La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre de 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
“Los fiscales deberían evaluar esta nota para justamente hacer su pedido de colaboración internacional a aquel país, que en verdad no debería ir dirigida a un órgano del Poder Ejecutivo, sino a las entidades financieras donde se sospecha que están estas cuentas”, comentó Preda mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido este miércoles por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, el abogado afirmó que este caso debe anexarse a la causa judicial que investiga las inconsistencias en las declaraciones juradas de Abdo Benítez. “Las investigaciones relacionadas a las empresas del expresidente no deberían estar desconectadas de esta investigación vinculada a las supuestas cuentas bancarias en Seychelles. Se debe buscar si sus empresas hicieron transferencias al exterior y dónde lo hicieron”, comentó.
Antecedentes
La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre de 2024 debido a las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, que lo vinculan entre sus principales accionistas.
En tanto, el pasado 24 de julio, la Fiscalía paraguaya abrió de oficio otra causa penal en torno a Abdo Benítez, acerca de estos supuestos fondos ocultos en Seychelles. El exmandatario prometió públicamente en un video publicado en marzo pasado que se sometería a la justicia, pero seguidamente se constató que solo fue una farsa. En este caso, el político dijo que “La mentira se acabó”, aunque sigue sin aclarar el destino de USD 41 millones de ganancias, que la Contraloría denunció.
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Ratifican que Roberto Cárdenas debe cumplir en la cárcel su condena de 8 años
El tribunal de apelación integrado por Dionisio Frutos, Gustavo Bóveda y Helmut Fortlage ratificó la orden de captura contra el exintendente de Lambaré, condenado a 8 años de cárcel por lesión de confianza por un perjuicio de G. 859 millones en la construcción de varias instituciones educativas de la mencionada ciudad. Cárdenas deberá ser detenido y trasladado hasta una penitenciaria para cumplir la condena que ya quedó firme en la Corte Suprema de Justicia.
En su momento, la jueza de Ejecución, María Lidia Wyder Mendieta, ordenó la captura del exjefe comunal para que pueda cumplir la pena de 8 años de cárcel, pero la defensa del condenado presentó varios incidentes alegando que la sentencia condenatoria aún no había quedado firme, pero con esta determinación judicial Cárdenas deberá estar privado de su libertad.
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Los camaristas mencionaron que la aclaratoria solo se limita a corregir errores materiales y aclarar expresiones oscuras o suplir omisiones, sin alterar el fondo de la cuestión razón por la cual no puede ser considerado como impedimento para la ejecución de una condena.
Condena
El 23 de diciembre de 2021, Roberto Cárdenas fue condenado por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción. La Fiscalía probó que causó un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de recursos transferidos al municipio provenientes de royalties de la Itaipú Binacional.
En noviembre del año pasado, la Sala Constitucional de la Corte ya había rechazado un recurso de aclaratoria presentado por Cárdenas contra un acuerdo y sentencia.
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