Tres hombres fueron detenidos por efectivos de la Comisaría 10 de Mariano Roque Alonso tras ser sorprendidos ingresando al predio del Ministerio Público de dicha ciudad.
Los detenidos fueron identificados como Andrés Aníbal Martínez Núñez, de 32 años, quien cuenta con antecedentes por estafa; Junior Ariel Martínez Núñez, de 28 años, y Sergio Gabriel Guadalupe Delgado Servín, de 27 años.
Los mismos habrían forzado el portón de acceso al predio y posteriormente se dirigieron hasta el vehículo que horas antes habría sido incautado a uno de ellos durante un operativo por una denuncia de polución sonora. Tras forzar la cerradura de un automóvil Volkswagen, los sujetos intentaban desmontar un equipo de sonido.
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“Los equipos se encontraban incautados y lograron alzar a otro vehículo. Cuando se disponían a salir del lugar, fueron divisados por funcionarios, quienes los retuvieron. Ellos no podían explicar lo que estaban haciendo y el personal policial del lugar procedió a la aprehensión de los tres”, indicó el comisario Rodolfo Sánchez en conversación con canal Trece.
Debido al actuar de los mismos, el agente fiscal de turno dispuso la detención y apertura de otra causa en contra de los tres sujetos, quienes ahora se encuentran a disposición del Ministerio Público en la comisaría de la ciudad.
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Fiscalía avala extradición del exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja
El Ministerio Público dictaminó que el exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, pueden ser extraditados a su país, donde enfrentan cargos por lavado de dinero.
Antes, ambos ciudadanos argentinos deberán culminar el proceso abierto por contrabando en Paraguay. La decisión final está en manos del juez Penal de Garantías N° 9 de Asunción, Rolando Duarte, quien deberá resolver si acompaña o no el criterio fiscal.
Conforme al informe del cual se hizo eco el portal de noticias Infobae del vecino país, el fiscal adjunto Manuel Doldán fue quien dictaminó que Edgardo Kueider y su pareja y secretaria, Iara Guinsel, están en condiciones de ser extraditados a Argentina.
Kueider es un exsenador del vecino país, de la localidad de Entre Ríos (2019–2024), detenido en Paraguay por contrabando de divisas y lavado de activos. La Justicia argentina lo acusa de integrar una asociación ilícita vinculada al caso “Securitas”, relacionado con presuntas coimas para obtener contratos públicos.
La solicitud de extradición fue presentada por la jueza que investiga el caso por presunto pago de coimas en contratos vinculados a la empresa Securitas y Enersa, en el vecino país, Sandra Arroyo Salgado, del juzgado federal de San Isidro.
El fiscal Doldán consideró que el pedido de la jueza Arroyo Salgado era procedente en su presentación; ya que cumplió con todos los requisitos que establece el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Es el cuarto requerimiento de este tipo que realizó la jueza de Entre Ríos. Los tres anteriores fueron rechazados por el Ministerio Público.
El representante del Ministerio Público consideró que la Justicia argentina acompañó el planteo con resoluciones judiciales firmes y que, además, el delito que se les imputa a Kueider y a Guinsel también es penado en Paraguay, se trata del lavado de activos.
Es el último de una cadena de acusaciones que le hace la jueza Arroyo Salgado a la pareja y a otra serie de acusados que permanecen ligados a la investigación.
Condición pendiente
Antes de concretarse la extradición, tanto el exlegislador y su pareja deberán responder ante la Justicia paraguaya por un intento de contrabando ocurrido el 4 de diciembre de 2024, cuando la pareja argentina intentó ingresar al país con más de USD 200.000 sin declarar.
En esa causa ya fueron elevados a juicio oral el pasado 31 de julio, por el magistrado Humberto Otazú, juez penal de Garantías de Delitos Económicos. Este delito por el que están siendo procesados en Paraguay, tiene una pena máxima de 2 años y medio de prisión. Por lo tanto, la sentencia podría ser de cumplimiento efectiva.
Actualmente, la pareja guarda arresto domiciliario como medida preventiva en el país, en el marco del proceso del delito de contrabando. Esta medida incluso fue reforzada por el magistrado con el uso de tobilleras electrónicas.
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Allanan un inquilinato y rescatan a 40 menores
Representantes del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con el respaldo de una comitiva fiscal, llegaron hasta la zona de la Estación de Buses de Asunción para un operativo de rescate de menores que permanecían en un inquilinato. En total, fueron rescatados del sitio 40 menores de edad, entre los que están niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas.
La principal sospecha es que los mismos eran explotados sexual y laboralmente por terceros. Este inquilinato ubicado sobre la avenida Fernando de la Mora ya habría sido intervenido en ocasiones anteriores por hechos similares. Los menores que se encontraban en el sitio estaban expuestos a condiciones de suma vulnerabilidad.
“Habíamos hecho varias denuncias ya por este lugar que está clausurado formalmente por la Municipalidad de Asunción; sin embargo, está operando. Muchos de los niños que están viendo de manera permanente por las calles estaban en este lugar hace tiempo; también hay denuncias de vecinos de que podrían existir casos de explotación sexual y otros”, indicó el ministro Walter Gutierrez en conversación con Telefuturo.
Los menores rescatados dormían en el lugar sobre colchones tendidos en el piso, sin mantas y completamente hacinados; muchos de los pequeños incluso estaban descalzos y con ropas poco abrigadas
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Allanan sede de la Cooperativa Poravoty e investigación apunta a lesión de confianza
La sede de la Cooperativa Poravoty Ltda. fue allanada por disposición judicial. Una comitiva encabezada por el fiscal Óscar Delfino de la Unidad Penal N° 11, llegó hasta el local ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora. El procedimiento es a consecuencia del informe técnico elevado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) que detectó graves irregularidades administrativas y financieras, además de problemas con la disponibilidad de fondos para los socios.
El requerimiento fiscal fue atendido por jueza Penal de Garantías del Primer Turno de la ciudad de Lambaré, Gladys Fariña Larrosa; atendiendo que hace más de un mes el Incoop presentó un informe donde observó graves anomalías que fueron denunciados ante el Ministerio Público.
El allanamiento que se realizó esta mañana fue a los efectos de recabar información, así como la incautación de documentos, extractos bancarios e informes de gestión, en el marco de la causa por lesión de confianza contra sus directivos.
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La cooperativa tiene vinculaciones con el personal policial, ya que la misma estuvo presidida por el ex suboficial mayor retirado Miguel González Duarte, quien previamente había sido inhabilitado por supuesto desfalco en el Círculo de Suboficiales (estimado en G. 1.200 millones).
Informe de Incoop
En respuesta a la denuncia que había sido formulada ante el Ministerio Público en enero de este año, ya que más de 700 ahorristas socios no podían acceder a sus cuentas lo que generó una situación de alta preocupación, ya que la mayoría son personas mayores de edad, jubilados, con problemas de salud y acusaron directamente a los miembros directivos.
El informe técnico de la Incoop señala que existe un resultado negativo con un daño patrimonial que orilla los G. 270.000 millones, lo que al cambio sería unos 35 millones de dólares.
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El dictamen señalan que se encontraron con “operaciones ficticias” de créditos por valor de G. 13.000 millones, sumado a una serie de desprolijidades administrativas como la dudosa compra de armas y municiones que supuestamente se vendieron a sus asociados. De acuerdo al inventario detallado en el informe señalan 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos.
Informaron además que todos estos elementos citados quedaron en custodia de la Dirección General de Material Bélico (Dimabel). El informe detalla que solo en una compra de 100 unidades de pistolas que se realizó en el 2018, le costó a la cooperativa la suma de G. 671 millones.
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Cae una pareja responsable de proveer droga a microtraficantes en Yby Yaú
Un punto de distribución de droga ubicado en una vivienda, en el barrio Villa Jardín de la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción, fue intervenido por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), logrando la detención de una pareja.
Estas dos personas, identificadas como Ismael Ayala Méndez, de 33 años, y Emilia Beatriz Franco Giménez, de 32 años, serían pareja y se dedicarían a la venta de drogas a microtraficantes de la zona, los cuales a su vez comercializarían estas sustancias a barrios y comunidades cercanas.
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Como resultado de la intervención, se incautaron un total de 66 gramos de cocaína tipo pasta base, equivalentes a aproximadamente 300 dosis listas para la venta distribuidas en 4 porciones, además de 8 gramos de marihuana.
Así también, se levantaron del lugar dos teléfonos celulares utilizados para la coordinación de las transacciones y 6.358.000 guaraníes en efectivo, presumiblemente producto de la venta de drogas.
Todas las evidencias serán procesadas, y los teléfonos celulares serán peritados para extraer más información que ayude a identificar a los integrantes de esta red de microtráfico. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Los intervinientes destacaron que este operativo representa un paso más en el combate al microtráfico en localidades del interior del país, modalidad criminal que afecta directamente a la seguridad de las comunidades, especialmente a sectores juveniles, reforzando a su vez la presencia de la Senad en las diversas zonas del territorio nacional.
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